Los exabruptos de María Jesús Montero en un mitin del PSOE el pasado sábado en Jaén sobre la sentencia absolutoria del caso Alves dinamitan un principio elemental del Estado de derecho que ningún representante público debería atreverse a quebrar: la presunción de inocencia. Su literalidad -«Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos»- no puede minimizarse como un cuestionamiento más del Gobierno al poder judicial. El comportamiento posterior de la ministra ha sido igualmente criticable: primero atacó al PP acusándolo de manipular sus palabras, tardó tres días en pedir disculpas y ayer dio otro paso atrás cargando contra los tribunales («Me llama la atención que los jueces critiquen mis palabras»).
Todo ello sería ya grave en un candidato electoral, pero es absolutamente inaceptable en una persona que, además, es vicepresidenta, ministra de Hacienda y número dos del partido del Gobierno. El exceso de Montero es el síntoma del daño que provoca la concentración de tantos cargos y aspiraciones en una sola figura. Volcada en su preparación para competir con Juanma Moreno en 2026, la ministra desatiende sus verdaderas funciones en el Gobierno, que no ha presentado sus Presupuestos, incumpliendo la Constitución.
El esquema se reproduce con Diana Morant -enfocada en polarizar con el PP a través del nuevo decreto de universidades- y con Óscar López. La intención de Pedro Sánchez es que sus cabezas de cartel autonómicas aprovechen el escaparate del Consejo de Ministros para tratar de obtener réditos en las urnas. Gobernar, y hacerlo para todos, queda en un segundo plano.
La desmesura de Montero, en todo caso, no puede sorprender. La ministra fue demasiado lejos, pero su discurso encaja perfectamente en el relato gubernamental. El mismo viernes en que el TSJC absolvió a Alves, Ana Redondo dijo que «la presunción de inocencia no puede sostenerse sobre la falta de credibilidad de la víctima» y Félix Bolaños subrayó la importancia de que los jueces vayan a recibir una mayor formación en igualdad. Todo ello a pesar de que -siguiendo los argumentos ad hominem del PSOE- el fallo lo dictaron un juez y tres juezas, dos de ellas progresistas; y la redactó una experta en perspectiva de género.
Incluso cuando el respeto del Gobierno a la separación de poderes sufre una enorme erosión -con los cinco días de «reflexión» de Sánchez tras la imputación de su mujer como hito-, las declaraciones de Montero han sido tan groseras que incluso han incomodado a su espacio ideológico. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, también las progresistas, se han unido para pedir respeto. También, por unanimidad, el pleno del CGPJ, bajo el destacado liderazgo de Isabel Perelló. En su comunicado, el Consejo recuerda que «la protección y el apoyo a las víctimas (...) no implican renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental», y que es responsabilidad de los representantes políticos hacer compatible las críticas legítimas con «la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones». Es esperanzador que, cuando parece que los valores nucleares se pervierten, las instituciones permanezcan en su sitio.