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La trampa del anonimato en las redes: "Es más fácil corregir los problemas actuales y el odio en internet que abordar los peligros de identificar a todo el mundo"

La avalancha de racismo y desinformación que se produjo tras el crimen de Mocejón reabre el debate sobre la identidad en internet. Los expertos reflexionan sobre cómo compatibilizar la libertad de expresión y el control de los discursos de odio

La trampa del anonimato en las redes: "Es más fácil corregir los problemas actuales y el odio en internet que abordar los peligros de identificar a todo el mundo"
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El domingo 18 de agosto por la mañana, apenas unas horas después de que se conociera la muerte de un niño tras ser apuñalado por un joven enmascarado mientras jugaba en un campo de fútbol de Mocejón, en Toledo, @iehsol tuiteó el siguiente mensaje en la red social X: "Se confirma que ha sido un moro de mierda quién ha asesinado al niño de 10 años en Mocejón. España debería de empezar a arder". El texto desapareció de internet un rato después, pero dejó por el camino más de 16.000 likes, casi 3.500 retuits y un centenar de menciones.

De @iehsol sabemos que su mensaje fue muy viral y también muy mentira, pero poco más. Su nombre en la red es Infinita (con la letra T en forma de crucifijo), su bio dice que es manchega y "desinfluencer" y su imagen es una fotografía de la actriz italiana Mónica Bellucci fumando un pitillo. Hay cientos de perfiles en X con la misma cara que la suya pero ninguno -que sepamos- es de la Bellucci real.

El suyo fue uno de los bulos más virales en las horas posteriores al terrible crimen de Mocejón pero no fue el único. En redes sociales como X o Telegram se vomitaron cientos de informaciones falsas sobre el suceso, teorías conspiranoicas de todo tipo, discursos racistas y una catarata de mensajes de odio de los que no se libró ni la familia de la víctima. Su portavoz, Asell Sánchez-Vicente, primo de la madre del menor, llegó a ser acusado de proteger al asesino tras reclamar en público que no se criminalizara a los inmigrantes del municipio. El argumento en su contra es que había trabajado como periodista en África y había compartido imágenes con niños negros en las redes sociales. "Lo de este tío huele a tráfico de personas, ajuste de cuentas, que el niño había visto algo que no podía salir a la luz. Yo revisaría el disco duro del tal Asell Sánchez-Vicente. Pinta tela de mal", llegó a escribir un usuario de X. "Hay gente que tiene merecido todo lo malo que le pase", regurgitó otro.

Ocurrió algo similar tras la agresión al padre de Lamine Yamal unos días antes y se multiplicó la fórmula con la muerte del pequeño Mateo. Detrás de esta campaña de desinformación, xenofobia, fango, bilis y mentiras, asomaron distintos cargos de Vox y rostros conocidos como el del agitador ultra Alvise Pérez, recién elegido eurodiputado, pero también una ristra interminable de cuentas desconocidas, perfiles falsos y trolls con la cara de Mónica Bellucci que han obligado a reabrir el debate en España sobre la regulación del anonimato en las redes sociales. Una vez más.

Para saber más

El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, reclamó hace unos días una modificación del Código Penal para facilitar la identificación de los autores de mensajes de odio en internet y para prohibir el acceso a plataformas online a quienes los difundan. "Cuando se comete un delito en redes sociales se tiene que poder saber quién ha sido el autor", dijo. El Partido Popular ya había lanzado una propuesta en 2017 y otra en 2021 para regular el anonimato en las redes sociales. Entre otras medidas, planteaban entonces que cualquier usuario que quisiera abrir una cuenta en X, Facebook, Instagram o TikTok tuviera que identificarse de manera real y verificada, aunque después usase un seudónimo para interactuar y tuviera protegido su nombre hasta que un juez reclamase sus datos en el marco de una investigación.

"La eliminación del anonimato y la exigencia de responsabilidad y de una fácil identificación de los usuarios, limpiaría las redes y evitaría que sigan convirtiéndose en auténticas cloacas...", dijo entonces el senador del PP Rafael Hernando, impulsor de la proposición de ley. "Hemos permitido un sistema enormemente cómodo para el acoso, el bullying y la amenaza. Es un clima insostenible que excede los límites de las redes".

El PSOE, que en 2018 había planteado renovar la Ley Orgánica de Protección de datos para "preservar la dignidad humana y el derecho al honor y a la imagen" en la red y "garantizar la identificación" de los usuarios que los vulnerasen, rechazó las dos iniciativas acogiéndose a la defensa de la libertad de expresión.

El dilema no ha cambiado mucho desde entonces. ¿Se debe acabar con el anonimato para terminar con la impunidad y fumigar de una vez las redes sociales? ¿O la privacidad es una garantía imprescindible para el ejercicio de la libertad de expresión?

"El anonimato es valioso porque permite la expresión sin temor a repercusiones pero el anonimato también es destructivo porque permite la expresión sin temor a repercusiones", asegura Alfred Moore, profesor de Teoría Política de la Universidad británica de York, para retratar el laberinto por el que transitamos en estos tiempos.

Hace casi una década, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió un informe en el que defendía la "protección sólida" del anonimato como parte del derecho a la libertad de opinión y de expresión en la era digital. Pero también alertaba de su "lado oscuro". Ese reverso tenebroso no ha dejado de crecer.

"Gracias a la infraestructura propias de las redes y a su capilaridad, comentarios que no dejarían de ser comentarios de cuñao en una cafetería adquieren hoy enorme viralidad y pueden ser leídos por centenares de miles de personas", resume Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València y director de su Cátedra Microsoft de Privacidad y Transformación Digital. "Pero no puede ser responsabilidad del Estado ni tampoco de las personas que eventualmente son perjudicadas por un usuario en una red social que una compañía que cuenta con recursos económicos más que suficientes y equipos jurídicos que dan pavor no sepan o no hayan querido saber cómo verificar la identidad de sus usuarios. Esa es su obligación".

Un ejemplo: en 2022, el Tribunal Constitucional alemán reclamó a Facebook los datos personales de varios usuarios de la plataforma que habían insultado gravemente a la política verde Renate Künast. La ley de aplicación de redes del país, la llamada NetzDG, aprobada en 2017, obliga a las compañías a transmitir de forma proactiva los datos de los presuntos delincuentes a la Policía.

"Las plataformas saben perfectamente quién ha registrado cada cuenta, desde qué IP y desde dónde se publican todos y cada uno de los comentarios. Otra cosa es que no quieran dar esa información y usen todas las tácticas rogatorias posibles para acabar aburriendo a los jueces y que se archiven los casos", explicaba entonces en este periódico el abogado Carlos Sánchez Almeida, experto en la defensa de los derechos civiles en internet. "El anonimato en la red no existe", sentenció.

"Si tú obligas a todo el mundo a dar sus datos personales, también aumentas la vulnerabilidad de la gente que tiene más riesgo de ser abusada"

Carissa Véliz, autora de 'Privacidad es poder'

Volvamos a la cafetería llena de cuñaos de la que hablaba Ricard Martínez. "Para tomarte un café en un bar no hace falta que des tu DNI, pero si le pegas un tortazo al camarero porque te calienta de más la leche de avena, evidentemente te perseguirá la Policía", explica el profesor. "El único modo de hacerlo en el entorno virtual es que existan servicios de intermediación que te permitan asignar una identidad verificable, aunque sea un seudónimo".

En 2018, Carissa Véliz, profesora del Instituto para la Ética en la Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford y autora del aclamado ensayo Privacidad es poder (Debate), llegó a proponer en un artículo académico la creación de una organización internacional encargada de distribuir seudónimos para actividades online al margen del (inquietante) control de los Estados y las compañías tecnologías. Esta institución actuaría como intermediario entre los usuarios reales y sus avatares, podría permitir dos o tres seudónimos a cada internauta para participar en Facebook, X, Instagram o YouTube, verificaría su autenticidad y, en caso de delito grave, podría revelar la identidad del delincuente a la Policía. Véliz llamó a esta especie de agencia del anonimato Pseudo.

"Para rediseñar internet y que sirva mejor a la libertad de expresión, deberíamos darle un aspecto similar al de una farsa en línea", sostiene ella, convencida de que las voces a favor de liquidar el anonimato en la red observan el escenario desde una posición de privilegio. "Están mirando sólo un lado de la moneda, pero olvidan que en la mayoría de los casos, es más fácil corregir los problemas que trae consigo el anonimato y combatir el odio en la red que abordar los peligros creados por la identificabilidad de todo el mundo", defiende.

Véliz habla de disidentes políticos, denunciantes, activistas en regímenes dictatoriales, colectivos vulnerables... "Si tú obligas a todo el mundo a dar sus datos personales, también aumentas la vulnerabilidad de la gente que tiene más riesgo de ser abusada online", explica. "Si a lo largo de la Historia no hubiéramos tenido la posibilidad de ser anónimos o más específicamente de utilizar un seudónimo, nos habríamos perdido algunas de las grandes obras de la literatura y la filosofía, porque escribir es peligroso y muchas veces la gente que ha desafiado ideas comunes de su tiempo ha tenido que hacerlo protegiéndose, especialmente las mujeres".

"No es normal que se apliquen reglas distintas para el ejercicio de los mismos derechos dentro y fuera de la red. Toca empezar a aplicar la ley"

Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional

Ricard Martínez tiene más reservas, especialmente en el contexto de Estados democráticos. "Entiendo que exista el derecho al pseudoanonimato en situaciones excepcionales, pero fuera de esos casos no es normal que se apliquen reglas distintas para el ejercicio de los mismos derechos dentro y fuera de la red", apunta. "Me preocupa que el del anonimato sea un argumentario que sirva para consolidar modelos de negocio que se han orientado más a la monetización de la privacidad que a preservar los derechos fundamentales de sus clientes porque el modelo es insostenible. Estamos alcanzando un grado de madurez en la sociedad de la información, en el que ya hemos pasado la fase del salvaje Oeste e igual lo que toca es empezar a aplicar la ley y a poner sheriffs y tribunales en un territorio donde cada uno puede hacer lo que quiere".

Por cierto, @iehsol compartió esta misma semana un mensaje en X que pedía "fusilar a todo miembro del PSOE, encarcelar al PP y dar un golpe de estado militar". Su autor se llama @b_bbirddd y tiene exactamente la misma cara que Paul McCartney.

El discurso de odio tiene nombre y apellidos

En el año 2011, Randi Zuckerberg, entonces directora de marketing de Facebook y hermanísima de Marc, aseguró en una entrevista que el anonimato en la red tenía que desaparecer y que el acoso y la intimidación en internet sólo se acabarían cuando cada usuario diera su verdadera identidad. La realidad, sin embargo, no dice exactamente eso. En 2017, Alfred Moore, profesor de Teoría Política de la Universidad de York, en Reino Unido, lideró un estudio que analizó 45 millones de comentarios en artículos de noticias publicados en la web del Huffington Post entre 2013 y 2015. Durante este período, el diario digital pasó de un régimen de anonimato a pseudónimos registrados y, finalmente, a externalizar sus comentarios vía Facebook. En la primera fase -explicaba Moore- la web fue un «paraíso para los trolls». El discurso de odio se relajó cuando los usuarios tuvieron que autentificar sus cuentas aunque luego usasen un seudónimo, pero se volvió de nuevo más agresivo cuando los perfiles se vincularon con sus cuentas reales de Facebook. «Los llamamientos a terminar con el anonimato en línea obligando a las personas a revelar sus identidades reales podrían no tener los efectos que la gente espera», concluía Moore. En la misma línea, Carissa Véliz recuerda que cuando los abusos, los bulos o los mensajes de odio los publica alguien con nombre y apellidos su impacto es mucho mayor. «Todos conocemos políticos y líderes que han dicho cosas realmente inaceptables en la red, y el hecho de que no sean anónimos hace que tenga mucho más atención». El caso más significativo, comparte Ricard Martínez, son los más de 700.000 seguidores que tiene Alvise Pérez en su canal de Telegram, uno de los foros donde más bulos se han compartido en los últimos tiempos.