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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este miércoles molesta con las asociaciones de jueces que criticaron sus palabras en las que cuestionaba el derecho a la presunción de inocencia de los acusados por delitos sexuales. Tras reiterar sus disculpas por ese comentario -que suscitó una intensa polémica política y un rechazo prácticamente unánime en el ámbito jurídico-, Montero ha pedido a esas organizaciones judiciales "la misma contundencia cuando es otro partido político el que critica una sentencia".
La ministra ha participado esta mañana en un foro organizado por El Correo de Andalucía en Sevilla y allí ha vuelto a referirse a esta controversia generada a raíz de la absolución del futbolista Dani Alves, en una sentencia que Montero considera "un retroceso" en la lucha por los derechos de la mujer. "Me gustaría la misma contundencia cuando es otro partido político el que critica determinadas sentencias o cuestiona las decisiones del Tribunal Constitucional, o cuando magistrados puntuales hacen pronunciamientos políticos en contra de leyes como la amnistía o de determinadas ministras", ha afirmado Montero en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
La vicepresidenta ha defendido su derecho a pronunciarse en relación a las sentencias sin que eso se interprete como un atentado contra la separación de poderes, si bien ha apuntado a la necesidad de que exista una relación de "respeto" entre los diferentes poderes del Estado.
Montero ha defendido el trabajo de los jueces, "intachable y neutral" cuando aplican con rigor las leyes, pero también ha señalado que hay "casos y personas puntuales" cuya actuación "alcanza notoriedad". Considera, no obstante, que algunas de las críticas recibidas son "interesadas" porque, por ejemplo, ha afirmado, "al PP no le importa nada el fondo, sólo la espuma". "Aquellos que llevan todo el día hablando de la presunción de inocencia no la respetan nunca", ha criticado Montero, que se refería así a las acusaciones vertidas sobre el supuesto "robo y malversación de fondos públicos" en su Gobierno, "sin respetar la presunción de inocencia".