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No suele ser habitual poner de acuerdo a jueces y fiscales progresistas y conservadores. Todos a una. Ha sucedido a raíz de las manifestaciones de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, en las que aludió a la presunción de inocencia en estos términos, tras conocerse la absolución del futbolista Dani Alves: "Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves, después de lo que nosotras hemos luchado por la igualdad y los derechos de las mujeres, que la presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una mujer que se haya enfrentado al poder es una vergüenza". Una afirmación que desató una catarata de críticas y censura por parte del mundo judicial y de la oposición y que incomoda al Gobierno y al PSOE. Pero en La Moncloa cierran filas con la número dos del Ejecutivo. No se la desautoriza, se la justifica.
Es un asunto con el que se anda con pies de plomo, porque es muy polémica, ha generado malestar en gran parte de la sociedad, incluido el feminismo, y no se quieren pisar más charcos. Pero tras unas horas de titubeos, la posición, como ha informado EL MUNDO, es la de cerrar filas con Montero. Ahora ya sí de manera pública, algo que hasta este martes se evitó hacer. En La Moncloa muestran "respeto" a las resoluciones judiciales, pero defienden que se pueda opinar sobre ellas y criticarlas.
"Expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial en menos de un año", ha justificado Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros. "Es evidente el respeto de este Gobierno por las sentencias judiciales, pero este respeto no es antagónico a opinar sobre las mismas".
La vicepresidenta dijo el pasado sábado en un acto del PSOE lo siguiente: "Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves, después de lo que nosotras hemos luchado por la igualdad y los derechos de las mujeres, que la presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una mujer que se haya enfrentado al poder es una vergüenza, defendemos la dignidad de las mujeres".
El análisis que hacen en La Moncloa es que Montero con su proclama no puso en tela de juicio la presunción de inocencia. Que no tiene que rectificar porque no dijo lo que, entienden, se ha interpretado que dijo. La literalidad está reflejada en el párrafo anterior. Y mientras en el complejo presidencial defienden que no quiso censurar el que se prepondere el derecho a la presunción de inocencia -un argumento al que, además, se agarra el Ejecutivo en los casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno-, partidos políticos, jueces, fiscales, gran parte de la sociedad entiende o interpreta lo contrario. De ahí la incomodidad que la polémica representa para el PSOE.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que además es juez, ha incidido también en el "respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales", pero introduciendo también matices. Sin mencionar de manera expresa a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sí ha querido incidir en que "en una materia tan sensible", como pueden ser las resoluciones judiciales en casos de violencia de género o violencia sexual, éstas "deben explicarse muy bien para que las víctimas y las potenciales víctimas no pierdan la confianza en las instituciones y que éstas están para protegerlas". Una alusión clara a la sentencia que va en el sentido contrario a la dictada por la Audiencia, y que absuelve de un delito de agresión sexual al futbolista Dani Alves.