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«Sin corrupción existiría el narcotráfico, pero no al nivel en el que se maneja el negocio hoy en día, que es increíble», afirma un alto mando policial en la lucha contra el tráfico de drogas en España. Consciente de la magnitud del problema, este uniformado con numerosas condecoraciones a lo largo de su carrera no escurre el bulto a la hora de dimensionar el fenómeno.
«Cocaína, hachís, heroína, drogas de diseño, laboratorios clandestinos... El negocio mueve miles de millones de euros en todo el mundo cada año y mucha de la mercancía que los genera pasa por nuestro país. Estamos en un lugar único en el planeta, con miles de kilómetros de costa, con Marruecos como vecino por el sur, con enormes puertos como el de Algeciras, Valencia, Barcelona... No existe nada igual en el globo, la sociedad española debería ser consciente de ello. Y sabes que el dinero es muy tentador. Por eso investigarnos internamente es más esencial que nunca, para que las manzanas podridas que se dejan corromper sean las mínimas».
La fuente con la que habla Crónica tiene callo en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, aunque su destino ahora es otro. Aunque la semana pasada le sorprendió la detención del jefe de blanqueo de la Jefatura Superior en Madrid, Óscar Sánchez Gil, al que le encontraron 20 millones de euros en efectivo repartidos en dobles fondos en paredes y armarios de su casa, y otra parte en su propio despacho, este agente antinarcóticos con el que habla el reportero defiende la labor policial a la hora de atacar la corrupción interna.
«Si se ha detectado este caso, con la complejidad que tenía, porque ese agente se lo sabía todo del negocio y de cómo lavar el dinero, se puede detectar otros muchos. La clave es que los cuerpos policiales no se conviertan en entes porosos ante el dinero de la droga. Si la corrupción se extiende por grupos de investigación al completo, si llega a comisarios, a jueces, a fiscales, España se podría convertir en un Estado fallido. Nadie debería subestimar el poder del narco».
El listado de agentes policiales detenidos o condenados sólo en la última década por sus vínculos con el tráfico de drogas en toda la geografía española es extenso. Aunque los casos se acumulan en las provincias del sur del país, con epicentro en las localidades del Campo de Gibraltar y los municipios cercanos a la desembocadura del río Guadalquivir, la tinta de calamar se extiende por toda España.
Algunos, sólo la excepción, salieron bien parados cuando se sentaron en el banquillo de los acusados. Como aquellos dos hermanos policías nacionales que fueron a juicio como parte de la organización de traficantes de Antonio y Francisco Tejón, conocidos como los Castaña, de La Línea de la Concepción (Cádiz). Durante la fase oral del juicio se desveló que agentes y narcos salían de fiesta juntos en los mejores reservados de discotecas o que gastaban miles de euros en restaurantes.
Una sentencia absolvió a los dos policías, pero las escuchas telefónicas intervenidas durante la investigación sacaron a la luz conversaciones y otras escenas sonrojantes para los dos agentes. A las 21.49 horas del 12 de marzo de 2016, Francisco Tejón llamó a Moisés B., uno de esos dos hermanos policías. Era el cumpleaños del narcotraficante, que telefoneaba al agente para reprocharle, con tosca ironía, que no le hubiera felicitado.
"Illo, eres un guarro, tío (...) ¿Qué pasa? ¿Vamos a cenar y luego salimos? (...) Es mi cumpleaños, picha, de tu mejor amigo», le dijo Francisco Tejón. «Me han regalado una botella especial de vino, sesenta y un años tiene. Es para tomármela con una tía, pero me la voy a tomar contigo (...) Vamos a cenar, nos bebemos el vinito y ya salimos».
Un mes antes de esa llamada, Luis B., hermano de Moisés B., se había dejado olvidada en el asiento trasero del Porsche de Francisco Tejón la cartera donde guardaba la placa policial tras una noche de farra. Allí se la encontró un agente de la Guardia Civil días después, durante un control rutinario en La Línea. «Me han parao hace un ratillo ahí... Me la han visto y me han dicho: "¿Tú que haces con esto?". Digo: "Hombre, de un amigo mío, que salimos el sábado y se le habrá caído, yo no me he dao ni cuenta", dijo por teléfono Francisco Tejón.
Aquellos dos hermanos resultaron absueltos. Otros agentes, en cambio, han acabado en prisión por robar marihuana, por soplos de operaciones en marcha o informaciones sobre seguimientos, por mirar hacia otro lado en el momento exacto, por efectuar contravigilancias a los propios compañeros, por crear entramados de blanqueo para organizaciones criminales o por proteger un cargamento desde el punto A hasta el punto B... Detrás, siempre, estaba el dinero de la droga.
3.000 euros diarios. El guardia civil (ya expulsado del cuerpo) Luciano Martínez cobraba 90.000 euros al mes, 3.000 al día, por dejar a unos traficantes alijar hachís por el parque nacional del Coto de Doñana, en Huelva, y por los alrededores de la localidad sevillana de Isla Mayor, un municipio rodeado de arrozales, bañado por el río Guadalquivir. Así estuvo, a sueldo del narco, casi un año.
En febrero de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 14 años de cárcel a su sargento, Francisco Javier Cáceres Borrero, que había estado al frente del cuartel de Isla Mayor. Había sido arrestado junto a tres compañeros de cuartel, incluido Luciano Martínez, en la Nochevieja de 2016. Era la mitad de la plantilla de aquel puesto.
El 5 de abril de 2019, la Audiencia Nacional les condenó a penas de prisión que iban de los cuatro años y medio a los 14 y tres meses. En abril de 2016 el sargento Borrero mantuvo contacto con el jefe de una organización de narcos apodado el Negro. En el coche, al amparo de la oscuridad, el sargento y el narco acordaron que varios miembros del cuartel darían protección a sus alijos.
Los hombres de Cáceres facilitaron al traficante datos sobre los recorridos de las patrullas de la Guardia Civil que vigilaban la zona. Los guardias corruptos «entregaron al traficante» la llave de una cancela que permitía acceder a una zona restringida del Coto de Doñana. En una de las conversaciones intervenidas durante la investigación se escuchó a Luciano Martínez decirle a su sargento: «Yo no me jubilo mientras esta gente siga ahí».
Los 4.000 kilos de hachís del coronel. El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente una sentencia previa que condenaba a siete años de prisión a Francisco García Santaella, coronel al frente de la Policía Judicial y de Información en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, por colaborar con el tráfico de drogas. Tenía funciones de dirección y coordinación, entre otros, del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), con mando en todas las operaciones antidroga de la provincia.
García Santaella, ya en prisión, colaboró con una banda de narcotraficantes para permitir la entrada en España de casi 4.000 kilos de hachís, frenando intervenciones de sus propios subalternos. A cambio, recibió 120.000 euros y un coche.
En Murcia llueve sobre mojado. En febrero de este año, José Guerrero, hasta ese momento jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en la región de Murcia, fue arrestado por sus propios compañeros de Asuntos Internos. Se le acusó de recibir dádivas (varios coches que fueron usados por su familia) de manos de un traficante murciano que hacía negocios de cocaína con una organización albanesa. En esa misma operación se arrestaba también al agregado de Interior en la embajada de España en Colombia, Juan Carlos Carrión, un histórico de la lucha contra el narco en España que también habría recibido dinero y vehículos de manos de ese mismo narco.
Llovía sobre mojado en la región murciana. Los dos antecesores de Guerrero en Udyco han acabado con sentencias condenatorias a prisión por su compadreo con narcos.
88,8 millones en cocaína. El 14 de septiembre de 2022, un camión cargado con un contenedor salía desde el puerto de Málaga en dirección a la provincia de Sevilla. En su interior, ocultos entre piñas, iban 367 kilos de coca. Su valor de mercado sería de 88,8 millones si se vendía en dosis de un gramo, dijo luego una sentencia.
Durante su trayecto hacia Sevilla, el conductor del camión hizo una parada en un área de servicio. Minutos después, decidió retomar la marcha. Un Audi A6 de color gris comenzó a seguirlo a poca distancia. A veces lo adelantaba. Otras reducía la velocidad a 80 km/h y se situaba justo detrás de él. Sus ocupantes también vigilaban con esmero a los coches que circulaban cerca.
A bordo de ese Audi iban tres agentes del orden. Se trataba de dos policías nacionales, José Luis M.B., de 52 años, y Jorge R. J., de 42, y de un guardia civil, Juan María G. Z., de 48. Esa tarde estaban en comisión de servicio... a sueldo de los narcos. Se estaban cerciorando de que la mercancía llegaba a destino. En concreto, hasta una nave de un polígono industrial de Carrión de los Céspedes (Sevilla), donde la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera acabó interviniendo la mercancía. En abril de 2024 se condenó a esos tres agentes corruptos, junto con otras siete personas más, a siete años y medio de cárcel.
Los 'soplones' de Galicia. Javier López y Diego Fontán, dos guardias civiles destinados en Galicia, fueron condenados en firme en 2019 a pasar tres años y medio presos por filtrar 2.500 archivos con información reservada al narcotraficante Juan Carlos Santórum. Desde direcciones a teléfonos y fotos. Les facilitaron documentación confidencial de otros narcotraficantes, diligencias de investigaciones (al menos, cinco se frustraron) y fichas con información personal de sus propios compañeros de Pontevedra.
El cabo con 30 coches. Bernardo A. montó su particular aduana en el puerto de Algeciras. Dejaba entrar mercancías ilegales, como 500.000 cajetillas de tabaco de Marruecos, a cambio de mordidas. Con un sueldo de 1.600 euros, llegó a tener, a nombre suyo y de su mujer, 30 coches, 19 relojes, 329.000 euros en el banco... En julio de este año, fue condenado a siete años de prisión. Blanqueaba dinero del narco.