- COMUNIDAD VALENCIANA Las familias de los desaparecidos de la dana: "Sin la declaración de fallecimiento, los hijos de Eli están en un limbo legal"
Sobre la mesa de una cafetería a las afueras de Granada, Sara y su madre, María Montserrat, comienzan a sacar de un carpetón los documentos con los que acreditaron la primera muerte de Miguel Morales Molina: partidas de nacimiento, Libro de Familia, movimientos bancarios...
Tras más de una década de batalla legal, en 2016 un juez de Granada certificó que Miguel, padre de Sara y ex marido de María Montserrat, murió el 1 de agosto de 1994. Por ese tiempo llevaba una década sin dar señales legales de vida. Desde 1984, cuando María Montserrat se alejó de él tras años de maltrato físico, el hombre había vivido sin DNI, sin pasaporte, no acudió a un médico ni sacó dinero del banco. Ni siquiera acudió al entierro de su madre, en diciembre de 1991.
«Procede la declaración de fallecimiento transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición», reza el Código Civil. Tras aquella sentencia judicial, para la Administración estaba muerto, aunque no hubiera aparecido el cadáver.
Pero Miguel seguía vivo. Iba a escribir su propia historia durante 40 años más, aunque la suya sería una biografía marcada por el drama y el anonimato que da vivir en la calle.
El 11 de noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet, en Valencia, recibía el informe de la forense Pilar Ferrer Gómez. «Se ha procedido al reconocimiento necrópsico del cadáver de Miguel Morales Molina, de aproximadamente 72 años de edad y sexo hombre: (...) Data de la muerte: entre el 29 y 30 de octubre de 2024; localización del cadáver: campo naranjos Quart de Poblet (sic)».
Miguel había muerto ahogado durante la DANA que arrasó los pueblos de la periferia suroeste de la ciudad de Valencia, hace cuatro meses y medio. La corriente del agua lo arrastró alrededor de una quincena de kilómetros, desde la chabola debajo de un puente de Ribarroja en la que vivía hasta donde se halló su cuerpo. Su nombre engrosa la cifra de 224 fallecidos y tres desaparecidos que las lluvias y el desbordamiento del barranco del Poyo dejaron en la Comunidad Valenciana.
No existían dudas de que era él. Los especialistas del departamento de identificación del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil cotejaron la huella de su índice derecho, que estaba intacta, con su base de datos. «El cadáver ha sido identificado como Miguel Morales Molina. DNI: 402xxxxxx. Nacido en Dúrcal (Granada). Fecha: 22/06/1952. Hijo de: Francisco y de Carmen».
Francisco y Carmen son los mismos nombres paternos que aparecen en las fotocopias de ese Libro de Familia que este pasado jueves muestra Sara, la más pequeña de las dos hijas de las que Miguel se desentendió. Sara tenía año y medio cuando desapareció su padre. Su hermana, casi seis.
«No nos lo podíamos creer cuando nos llamaron desde el juzgado. Pensé que era un error», confiesa. «Les expliqué que mi padre había muerto en 1994. Incluso les dije que me sometía a una prueba de ADN para confirmarles que estaban equivocados. Pero la jueza me dijo que no era necesario. Poco a poco nos fuimos haciendo a la idea de que lo dimos por muerto sin estarlo».
La otra hija de Miguel se llama Jéssica. Es la mayor. Tiene 45 años. La última vez que vio a su padre fue cuando ella tenía cinco o seis, según cuenta. Calcula que fue sobre 1984. Ella estaba interna en un colegio de Granada. Sus padres ya estaban separados. Miguel fue al centro escolar y pidió verla. Le regaló una muñeca. «Es el último recuerdo que tengo de él. Nada más. Nunca más supe de mi padre», explica a Crónica.
Por ese tiempo, María Montserrat había roto la relación con el progenitor de sus hijas hacía ya un par de años, a causa de las continuas palizas que le propinaba, según asegura. «Era una tras otra», dice. La mujer, que ahora tiene 61 años, explica que en una ocasión casi le clava un cuchillo con su hija pequeña en brazos.
«A veces tenía que dormir en la escalera del piso en el que vivíamos. Sus padres me lo decían: "Sepárate que te mata". "O estás conmigo o no estás con nadie", me repetía siempre».
Jéssica se ha hecho cargo de la incineración del cuerpo de Miguel Morales Molina, el hombre al que la DANA mató, pero cuya historia sacó del ostracismo. Ella es quien guarda las cenizas de su padre en su casa. Tiene tres hijos. En los cajones de su vivienda aún guarda los pocos objetos que se conservan de él, como su pasaporte. Lo muestra junto a una urna con una pletina donde figura el nombre de su progenitor.
«Quiero meter sus restos en el cementerio de Dúrcal junto a los de sus padres, mis abuelos paternos. Sé que con mi madre no tuvo un comportamiento correcto, pero quiero que sea así», dice. «Yo sí tuve roce con mi padre y siempre he tenido esa cosa en la barriga de saber qué vida llevó, qué le pasó para tener que desaparecer».
María Montserrat y Miguel se conocieron en Tarragona. Ella había nacido allí. Él había emigrado con seis o siete años desde Granada junto a sus padres y su hermano mayor, Francisco. Cuando María Montserrat tenía 15 o 16 años, su madre la apuntó a un cursillo de costura. Miguel vivía en la planta de abajo de aquel piso donde muchas adolescentes aprendían a coser.
«Él subía, hablaba... Al final, acabamos haciéndonos novios. Nos casamos en septiembre de 1978, yo tenía 16 años», rememora. Fue una boda austera, rápida, sin celebración ni fotos. «Me quedé embarazada de inmediato», añade.
María Montserrat explica que pronto llegaron los golpes, los gritos, las amenazas. Por ese tiempo, estando en Tarragona, Miguel comenzó a trabajar de yesero. Tenía ansias de conocer mundo. Solicitó la expedición del pasaporte. «Me decía que quería viajar fuera del país, que no iba a quedarse allí», cuenta su ex mujer.
El joven matrimonio decide cambiar de aires e instalarse en Dúrcal allá por 1981. El padre de Miguel había muerto años atrás y la madre les plantea que vivan en el pueblo granadino. Todavía con sólo una niña, Miguel y María Montserrat hacen las maletas y dejan Cataluña. María Montserrat se queda embarazada de nuevo al poco de instalarse en tierras andaluzas. Pero, cinco años después, con 21, ella decide divorciarse. «Tuvo varios ingresos, cinco o seis, en el antiguo hospital psiquiátrico de Granada», recuerda María Montserrat. «Tenía problemas serios de salud mental. Ingresaba por unos días, le medicaban y salía mejor».
Tras romper la relación con Miguel, María Montserrat se mudó de casa. Sabía que tenía que salir de Dúrcal. Temía que Miguel la matara cualquier día. Se marchó a un piso en la capital granadina. Era el año 1984. Sólo le dijo a una persona dónde vivía. Piensa que traicionó su confianza.
En 1987, cuando ya casi se había olvidado de su ex, quien también se había esfumado de Dúrcal, Miguel se presentó en casa de la madre de sus dos hijas. Ella, sin saber que era él, le abrió la puerta. Miguel entró hasta el comedor de la vivienda. María Montserrat pensó que quería matarla.
«No le dejé hablar. Me hice la fuerte, aunque estaba temblando. "¿Qué haces aquí?", le dije. "Aquí no vengas más". Lo saqué de la casa y se marchó. Nunca más supe de él». Pese a esa visita, se le da por muerto en 1994 porque oficialmente no hay noticia de él desde diez años antes.
Durante dos décadas, María Montserrat siguió denunciando la desaparición de su ex marido. Si aparecía en algún momento, y estaba trabajando, sus hijas podrían cobrar una pensión alimenticia. Pero dejó de hacerlo cuando Sara, la pequeña, cumplió la mayoría de edad. Un juez declaró en rebeldía a Miguel porque nunca atendía las reclamaciones para firmar el divorcio.
María Montserrat rehízo su vida. Conoció a otro hombre. Juntos tuvieron un niño que hoy tiene 33 años. «La mayoría de la gente que me conoce no sabe que ese hombre que ha aparecido es el padre de mis dos hijas mayores. Tampoco yo quiero dar más explicaciones ahora. Tengo un marido, otro hijo... Mi vida es otra».
Desde la década de los 80 del siglo pasado, el rastro de Miguel queda relegado a unos años dado de alta como autónomo y a su paso —se piensa que pudo vivir allí— por El Prat de Llobregat. En el municipio barcelonés se le detuvo en una ocasión «por un problema de drogas». Un familiar de María Montserrat que trabaja en la Guardia Civil le contó ese detalle hace «mucho tiempo».
El resto de la vida de Miguel Morales Molina durante esos 40 años es una incógnita. Jamás pidió la pensión de jubilación (pese a que se le hubiera concedido, según le han dicho a Sara), nunca renovó el DNI ni tampoco tuvo tarjeta sanitaria. Se desconoce cómo acabó viviendo debajo de un puente en Ribarroja, a 26 kilómetros de Valencia. Allí, cuando EL MUNDO visita la zona donde dormía entre cartones y maderas, varios vecinos cuentan que de vez en cuando le llevaban comida y que lo veían yendo a un bar cercano, donde los clientes le invitaban a café.
Desde el Ayuntamiento de Ribarroja explican que «mucho antes» de la DANA —no concretan fechas— los servicios sociales le ofrecieron trasladarlo a una pensión para, después, llevarlo a un centro de personas en exclusión social. Miguel rechazó la ayuda.
El proceso para certificar su primera muerte arrancó con un hecho acaecido el 12 de agosto de 1997. Aquel día, Francisco Morales Molina, hermano mayor de Miguel, falleció en la casa de sus padres en Dúrcal. Años después de la muerte de Francisco, sus hijos —primos hermanos de Sara y de Jéssica— iniciaron los trámites para heredar la casa de sus abuelos. Pero había un impedimento: el tío Miguel, aunque había desaparecido, seguía vivo para la Administración. Mientras él no muriera, la vivienda era suya. Fue entonces cuando sus dos hijas recopilaron toda la documentación para confirmar que su padre no daba señales de vida. En 2016 se confirmó su primera defunción: 01/08/1994. Hoy, su ex mujer lamenta su muerte por las circunstancias en que se produjo, pero no le duele: «Era un maltratador. Me separé de él y desapareció durante 40 años».