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La patronal de El Corte Inglés y Carrefour avisa al Gobierno: una reducción de jornada 'a la francesa' aboca al estancamiento de los salarios en España

Los empresarios del sector alertaron al ministro Cuerpo el pasado mes de noviembre sobre las consecuencias del recorte a 37,5 horas por ley

La presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Matilde García Duarte, durante su intervención en el Senado.
La presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Matilde García Duarte, durante su intervención en el Senado.E.M.
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La maquinaria patronal para tumbar la reducción de la jornada laboral está en marcha. A la espera de que el texto legislativo aterrice en el Congreso de los Diputados -el Consejo de Ministros aún tiene que aprobarlo en segunda vuelta-, las organizaciones empresariales de los sectores más afectados por la medida están presionando a todos los niveles para intentar que la norma no vea la luz. Es el caso de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que cuenta entre sus socios con compañías del calibre de El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Alcampo o Leroy Merlin.

En paralelo al despliegue de presión que está llevando a cabo la CEOE para tumbar la iniciativa en el Parlamento, Anged, como otras muchas organizaciones, se está movilizando en distintos foros para trasladar a los grupos políticos y a la opinión pública la gravedad del impacto que la reducción de la jornada a 37 horas y media va a tener sobre sus empresas. No en vano, su convenio colectivo, el de grandes almacenes, es el sectorial más grande del país y cubre a nada menos que 250.000 trabajadores, por lo que el golpe a los negocios será directo y considerable.

La propia presidenta de Anged, Matilde García Duarte, lo planteó así durante una reciente sesión de debate celebrada en el Senado en la que cuantificó el coste para las empresas del sector en 460 millones de euros y advirtió de que "la medida abre en canal los convenios colectivos, echando por tierra el valor del diálogo social". Son argumentos que llevan meses exponiendo en público y en privado. Según ha podido confirmar EL MUNDO, ya a finales del año pasado, antes de que el Ministerio de Trabajo cerrara el acuerdo con los sindicatos, esta patronal mantuvo contactos con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para advertirle de las consecuencias de un recorte de jornada impuesto 'a la francesa'.

La máxima representante de los empresarios de la distribución en nuestro país criticó que el eslogan difundido por la vicepresidenta Yolanda Díaz (trabajar menos para vivir mejor) está generando "una falsa expectativa" porque, "en el largo plazo, la reducción de la jornada nos aboca a un estancamiento de los salarios si no resolvemos antes el problema de la productividad". "Muchas empresas no van a poder afrontar la subida de costes y esto se traduce en una merma de la producción, los salarios y la actividad", sentenció.

Para apoyar su argumento, García Duarte puso el ejemplo de Francia. Hace 25 años, el país vecino redujo la jornada laboral por ley a 35 horas semanales y "la experiencia ha sido devastadora en términos de productividad para la industria", afirmó. Para añadir que "ningún país ha seguido el modelo de imponer por ley un recorte de la jornada. Al revés: las reducciones efectivas de la jornada se consiguen gracias a las mejoras de la productividad y la negociación entre las empresas y los sindicatos", incidió.

A su vez, estas afirmaciones fueron respaldadas por Pepa Muñoz, chef propietaria de El Cuenco de Pepa y presidenta de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre), que llegó a asegurar que "Francia fue la primera cocina del mundo durante muchísimos años", pero fue desbancada por la española "por una cuestión que es muy actual: la reducción de la jornada laboral". Muñoz reclamó a los responsables políticos "flexibilidad en los horarios" y que se tenga en cuenta la particularidad de los sectores y las situaciones geográficas, porque no es lo mismo Madrid, donde "cuando no hay una feria hay un partido de fútbol o un concierto", que Ávila o Toledo, donde los restaurantes viven "del viernes, sábado y domingo".

El ejemplo de Francia no es casual. Sobre todo, cuando se introduce desde una patronal que representa a gigantes del retail franceses como Carrefour, Alcampo o Leroy Merlin, compañías multinacionales con una amplia presencia en el panorama europeo y que conocen de primera mano el impacto de la legislación en los distintos países en los que operan, incluidos los efectos de la jornada de 35 horas semanales impuesta por las autoridades francesas hace ya más de dos décadas. "Estas empresas, que tienen una amplia visión del ecosistema industrial porque trabajan con distintos marcos legislativos, han constatado las devastadoras consecuencias sobre la industria, la productividad e incluso la renta de los franceses", aseveran fuentes del sector.

Reunión con Cuerpo y presión de CEOE

Estas mismas fuentes confirman que el pasado mes de noviembre la patronal trasladó a Cuerpo que en estos 25 años ningún país de Europa ha seguido el camino de Francia "porque supone un aumento de los costes laborales inmediatos y genera una gran complicación en la gestión". No sólo advirtieron al ministro de que las 35 horas semanales "han destruido buena parte de la industria francesa", sino que, además, "muchos asalariados han tenido que buscar un segundo empleo", se ha producido "una expulsión de trabajadores de mayor edad" y se ha provocado "un paro extraordinario entre mayores de 55 años". Todo ello, "sin mejorar la satisfacción de los trabajadores", tal y como han demostrado distintos estudios demoscópicos.

El encuentro con el titular de Economía se produjo cuando el choque entre Cuerpo y Díaz por la reducción de la jornada todavía era incipiente. Pero ya entonces el sector de la distribución pudo constatar que el ministro estaba de su lado en esto. "Comprendió y compartió los razonamientos", afirman fuentes al tanto del contenido de aquella conversación. Más allá de Anged, en la patronal CEOE siempre se ha visto a Cuerpo como un aliado en esta batalla, especialmente desde que, a principios de este año, empezó a apostar públicamente por flexibilizar los plazos de entrada en vigor de la norma y activar un plan de ayudas para facilitar la adaptación de las pequeñas empresas.

Esos son algunos de los aspectos que podrían modificarse durante la tramitación de la norma en el Congreso. Aunque, en todo caso, los empresarios están promoviendo una enmienda a la totalidad. Así lo avanzan fuentes de la cúpula de CEOE que explican que, para esta misión, Antonio Garamendi ha activado toda la maquinaria de lobby. En este sentido, "se está trabajando a fondo" en una estrategia pilotada por la patronal catalana Foment del Treball y su presidente, Josep Sánchez Llibre, para intentar conseguir el voto decisivo de Junts a través de contactos a todos los niveles políticos y empresariales. "No damos la batalla por perdida", advierten en CEOE.