Los sindicatos de funcionarios salen de la primera reunión con el Ministerio de Función Pública sin ninguna concreción sobre cuándo se les va a abonar la subida salarial del 0,5% pendiente o cuánto les va a subir el sueldo este año y los próximos. Tras la presión ejercida principalmente por CSIF, a la que se sumaron la semana pasada CCOO y UGT anunciando movilizaciones, el ministro Óscar López ha accedido a mantener este lunes una primera toma de contacto con los representantes de las organizaciones sindicales, sin embargo, las conversaciones no han dado fruto alguno en lo que se refiere a la actualización salarial y la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos.
En una primera reunión celebrada en la mañana de este lunes en la sede del Ministerio, CCOO y UGT han arrancado al ministro el compromiso de implantar una tasa adicional que permita la jubilación anticipada del personal laboral del sector público, en línea con el acuerdo firmado a finales del pasado mes de diciembre para los funcionarios. Sin embargo, no se ha producido ningún avance en materia salarial. En una nota al término del encuentro, ambos sindicatos han insistido en la necesidad de "empezar a negociar un nuevo acuerdo plurianual y abordar la subida salarial correspondiente a 2025 para las personas trabajadoras del sector público, de forma independiente y desligada de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado".
Esa mención a los Presupuestos es clave porque ya en la reunión mantenida por la tarde, a la que ha acudido CSIF y que ha liderado la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, el Ministerio ha trasladado a los sindicatos que la mejora de las condiciones laborales que se negocie en un eventual acuerdo plurianual, así como la nueva oferta de empleo público, va a depender en gran medida de que haya PGE para 2025. Un planteamiento que algunos en la mesa han interpretado como una estrategia de presión por parte del Gobierno de cara a la negociación con los grupos políticos en un momento en el que la aritmética parlamentaria se presenta tan complicada que el Ejecutivo estaría planteándose ya una nueva prórroga presupuestaria.
A punto de finalizar el mes de marzo, los funcionarios siguen sin saber cuánto les va a subir el sueldo este año. Y de acuerdo con la información que trasladan a este medio fuentes al tanto del contenido de las reuniones mantenidas este lunes, todo apunta a que la negociación se alargará porque el Gobierno tiene la intención de vincularla a los Presupuestos Generales del Estado, lo que dibuja un escenario de absoluta incertidumbre para el colectivo de tres millones de empleados públicos.
No obstante, hay una subida de sueldo que sí está comprometida y que el Gobierno debería haber abonado ya a estas alturas porque está pendiente del último acuerdo que expiró el 31 de diciembre de 2024. Se trata del aumento extra del 0,5% vinculado a la inflación que deberían cobrar todos los empleados públicos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. "Está confirmado que lo vamos a cobrar, pero no nos han confirmado cuándo ira al Consejo de Ministros", explican desde uno de los sindicatos participantes en esta primera toma de contacto con el Ministerio.
La semana pasada UGT cuantificó el desembolso por ese 0,5% adicional en unos 700 millones de euros. Y a estas alturas, en ninguno de los tres sindicatos se explican por qué el Gobierno no ha activado todavía el abono de ese extra que les corresponde y que ya estaba consignado cuando se aprobó la subida de 2024. "Lo pueden hacer en cualquier momento por decreto", inciden desde otro de los sindicatos de funcionarios que han asistido a las reuniones.
En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han explicado que durante la reunión de la mañana han apremiado al Gobierno a "aprobar lo antes posible la subida salarial del 0,5% pendiente, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, para las empleadas y empleados públicos". Las dos organizaciones firmantes del último acuerdo marco han recordado también que todavía quedan asuntos pendientes, como la aplicación de la jornada laboral de 35 horas o la creación de empleo neto en las administraciones públicas, así como la reducción de la temporalidad y el rejuvenecimiento de las plantillas.
Por su parte, CSIF ha valorado que se retomen los contactos con el Ministerio, pero han advertido de esperan que la recuperación del poder adquisitivo se produzca "cuanto antes" y que se concreten mejoras en un calendario de negociación sobre la oferta de empleo sin tasa de reposición, las 35 horas, la equiparación salarial o el teletrabajo en la Administración General del Estado, entre otras medidas. "Desde CSIF estaremos vigilantes y no descartamos continuar con las movilizaciones", advierten al Gobierno.