La generosidad del sistema de las pensiones públicas va a caer en picado en las próximas décadas, a medida que vaya retirándose del mercado laboral la macrogeneración del baby boom. Así lo recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el informe sobre la evaluación de la reforma de las pensiones que pactó el Gobierno con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación y que ha superado el primer examen externo con un aprobado raspado.
En base a las proyecciones de la AIReF, la tasa de generosidad del sistema contributivo de pensiones, entendida como el porcentaje que representa la nómina media de un jubilado respecto al salario medio, va a subir desde el 65,6% de 2023 hasta el 67,1% en 2030. En ese año tocará su máximo histórico y a partir de ese momento empezará la caída libre. En torno a 2040 se habrá reducido ya hasta el 61,4% y para 2050 se habrá desplomado hasta el 56,7%. Las siguientes dos décadas continuará en barrena y sólo empezará a recuperarse a partir de 2070, después de haberse hundido hasta un mínimo de 53,7%, niveles del año 2015.
La trayectoria de este indicador de suficiencia se explica por la diferente evolución de las pensiones frente a los salarios. Mientras que las primeras crecen por ley con el IPC -más el efecto sustitución, que es la diferencia entre las pensiones que entran y las que se dan de baja en el sistema- los segundos lo hacen con la productividad y la inflación. Y en el escenario macroeconómico de la AIReF, los sueldos a largo plazo crecerán más del 3%, mientras la pensión media aumentará en torno a un 2,7%. Si bien esos incrementos salariales se acabarán traduciendo a futuro en pensiones de entrada más altas, lo que elevará el efecto sustitución y provocará esa estabilización de la tasa de generosidad a partir de 2050.
Con todo, la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, aclaró ayer en rueda de prensa que la caída de la tasa de generosidad no es un fenómeno propio de España, sino que se está produciendo en todos los países del entorno europeo. «Seguimos manteniendo el puesto de segundo país más generoso de la OCDE y el primero, según Eurostat», destacó, para recordar también que gracias a la reforma de las pensiones la tasa de generosidad está cayendo 13 puntos menos de lo que hubiera caído con la fórmula de revalorización anterior del 0,25%.
'Farolillos rojos'
El de la generosidad es un indicador más analizado en el conjunto del impacto que la reforma de pensiones tendrá sobre los ingresos y gastos del sistema en las próximas décadas. A priori, el Gobierno ha superado el primer examen de la AIReF porque el incremento del gasto proyectado se sitúa en el 14,6% del PIB en promedio en el periodo 2022-2050, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4% del PIB, lo que arroja una diferencia del 13,2%, por debajo del 13,3% que habría obligado a activar la denominada «cláusula de cierre» y hacer nuevos ajustes.
Pero ese aprobado está repleto de farolillos rojos. Para empezar, la AIReF cuestiona la propia regla de gasto porque está «influenciada por el momento en el que se calcula, muestra una excesiva sensibilidad a los cambios y ofrece una visión parcial de la sostenibilidad». Además, constata que «la sostenibilidad del sistema no ha mejorado» con la reforma y, en este sentido, Herrero advirtió al Gobierno de que, aunque por el momento no sea necesario hacer nuevos ajustes en base al cumplimiento de la regla de gasto, «no se puede bajar la guardia en materia de sostenibilidad».
«Habrá que tomar medidas adicionales», sentenció, porque el crecimiento del gasto en pensiones de aquí a 2050 es superior al 4% y en los compromisos del plan fiscal estructural de medio plazo figura un crecimiento promedio del 3% para todas las administraciones públicas. «Para encajar el gasto en pensiones, sin duda, hay que hacer algún ajuste», zanjó.
Transferencias al alza
En paralelo, la presidenta de la AIReF cuestionó ayer el polémico decreto por el que a principios de año el Ministerio de Seguridad Social estableció qué partidas se deben considerar como ingresos del sistema de pensiones, incluidas las transferencias del Estado. En concreto, criticó que se consideren ingresos del sistema de pensiones lo que en realidad son ingresos de la Seguridad Social. Y afirmó que del total de transferencias que se han hecho desde el año 2020, con un aumento de 1,3 puntos de PIB, solo 0,3 puntos pueden considerarse medidas que refuerzan los ingresos.
Con todo, la evaluación concluye advirtiendo de que hasta 2050 «será necesario aumentar las transferencias procedentes del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central en 2,4 puntos de PIB». «Este incremento, en ausencia de medidas, supondrá una minoración de los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos derivados delos marcos fiscales europeo y nacional», zanja.