El Senado ha aprobado, a instancias del PP y con el apoyo de todos los socios del Gobierno, salvo Sumar, una moción para instar al Ejecutivo a eliminar el tope anual a la inversión en redes eléctricas en aras de atender el aluvión de peticiones de conexión que acumula el país, una medida reclamada hasta la saciedad por Iberdrola y Endesa. La propuesta de los populares recoge el guante del sector y pide modificar esta barrera para triplicar la inversión, lo que implicaría disparar en más de 5.400 millones de eurosal año una partida que se carga al recibo de los consumidores.
Las redes se han convertido en la piedra de toque de la transición ecológica, pues su limitación está retrasando la conexión de grandes proyectos industriales y de centros de datos al sistema, lo que eleva el riesgo de que sus promotores se acaben desplazando a otros destinos. Pero no es menos cierto que casi cualquier ampliación de la red exige inversiones millonarias, por ello, el Gobierno está tratando de no sobredimensionarlas por encima de lo económicamente viable.
Según datos oficiales, la inversión anual en redes en España roza los 3.000 millones de euros al año. Unos 1.000 millones van a parar a la red de alta tensión o transporte, cuya gestión depende de Red Eléctrica; otros 2.000 los absorben las redes de distribución, de media o baja tensión, que gestionan Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP.
Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, en 2013, aprobó unos límites a la inversión. Del 0,065% y el 0,13% del PIB para las redes de transporte y distribución, respectivamente. Lo hizo para controlar el coste de las redes y su impacto en el bolsillo de los consumidores, pues, en última instancia, son estos los que financian estas inversiones a modo de derrama a través de sus facturas.
La moción de los populares, que ha salido adelante con el sí del PNV y la abstención de Junts y ERC, reclama ahora acabar con esa barrera. El partido de Alberto Núñez Feijóo recuerda que la media de inversión entre 2015 y 2018 fue de 1.482 millones anuales y avisan de que, "con los actuales límites legales, las inversiones medias entre 2023 y 2030 serían de alrededor de 2.700 millones de euros anuales". Exigen triplicar este último dato, lo que dispararía la inversión total a 8.100 millones anuales.
Según Euroelectric, la patronal eléctrica europea, en España sería necesario movilizar 4.300 millones al año solo para adaptar la red de distribución. Si se aplica un incremento proporcional a la red de alta tensión, esto implicaría elevar la partida total (distribución y transporte) a casi 6.500 millones anuales. La petición acordada del Senado sobrepasa, por tanto, las expectativas de la misma patronal.
"Dos Españas" a la espera de cable
Las grandes eléctricas llevan meses echándole un pulso de cifras al Gobierno por las redes. En el caso del tope a la inversión, Transición Ecológica ya está trabajando en ello. "El Gobierno quiere incrementar la inversión en las redes y está actuando para ello, manteniendo en todo momento el equilibrio financiero del sistema eléctrico", reiteran desde la cartera. Es decir, evitar que más redes se traduzcan en un sobrecoste inasumible para hogares y empresas.
Desde el sector aseguran que no habrá sobrecoste, porque más red implica también más grandes consumidores, como centros de datos e industrias, que pagan elevados peajes al sistema y, por tanto, bajan el coste para el conjunto de consumidores. Fuentes técnicas ponen en cuarentena este argumento, pues hay más de 100 GW de solicitudes para conectarse a la red nacional, cuando la demanda punta de España es de unos 45 GW. "Es como tener dos Españas".
Nadie, ni siquiera las eléctricas, sabe exactamente cuántos de estos gigavatios corresponden a iniciativas maduras ni cuántos son proyectos duplicados que han pedido conectarse a la vez en varios puntos del país. Existe, por tanto, riesgo de revivir el síndrome del aeropuerto vacío, es decir, sobredimensionar la red para una demanda fantasma que nunca llegará a conectarse ni a contribuir a la derrama.
Las grandes eléctricas están negociando, además, una mejora de la retribución de las inversiones en red, es decir, lo que cobran por ampliar y poner a punto las redes bajo su gestión. De hecho, han condicionado inversiones milmillonarias en España a esa subida.
Actualmente, esta tasa se sitúa en el 5,8%. En Transición Ecológica son conscientes de que conviene elevar dicha retribución, dada la enorme competencia internacional por este tipo de inversiones y la gigantesca demanda eléctrica hacia la que se encamina España. Así se lo trasladó el ministerio que dirige Sara Aagesen a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), responsable de dicho cálculo. Las peticiones del sector oscilan entre el 7,4% y el 8,7%, bastante por encima de lo que, a priori, estaría manejando el supervisor.
Lo cierto es que el equipo de Aagesen ya ha activado muchas de las medidas recogidas en la moción. Ha adelantado la revisión de la Planificación Eléctrica, el documento que fija qué actuaciones pueden realizarse en un periodo determinado. Aunque la actual tiene vigencia hasta 2026, el ministerio ya está elaborando otra que se aplicaría ya este año. Además, el departamento ha reforzado las redes en algo más de 1.000 millones de euros, entre transporte y distribución, a base de modificaciones intermedias que ha cargado a la cuenta del Plan de Recuperación, es decir, sin coste para los consumidores.
La moción exige también auditar el grado de cumplimiento del plan verde del Gobierno, el llamado PNIEC, la hoja de ruta 2023-2030 que fija los objetivos a los que España se ha comprometido con Bruselas. El Senado exige ahora un "análisis detallado" de su ejecución.