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Han pasado dos meses desde que el decreto omnibus que el Gobierno aprobó a finales de 2024 decayera en el Congreso de los Diputados ante la falta de apoyo de sus socios. El Ejecutivo consiguió enmendar en parte la sonada derrota parlamentaria gracias a un acuerdo con Junts. Un pacto que, eso sí, repescó solo una parte de las medidas aprobadas y dejó fuera otras con las que muchas empresas y particulares contaban y cuya ausencia en el Boletín Oficial del Estado empieza a causar estragos en varios sectores.
El impacto se produce en áreas que son a menudo señaladas como estratégicas por el Ejecutivo como la industria pesada y el automóvil, que encadena tres meses sin ayudas a la compra del vehículo eléctrico, así como al sector de la vivienda y las empresas que atravesaron dificultades por el Covid o, más inmediatamente, con la Dana.
El discurso del Ejecutivo no ha variado un ápice desde entonces. "Se trabaja para aprobar estas medidas tan pronto como sea posible", dicen todos y cada uno de los miembros del Gobierno cuando se les pregunta sobre este nuevo decreto, ahora en segundo plano de las prioridades económicas en pleno pulso arancelario y escalada de futura inversión en defensa.
INDUSTRIA Y MOVES
Una de las medidas que decayó con el decreto fue la extensión un año más de los descuentos por el acceso a la red a la industria electrointensiva, aquella para la que los costes de la factura eléctrica supone un volumen muy relevante en su producción. Este programa de ayudas permite a estas compañías ahorrarse un 80% de los peajes de acceso a la red de transporte y distribución de electricidad, lo que mejora la competitividad de la industria del país.
"El Gobierno nos ha trasmitido que están trabajando para aprobarlo cuanto antes y con carácter retroactivo, recuperando el descuento desde que quedó interrumpido el 23 de enero" aseguran fuentes oficiales de AEGE, la patronal que aglutina las empresas con este tipo de actividad. Estas son generalmente parte de la industria pesada, ya sea químicas o siderúrgicas como ArcelorMittal, Acerinox o Alcoa y se calcula que el impacto anual de la ausencia de esta ayuda es de 180 millones de euros.
Otro caso de relevancia es el de las ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables que habían caducado en diciembre. El Gobierno prometió ampliarlas hasta el 30 de junio de este año. Con la desgravación del 15% en el IRPF, el cliente podría terminar ahorrándose hasta 10.000 euros del precio del vehículo. Sin embargo, ahora no hay fecha prevista de regreso más allá de las promesas del Ejecutivo de que "será muy pronto".
"Su ausencia está generando una gran incertidumbre entre los clientes y en los concesionarios y las marcas, dificultando cualquier planificación comercial" señalan desde la patronal de concesionarios Faconauto. Además, su portavoz advierte de que las cifras de ventas de 2025 "están distorsionadas", ya que corresponden a operaciones de finales de 2024, retrasadas por el propio plazo de entrega del vehículo o porque las marcas lo decidieron así para que computasen de cara a la norma CAFE que impone límites más bajos de CO2 y que ha sido suavizada desde Bruselas.
En concreto, entre enero y febrero, se matricularon 7.182 turismos eléctricos puros, un 54% más; y 10.140 híbridos enchufables (+18%). "Pero la realidad es que los pedidos se están desplomando y registran una caída del 53%, lo que anticipa una contracción inminente en las cifras" concluyen desde la asociación. Este lunes, Anfac (fabricantes) y Faconauto darán a conocer los datos del primer trimestre.
Luis María Vidal, responsable del área de VN (Vehículo Nuevo) del concesionario bilbaíno AutoNervion, añade que "la gente sigue interesada en los vehículos a la espera de que regrese el Moves. Pero muchos clientes están perdidos con las ayudas y, a la vez, enfadados porque no las hay".
La falta de ayudas ha llevado a algunos concesionarios como en el que trabaja Vidal a buscar acciones que lo compensen o incluso adelantar parte de la futura ayuda, 4.500 euros sin interés a 12 meses en caso del concesionario bilbaíno. «El cliente paga una cuota mensual de un euro y una última de 4.489€. De no haber salido el plan Moves a la fecha de finalización, la marca y el concesionario asumirán ese importe», apunta.
daños covid y vivienda
Otro elemento que no ha retornado ha sido la bautizada como moratoria contable, una medida especial que, en términos llanos, permitía a las empresas operar sin tener en cuenta en sus libros las pérdidas que sufrieron a causa del coronavirus en 2020 y 2021.
En el decreto omnibus extendía hasta 2027 esta medida de gracia, lo que daba dos ejercicios más a las empresas y además sumaba a la exclusión las pérdidas de la dana de Valencia. Sin embargo, al decaer, la medida ha puesto a muchas compañías, entre ellas una parte relevante de las rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y Cofides y miles de pymes en una situación complicada, ya que aún no han podido compensar las pérdidas que les ocasionó el coronavirus y entrarán en breve en causa de disolución.
Esto no quiere decir que sean empresas zombis, ya que son capaces de de generar beneficio, pagar a sus trabajadores y devolver su deuda. Sin embargo, el peso de las pérdidas por el confinamiento, enormes para aerolíneas u hoteles, por ejemplo, sigue siendo mayor que lo generado después.
Esto "ha provocado reestructuraciones innecesarias: que una compañía entre en distress solo por tener patrimonio neto negativo carece de sentido práctico", señala Juan José Nieto, presidente de NK5, firma especializada en reestructuraciones. El Gobierno también reformó la Ley Concursal hace tres años para favorecer la reestructuración de este tipo de compañías y orientar este paso a preservar negocios.
"El concepto de valor es hoy la verdadera piedra de toque de todo proceso de reestructuración: más allá del balance, ¿hay negocio viable?", explica Nieto, que reconoce que la falta de recorrido de la nueva todavía genera incertidumbre en los procesos de este tipo.
Esta se acrecienta ante la falta de visibilidad sobre la situación de la moratoria concursal, lo que ha paralizado u obligado aportar garantías adicionales en varios procesos en curso, han trasladado a EL MUNDO fuentes empresariales.
Otras medidas olvidadas afectan a la vivienda. Una de ellas fueron las deducciones fiscales de hasta 15.000 euros para reformas que permitieran reducir el consumo energético de los edificios.
El otro gran elemento es el retraso en la aprobación del mecanismo que permitirá trasladar de forma ágil inmuebles de titularidad estatal a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para destinar estas viviendas a alquiler asequible. Fuentes del Gobierno, subrayan que esto no ha significado la paralización del programa y que este mes de marzo se han visitado otros 966 activos de empresas públicas para verificar si podrían formar parte de esta futura cartera de vivienda asequible.