PSOE y Sumar alcanzan 'in extremis' un acuerdo de mínimos sobre el SMI para no tributar en 2025

El pulso entre las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz ha terminado con ambas alcanzando in extremis un acuerdo de mínimos para que los trabajadores que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen en la práctica en el IRPF del año 2025, informan fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo.

Esta solución aplaca una de las mayores crisis dentro del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar y evita que el choque entre ambos sectores acabe con un enfrentamiento insólito en el Congreso. Por el que el Ministerio de Hacienda habría vetado una ley del socio minoritario y que hubiera sido respondido por éste con una alianza contra natura con el PP para ganarle el pulso al PSOE y levantar ese bloqueo.

La clave del acuerdo es la siguiente. Los perceptores del SMI tendrán que hacer la declaración de la renta, como los demás, pero se les compensará con "una deducción en la cuota" que permitirá que al final del proceso no vean mermados sus ingresos de 16.576 euros brutos anuales (1.184 en 14 pagas) con el abono del IRPF. Esta deducción sería de una cuantía similar al dinero retenido. No se ha comunicado oficialmente el dato pero se trabajaba hace días con que fuera alrededor de los 340 euros.

Fuentes del Ministerio de Trabajo circunscriben este acuerdo para el año "2025". Este marco temporal era el principal conflicto que había encallado las negociaciones en los últimos días. Pues el sector Sumar del Gobierno rechazaba que se acotara tan sólo a este año. Ahora se acepta esta solución temporal y se aplaza la discusión futura sobre la tributación del SMI para los próximos años.

Respecto a esto, y preguntada en La Sexta sobre qué pasará a partir de 2026, Díaz ha asegurado que se va a "cumplir" con el acuerdo de gobierno que dice que el SMI debe alcanzar el 60% del salario medio neto. Algo que no pasaba ahora si se pagaba el IRPF. La vicepresidenta segunda ha indicado que podrán encontrarse "en esa dirección", a la vez que ha admitido que ese ha sido el foco de discusión con Hacienda.

Así ha sido el agónico desenlace de una negociación muy tensa entre Hacienda y Trabajo, porque apenas una hora y media antes de anunciarse el pacto, Yolanda Díaz había anunciado en Telecinco que se habían roto las negociaciones porque Montero se había "levantado de la mesa" en torno a las 22.00 horas de anoche y tras desechar sus "cinco propuestas". Y advertía de que el "aroma" que rezumaba las declaraciones de Montero es de que le parece que el salario mínimo "ya es muy elevado en España".

Este escenario de ruptura implicaba que el Ministerio de Hacienda iba a vetar este viernes la ley presentada por Sumar para eximir de tributar en el IRPF a todos los trabajadores que cobran al salario mínimo. Es decir, un sector del Gobierno iba a bloquear una iniciativa del otro que planteaba doblarle el brazo a la número dos del Ejecutivo con la mayoría de sus socios parlamentarios y con la ayuda del PP. Esta guerra parlamentaria entre los socios, que ahora se ha evitado, habría arrastrado la imagen del Gobierno en medio de la fractura que ya tienen por la subida del gasto militar.

Ahora Sumar retira dicha proposición de ley. Entre tanto, el Gobierno ha vetado las iniciativas de PP y Podemos que buscaban el mismo objetivo que la de Sumar, y que han sido bloqueadas con la justificación de que afecta a la baja a los ingresos del Estado.

En cuanto al acuerdo en sí, hay que ver aún de qué manera se hace efectivo el pacto para lograr el cambio legal, si a través de una propuesta de ley conjunta o si sirve con introducir una enmienda en otro asunto.

Los dos ministerios llevaban desde el martes buscando una solución para los trabajadores que cobran el SMI. Para Hacienda, el problema se circunscribía a los asalariados sin cargas familiares, que son los que realmente verían mermados sus ingresos. Pues los demás, por tener hijos u otras circunstancias, no tendrían que pagar en sentido práctico en el IRPF.

El 20% de 2,4 millones de perceptores

Por eso en este tiempo se ha hablado de una suerte de compensación a esas personas. Para Hacienda se trataba de "pocos" afectados, en torno a un 20% de los 2,4 millones de perceptores del SMI. Eso son unos 480.000. Este casi medio millón de personas tendría que pagar 22 de los 50 euros mensuales de la subida que se aprobó para este año. Casi la mitad.

Ahora es a ellos a los que se dirige esa deducción en la cuota. Para aliviar en lo máximo posible esa carga y que sus 16.576 euros sean íntegros.

En declaraciones en Granada, recogidas por Efe, Montero ha explicado que lo acordado establece un mecanismo consistente en una deducción en el IRPF por la cantidad exacta "equivalente a lo que ese trabajador concreto hubiera tenido que pagar con motivo de la renta".

"Es una medida personalizada para cada trabajador y se aplica en el mismo momento, también en donde se hace la declaración de la renta, para que se sepa cuál es el importe exacto que se tiene que dar para que la deducción anule el pago que el trabajador tendría que hacer con respecto a la renta", ha indicado Montero. La vicepresidenta primera ha llamado a "felicitarse" por el pacto porque se evitará una "merma" en la recaudación.

Montero venía defendiendo que no iba a elevar el mínimo exento para tributar, como quería Díaz, y sólo se abría a la vía de la compensación exclusiva para los trabajadores que ve afectados. Ese 20%. Según informó, el impacto de esta medida en las arcas públicas sería de algo más de 200 millones. En cambio, subir la cifra mínimo exenta de pagar el IRPF dejaría un agujero de entre 1.500 y 2.000 millones.

"Es lógico pensar que, en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas", defendió ayer Montero.

Por su parte, Díaz insistía que la "justicia fiscal" empieza "por arriba" y que el acuerdo de gobierno establece que el SMI debe fijarse en el "60% del salario medio neto", es decir, "sin que los impuestos lo impidan". Ahí está la batalla de Sumar, que pide garantizar que eso se respete.

A esto ha respondido Montero este viernes. La ministra de Hacienda ha incidido en que la vocación del Gobierno es que en el año 2026 siga subiendo el salario mínimo y no haya ningún trabajador que esté por debajo del 60% del salario neto, como se firmó en el acuerdo de investidura.