Las evaluaciones de la nueva ley educativa, la Lomloe, no comenzarán hasta 2024. El Gobierno prepara cuatro pruebas externas en cuatro momentos clave de la enseñanza obligatoria que no tendrán consecuencias académicas para el alumnado pero servirán para medir el funcionamiento del sistema educativo a partir del rendimiento de sus estudiantes. Las primeras las harán dentro de dos años todos los alumnos de 4º de Primaria y 2º de la ESO. Las segundas examinarán a una muestra de 6º de Primaria y 4º de la ESO y no se iniciarán hasta 2025, según los documentos preliminares a los que ha accedido EL MUNDO.
El Ministerio de Educación de Pilar Alegría empezará, por tanto, a evaluar a la generación Lomloe cuatro años después de la aprobación de la ley. Los currículos se han cambiado de forma demasiado apresurada, a juzgar por las quejas que hay en la comunidad educativa, pero con las pruebas externas no existe tanta urgencia, pues se han dejado para una segunda fase. Las evaluaciones de la Lomce del PP se fijaron para un año y medio después de aprobarse la norma en 2013, mientras que, con la LOE del PSOE de 2006, se marcaron para tres años después.
Durante este curso, el Ministerio va a negociar con las CCAA la elaboración de un «marco teórico común de referencia» para las Evaluaciones de Diagnóstico (ED), que son las pruebas censales de mitad de etapa que comenzarán en 2024.
Por otro lado, tiene ya un borrador con los «marcos de evaluación» de las Evaluaciones Generales del Sistema Educativo (EGS), las pruebas muestrales de final de etapa que se iniciarán en 2025. Para elaborar este documento se crearon el año pasado unos grupos de trabajo con técnicos autonómicos, miembros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y expertos externos, sobre todo profesores de la enseñanza obligatoria y de universidad.
El reparto competencial va a ser uno de los temas más polémicos de las nuevas pruebas. Es prácticamente imposible que se realice el mismo examen con las mismas preguntas y de la misma forma en todas las CCAA. Y, además, el Gobierno descarta hacer ránkings entre territorios o entre centros. Así que lo que queda por afinar es si las administraciones central y autonómicas logran ponerse de acuerdo y hasta qué punto fijan unas pautas comunes suficientemente sólidas y estandarizadas.
Las pruebas más ambiciosas son las ED (4º de Primaria y 2º de la ESO), porque participarán cada año todos los alumnos y tendrán carácter orientador -no sólo informativo- tanto para los centros como para las familias. Examinarán como mínimo de Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera y darán lugar a «informes individualizados y de los centros educativos» que los directores deberán tener en cuenta para hacer planes de mejora. Al estar en mitad de etapa, y no al final, permitirán que los profesores actúen a tiempo si los resultados de los alumnos no son buenos.
Pero el control de estas pruebas lo tienen las CCAA, más allá de que el INEE y las consejerías acuerden «los criterios de evaluación incluidos en los desarrollos curriculares». «La aplicación de estas evaluaciones es competencia de las CCAA», recalcan en el Ministerio. Eso implica que no serán comparables y los niveles de dificultad variarán, como con la Selectividad.
La Lomloe apunta a una fecha de inicio para las ED -2024- pero no dice cuándo comenzarán las EGS. Fuentes del Ministerio avanzan las fechas a este diario: «En 2025 tendrá lugar la primera evaluación de 6º de Primaria y en 2023, la segunda edición. Del mismo modo, en 2026 tendrá lugar la primera evaluación de 4º de la ESO y en 2029, la segunda».
Estas evaluaciones se realizarán cada tres años y serán muestrales. Por tanto, no servirán para conocer el rendimiento individual de cada alumno y tendrán para las familias un rango únicamente informativo, aunque «permitirán obtener datos representativos del alumnado, de los centros, de las CCAA y del conjunto del Estado» para «orientar en la toma de decisiones educativas».
Las realizarán las CCAA «en colaboración» con el INEE, y entre sendas administraciones se establecerán «los estándares básicos metodológicos y científicos que garanticen calidad, validez y fiabilidad». Además, la Conferencia Sectorial de Educación -donde están presentes el Estado y las CCAA- «velará para que se realicen con criterios de homogeneidad».
Los grupos de trabajo han acordado ya que las pruebas externas no estén vinculadas a asignaturas o áreas concretas, así que se limitarán a evaluar, de momento, la «competencia plurilingüe» y la «competencia digital».
Para iniciar el proceso con todas las garantías y minimizar posibles errores como los que hubo en España en la última edición del informe PISA, en 2023 se hará una prueba piloto con una muestra no representativa de alumnos de 6º de Primaria que servirá para «probar la plataforma digital, calibrar los ítems de configuración, estimar su dificultad y establecer puntos de referencia para la primera edición de la evaluación, que se realizará en 2025». «Es sólo para probar y experimentar y la harán alumnos que todavía estudian con el sistema Lomce», explican en el Ministerio.
"No hay interés en conocer el impacto de la ley"
El modelo de evaluación de la Lomloe es muy diferente al de las reválidas de la Lomce, diseñadas por José Ignacio Wert para los cursos de final de etapa (6º de Primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato) y que nunca llegaron a tener efectos académicos para los alumnos porque en 2016 el también ministro del PP Íñigo Méndez de Vigo los paralizó en aras de alcanzar un pacto de Estado que nunca se produjo. Desde entonces, el Ministerio perdió interés y las CCAA dejaron de hacer estas pruebas. Actualmente, cada región evalúa a sus alumnos -si es que los evalúa- como le parece.
Igual disparidad hubo durante la LOE, donde formalmente se respetó la norma, pero unas regiones hicieron las pruebas en unas asignaturas y otras, en materias diferentes. «Algunas evaluaban una asignatura un año, las demás otro año y así sucesivamente. Otras comunidades evaluaban varias asignaturas cada año. Y no se evaluaba cuando coincidía con PISA», recuerdan fuentes educativas.
La ausencia de estadísticas de rendimiento de los alumnos a nivel nacional, sólo atenuada por los resultados de pruebas internacionales como PISA, PIRLS o TIMSS, se ha cronificado en España hasta el punto de que somos uno de los pocos países de nuestro entorno donde no se ha evaluado el daño del Covid en los alumnos en términos de pérdida de aprendizaje.
«El Gobierno no tiene el menor interés en conocer el impacto real de su ley. El retraso en las evaluaciones hace imposible identificar las áreas de mejora con el fin de corregir los efectos indeseados», valora Montserrat Gomendio, ex secretaria de Estado de Educación con Wert. La también ex directora general adjunta de Educación de la OCDE dice que, «cuando un Gobierno se niega a evaluar el impacto de una reforma educativa mediante métricas comunes de rendimiento de todos los alumnos, es porque no confía en obtener buenos resultados y opta por retrasar las malas notas hasta que haya un nuevo Gobierno o una nueva ley».
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