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Oídos sordos al ruido y a las peticiones de dar marcha atrás, ya provengan desde la política o desde las víctimas. El Gobierno está decidido a que la reforma colada de tapadillo en la tramitación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, y que conllevará reducciones de penas a 44 etarras encarcelados, se apruebe "tal y como está". No contempla ni retirarla ni introducir cambios, asumiendo, por tanto, que su aprobación conlleva esos beneficios penitenciarios.
"No se va a retirar. Se va a aprobar tal y como está", constatan fuentes del Gobierno. Se escudan en que se trata de una transposición de una directiva europea y que todos los trámites parlamentarios en el Congreso se aprobaron "por unanimidad" y que en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta "no han enmendado ni vetado". "Aquí no ha habido ni despiste ni errores por parte del PP. Lo que hay, lo que hemos visto, es una utilización partidista e indigna del terrorismo", es el mensaje que quiere lanzar el Gobierno y al que puso voz Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros.
El motivo de la polémica es que la enmienda que se introdujo de tapadillo en la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, que firmó Sumar pero todos los partidos votaron a favor, permite a los etarras descontarse las penas cumplidas en Francia. Algo que hasta ahora no sucedía. Así, nombres como Juan Carlos Iglesias 'Gadafi', Juan Antonio Olarra 'Guridi', Jon Bienzobas e Irantzu Gallastegi, que forman parte también del casi medio centenar de presos de ETA que, en total, verán reducido su tiempo entre rejas en más de 300 años.
En el Gobierno públicamente no expresan que su planteamiento conlleva un beneficio para los presos de ETA ni trasladan que eso es así. Cuidan sus palabras. Pero su intención de no dar marcha atrás y reconsiderar el asunto implica que aceptan las consecuencias que implica, conocidas ya por todos. Ocurre, además, que esta es una medida que reclamaba insistentemente Bildu.
La Moncloa defiende que este proyecto de ley contó con un informe favorable del Consejo de Estado, emitido el 16 de diciembre de 2023. Sin embargo, ese dictamen no pudo estudiar esa enmienda introducida por Sumar, y que permitió beneficiar a los etarras, porque fue introducida con posterioridad a esa fecha, durante el trámite parlamentario. Esto es, el Consejo de Estado no se pudo pronunciar sobre esta medida concreta.
A última hora de la noche, el Gobierno que remitió en más de una ocasión a un informe del 16 de diciembre de 2023, rectificó diciendo que el texto al que aludían era de diciembre de 2013. Pasadas más de 10 horas y habiendo reiterado esa mención, decían haber caído en un error y que aludían a un dictamen de 10 años antes. En su pronunciamiento, el Consejo de Estado validaba una iniciativa del PP sobre el cómputo de penas, que sin embargo los populares retiraron finalmente. Y que sería la que ahora Sumar ha introducido con el aval del PSOE y que permite a los etarras reducir su estancia en prisión.
Defienden también en La Moncloa que el texto de la enmienda es "literal" al texto que aprobó el Consejo de Ministros que presidía Mariano Rajoy en 2014. "El PP no puede decir que no sabían lo que estaban votando. Claro que lo saben. Es el mismo texto, idéntico al que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2014", ha sostenido Alegría. Entonces, el texto que partió de La Moncloa era así, pero después en el trámite parlamentario se introdujo una disposición adicional única precisamente para evitar que los presos de ETA pudieran beneficiarse. Es decir, la diferencia con lo que sucede hoy es que el Gobierno no ha apostado por introducir esa salvedad, asumiendo, por tanto, el beneficio penitenciario.
Preguntados en el Gobierno por qué hace dos años desde Interior se trasladó a las víctimas de terrorismo que no habría iniciativa parlamentaria en este sentido de conceder beneficio a los presos de ETA y ahora sí se hace, la respuesta es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "siempre ha mantenido una conversación y un diálogo fluido con las víctimas", para después pasar al argumento de que "estos años la apuesta del Gobierno ha sido la de incrementar el número de efectivos" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
"Espero que Marlaska reconozca que mintió", ha asegurado Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en una entrevista en Telecinco.
Esta polémica permite al Gobierno, de nuevo, blandir el argumento de que "ETA acabó hace 13 años" en lo que fue "una victoria de toda la sociedad española y la democracia". "En nombre del Gobierno, de todos los españoles, exijo al PP que deje de usar de manera tan partidista y obscena aquello que tanto daño hizo al pueblo español", ha apuntado Alegría. "Es indigno que usen el terrorismo para tapar su vacío de propuestas, su vacío de proyecto y de liderazgo".