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A punto de cumplirse un año de la investidura de Pedro Sánchez y la formación de su nuevo Gobierno, el balance de la actividad legislativa es escaso. En doce meses, el Parlamento sólo ha aprobado siete proyectos de ley -cuatro orgánicos- y ha convalidado cinco decretos. Un total de doce iniciativas legislativas, la mitad de las cuales ha salido adelante rodeada de polémica por la tramitación que de ellas ha hecho el Gobierno forzando plazos, eludiendo informes, estableciendo urgencias y buscando atajos reglamentarios para sostenerse en el poder mientras, en paralelo, impone en el Congreso el estancamiento de todas las que nacen en el Senado, las proposiciones de la oposición y las que llegan de las Comunidades Autónomas y retrasa la presentación de los Presupuestos.
La manipulación que hace el Gobierno del Congreso en función de sus intereses ha llegado esta misma semana a su máxima expresión con la celebración, pese a la tragedia de la DANA, de una suerte de pleno extraordinario con el único fin de convalidar, argumentando una urgencia inexistente, el decreto que cambia el método y las mayorías para la elección del Consejo de RTVE, objeto siempre de deseo prioritario para el Ejecutivo.
La decisión de forzar ese Pleno con el apoyo de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, cuando previamente se había aceptado suspender la sesión ordinaria de control como gesto de respeto a las víctimas, suscitó la indignación de la oposición y la vergüenza, expresada en privado, de algunos diputados socialistas. El decreto fue convalidado por la mitad más uno de los miembros de la Cámara, la otra mitad no quiso participar. Nadie aplaudió la aprobación.
Los socialistas, en privado, admiten su vergüenza por el decreto de RTVE
Este ha sido el último caso de maniobra interesada por parte de La Moncloa, pero no es el único. Muy reciente ha sido también la propuesta de reforma de la ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015. Utilizada por los gobiernos de Sánchez durante siete años, ahora se tramita con carácter urgente y como proposición de ley, lo que permite eludir los informes de los órganos constitucionales, para dar satisfacción a las demandas de socios, principalmente las de Bildu, evitando que el bloque de investidura acumule una grieta más.
Otro ejemplo ha sido la transposición, también repentinamente rápida, de la directiva de 2019 de la UE para intercambio de antecedentes penales, en la que se coló una enmienda de Sumar, inadvertida por la oposición, en virtud de la cual un buen número de presos etarras verán reducirse el tiempo previsto de sus condenas. El Senado, de mayoría popular, trató de retrasar su aprobación con un voto en contra interpretado por su presidente como un veto. La Mesa del Congreso lo rechazó de un plumazo dando por definitivamente aprobada una exigencia histórica de la izquierda abertzale.
La llamada Ley ELA, en beneficio de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, no escapa del escrutinio. La propuesta que abanderó Ciudadanos en marzo de 2022 fue metida por la Mesa del Congreso, dominada por el Gobierno, en el cajón de las ampliaciones de plazo de enmiendas. Las prioridades eran otras: suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación, incluso con plenos nocturnos extraordinarios. La propuesta acabó decayendo con las elecciones del 23-J y sólo se reactivó después de que, el pasado mes de febrero, un grupo de enfermos, con el ex futbolista Juan Carlos Unzué a la cabeza, visitara el Congreso poniendo en evidencia la indiferencia de las fuerzas políticas. Fue pues el escándalo y el bochorno lo que hizo finalmente mella en la sensibilidad del Gobierno. La ley, tras un recorrido parlamentario de casi tres años, fue aprobada el pasado 23 de octubre.
La reforma de la ley de Seguridad será urgente por exigencia de Bildu
Más lejana, pero todavía marcando indeleblemente la vida política, está la tramitación de la ley de Amnistía. Presentada como proposición de ley por el PSOE para evitar los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal; negociada a oscuras en el extranjero, redactada y modificada mano a mano con el fugado Puigdemont e impulsada contra viento y marea con interpretaciones muy cuestionables del Reglamento, vio la luz el pasado mes de mayo y se publicó el 11 de junio en el BOE. La amnistía ha sido, desde las elecciones, el primer objetivo del Gobierno porque sin ella, y los siete votos que Junts prestó a cambio, la investidura de Sánchez no hubiera sido posible.
Frente a la diligencia para sacar adelante estas iniciativas que sirven para cimentar el bloque de apoyo al Gobierno, desde Moncloa, utilizando el dominio que PSOE y Sumar tienen en la Mesa del Congreso presidida por Armengol, se maniobra para empantanar las propuestas que llegan del Senado, de los grupos de la oposición e incluso de las CCAA.
Registradas en la Cámara, calificadas por la Mesa pero a la espera de contestación del Gobierno o de ser remitidas a Pleno para su toma en consideración, hay decenas de proposiciones de los grupos. Igualmente hay muchas iniciativas estancadas en sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas y más de una docena procedentes del Senado que se encuentran inmovilizadas. Todo a la espera de que la coyuntura política sea favorable al Gobierno.
Una parte de las proposiciones procedentes del Senado saldrían adelante en el Congreso pese a el voto en contra del PSOE, puesto que en la Cámara Alta han recibido apoyo no sólo del grupo mayoritario, el PP, sino también de los socios de investidura. Es el caso de la proposición sobre el IVA que contó con respaldo de ERC, Bildu, Junts, BNG, Grupo Plural, Vasco, Mixto e Izquierda Confederal o la de exención fiscal para las ayudas a los afectados por talidomida que fue apoyada por ERC, EH Bildu, Junts, CC, BNG, PNV, Izquierda Confederal y Grupo Mixto.
A estas alturas del año, la Cámara debería estar centrada ya en el debate del proyecto de Presupuestos para 2025, una tramitación que tiene prioridad sobre todas las demás y que, de acuerdo con la Constitución, debe emprenderse al menos tres meses antes de finales de año. El Gobierno no ha remitido el proyecto al Congreso y ni siquiera ha presentado una propuesta de techo de gasto, paso necesario para abrir la tramitación de las cuentas. No lo hace porque no cuenta con mayoría para sacarlas adelante. Así, es ya evidente que el Presupuesto actual, aprobado en la pasada legislatura, se prorrogará por segunda vez, una vía frágil pero suficiente para seguir resistiendo.