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La negociación la semana pasada entre el Gobierno y Junts para aprobar el nuevo decreto social, que excluyó el paquete económico, dejó a ambas partes exhaustas, como reconocen fuentes conocedoras de la negociación. Pero la maquinaria vuelve a ponerse en marcha tras tomar fuerzas para volver a abordar el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. El canal de comunicación entre ambas partes sigue abierto y la perspectiva, pese a que se reconoce la complejidad del asunto, es que pueda llegarse a un acuerdo. "La cuestión está bastante avanzada", dicen en La Moncloa.
La expresión tiene un componente de estado de la situación, pero también de deseo. Que no hay entendimiento y que es una cuestión atascada lo demuestra el hecho de que Junts haya registrado en el Congreso la iniciativa para debatir que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza -descafeinada, eso sí- o tumbaran hace unos días el decreto social del Gobierno en el Congreso, obligando a negociar una nuevo.
Como ha venido informando este diario, la negociación está atascado en asuntos como el que los Mossos tengan el control de las fronteras, como exige Junts, así como la competencia en la tramitación del Número de Identidad de Extranjero (NIE) -documento que habilita a los extranjeros para permanecer en territorio español que no sea un visado- o en la entrega de documentos como la tarjeta de identidad de extranjero -documento único y exclusivo destinado a dotar de documentación a los extranjeros en situación de permanencia legal en España-.
El Gobierno traslada en las negociaciones que esos asuntos no los puede ceder. La dialéctica versa sobre si sería posible una cesión integral de competencias o una "cogestión" en estos asuntos, esto es, que los mossos se sumaran al trabajo que hacen Policía y Guardia Civil, pero sin excluir a estos.
"Las negociaciones con Junts, a veces, son complejas", ha expuesto Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, tras la reunión de Consejo de Ministros. "Se han dado pasos, la cuestión está bastante avanzada", ha añadido. Quienes están más al pie de la negociación son optimistas, pero enfrían los tiempos. Advierten de que el diálogo, aunque se ha avanzado, está encallado porque hay temas en los que el Gobierno, al menos a día de hoy, insiste en que no puede ceder. "Avanzada" es un término que emplean los ministros porque consideran que esa puerta, aún cerrada, es posible de abrir.
"Toda negociación, con Junts y con el resto de grupos, siempre tiene un paraguas que es la Constitución", ha señalado Alegría. Precisamente la Carta Magna en su artículo 149 señala que el Estado tiene competencia exclusiva en materias como "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". El 150.2 expone: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".
A este último artículo se aferra Junts para exigir un "traspaso integral" y no uno "capado", aunque fuentes conocedoras de la negociación señalan que en un punto intermedio como la "cogestión" podría estar la solución. Sin embargo, la perspectiva es que aunque públicamente se hable de que todo avance, la solución no despunta como inminente.
Díaz define a Cataluña como "país"
No es la inmigración el único asunto que van a tener que negociar en las próximas fechas el Gobierno y Junts. El Consejo de Ministros aprobó ayer, en primera vuelta, la reducción de la jornada laboral. Un asunto que provocó un choque interno en el Ejecutivo, con una tensión interna no disimulada entre la vicepresidenta Yolanda Diaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Una vez salga de Moncloa y llegue al Congreso necesitará de los votos de Junts para salir adelante, aunque el Gobierno apele al PP para sacarla adelante. Díaz asegura que ya ha mantenido contactos y negociaciones con los grupos parlamentarios, también con la formación de Carles Puigdemont. De momento, los de Puigdemont se hacen de rogar y dicen que es una medida que no se ha pactado con ellos y prometen "hacer sudar la camiseta" al Ejecutivo, término que emplea Sánchez para definir el diálogo con los independentistas. Pero en este marco, la vicepresidenta ha lanzado un guiño a los independentistas definiendo, desde la sala de prensa de La Moncloa, a Cataluña como "país".
"A mí me gustaría reencontrarme con la Cataluña europeísta, avanzada, moderna. Cataluña es un país moderno, con más de dos millones de trabajadoras, con un tejido empresarial propio. Por eso vamos a negociar lo que sea menester para mejorar la vida de los catalanes". En Trabajo manejan datos e informes que avalan esa singularidad del tejido empresarial de Cataluña.