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Había una conocida marca de ropa deportiva que empleó durante un tiempo el lema "impossible is nothing" (nada es imposible). Un eslogan que bien podría patrocinar a la política española. Lo que a una hora no parece posible, horas después lo es. Ya ha pasado y pasa. El Gobierno no tenía previsto aprobar este martes un nuevo decreto ómnibus por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Junts. Pero la puerta se abrió de repente. Y en una negociación frenética, llevada hasta el último minuto, se ha pactado con el partido de Carles Puigdemont aprobar un decreto con medidas sociales (pensiones, transporte, desahucios, ayudas a la dana, ingreso mínimo vital...), dejando fuera el paquete económico.
Esta mañana se celebraba en La Moncloa el Consejo de Ministros (09.30) y acto seguido el Consejo de Seguridad Nacional (11.00). El orden se invirtió para ganar tiempo para un acuerdo que ha explicado el propio Pedro Sánchez en una comparecencia al término de la reunión, en una muestra de lo importante que era para el devenir de la legislatura no naufragar en este asunto.
El acuerdo entre Junts y el PSOE prevé también facilitar la tramitación de la proposición no de ley de los neoconvergentes sobre la cuestión de confianza. La no tramitación en la Mesa del Congreso de esta iniciativa el pasado 16 de enero provocó que, un día después, el líder de los independentistas, Carles Puigdemont, declarara rotas las "negociaciones sectoriales" con el PSOE. Lo que, a su vez, desembocó en el no al decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, la bonificación para el transporte público, las ayudas para los afectados por la dana y medidas para combatir las ocupaciones delincuenciales.
Fuentes consultadas por EL MUNDO explican que la hoja de ruta será mediante una reformulación de la iniciativa. Sin embargo, desde La Moncloa trasladan que una cosa es aceptar que se tramite en la Mesa del Congreso y otra que el presidente del Gobierno se someta a ella. "El Gobierno no ve la necesidad de hacerlo", ha expuesto Sánchez a preguntas de los periodistas.
Pese a aceptar la tramitación, el jefe del Ejecutivo mantiene pie en pared su propósito de no someterse. "Es una prerrogativa constitucional de la Presidencia del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros", ha añadido. Esto es, tramitación sí, someterse no.
En todo caso, aceptada esta cuestión de la tramitación por parte de los socialistas, Junts "levanta la congelación" de las relaciones con el PSOE y evitará seguir bloqueando la acción legislativa del Gobierno.
Esto facilitará la negociación de la transferencia "integral" de las competencias de inmigración, que se encuentra muy avanzada y que, de concretarse, podría abrir la puerta a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, si bien Junts exige para ello que antes se cumplan compromisos previos, fijados en el acuerdo de investidura de Sánchez. Además del acuerdo migratorio, el Gobierno debería cumplir con la oficialidad del catalán en Europa o la liquidación de inversiones consignadas para Cataluña en anteriores Presupuestos y finalmente no ejecutadas. Antes de este impás en su relación con el PSOE, la formación secesionista catalana reclamaba que la Generalitat ingresara 4.100 millones adeudados sólo para sentarse a negociar las nuevas cuentas. "Seguiremos con el carpeta a carpeta y es importante que se cierren carpetas si el Gobierno quiere abrir nuevas", ha dicho la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
Medidas económicas, fuera
Pese a que el Gobierno insistió hasta última hora del lunes en que no contemplaba trocear el decreto, finalmente sí lo ha hecho ante la presión de Junts, toda vez que las medidas económicas se quedan fuera del nuevo decreto. Mientras el decreto que rechazó el Congreso contenía 42 reformas legislativas y 20 prórrogas; el actual consta de 29 medidas.
Quedan fuera de este decreto, entre otras, todas las medidas tributarias (que se negociarán más adelante), las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente, o la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica. Tampoco se incluye la modificación de la ley de la sociedad de la información o servicio postal, que para los independentistas suponían la vulneración de las competencias de Cataluña.
Sánchez ha asumido este despiece, que el propio Gobierno negaba hasta unas horas antes de firmarlo, pero aspiraba a que pueda ser aprobado más adelante. "El Gobierno ya está negociando con los grupos para que puedan ser aprobadas".
Desahucios: nueva redacción
Una de las materias que ha dilatado el acuerdo ha sido el asunto de los desahucios. Una medida con la que no comulgaba Junts tal y como estaba redactada. Según fuentes de la formación independentista, lo que se ha pactado es que a partir de ahora habrá medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los okupas o por los morosos en las viviendas, de los que se hará cargo el Estado. Sánchez ha rubricado que se incluye un nuevo sistema de garantías tanto para propietarios como para inquilinos.
Fuentes del Gobierno explican que el Consejo de Ministro se ha retrasado "porque estamos trabajando". Las negociaciones estaban en marcha. Junts sólo estaba dispuesto a negociar y aprobar medidas como la revalorización de las pensiones, la rebaja del transporte, las ayudas a la dana o el ingreso mínimo vital. El Ejecutivo, hasta ayer, se negaba a trocear el "escudo social" como lo llama. El diálogo se ha mantenido y mientras los ministros permanecían a la espera, se alcanzó el acuerdo.