El Gobierno asegura que en los próximos seis meses habrá avances "importantes" en las oficialidad del catalán en la Unión Europea, así como del resto de lenguas cooficiales de España. Que durante la presidencia polaca del Consejo que acaba de comenzar volverá a meter en agenda esta cuestión, y que espera novedades "significativas" en una cuestión con la que Junts está presionando mucho y que forma parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.
"El Gobierno de España mantiene como su prioridad el reconocimiento como lenguas oficiales de todas las lenguas cooficiales", ha explicado el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, este martes en Bruselas a su llegada al Consejo de Asuntos Generales (CAG), a lo que ha añadido que se reunirá con su homólogo polaco en febrero en Varsovia.
"Es un tema que estamos naturalizando mucho con todos los Estados miembros pero que, somos conscientes, requiere la unanimidad. Entonces lo estamos haciendo sin prisa pero también sin pausa para que esa unanimidad sea alcanzable y somos optimistas", ha incidido.
Pero la realidad es que sigue siendo muy complicado que esta cuestión salga adelante. Suecia, Finlandia, Letonia y Lituania se ha mostrado claramente en contra al contar estos países con minorías que podrían exigir el mismo tratamiento que el catalán. E incluso desde Italia y Francia se ha mostrado también reticencias. En otras palabras: que en Bruselas casi nadie cree que sea posible lo que el Gobierno prometió a Junts y que ahora el partido liderado por Carles Puigdemont está exigiendo para volver a dar su apoyo al Gobierno. Pero el Ejecutivo sigue lanzando mensajes en público y en privado para tratar de convencer al partido independentista de que sí es posible y que está haciendo todo lo que está en su mano para lograrlo.
Y no se puede negar que el Gobierno lo intente. De hecho ya lo comenzó a hacer antes de que se comprometiese con Junts a cambio de la investidura de Sánchez. Durante la presidencia española del Consejo, que comenzó en julio de 2023, española ya empezó a mover esta cuestión en previsión de las exigencias que podía presentar el independentismo catalán.
Incluso, el Ejecutivo se ha prestado a pagar los gastos derivados de la oficialidad de las lenguas cooficiales. Un estudio de la Comisión Europea señala que el gasto que supuso el uso del gaélico ascendió a 132 millones de euros, dato que se podría tomar como referencia.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la propia Comisión apunta que es sólo un dato actualizado del gasto que supuso la aplicación del gaélico. Y Sampedro ha añadido que "a efectos económicos quizá no sea el más adecuado pero quizá sí establece un máximo porque es una lengua con muchos menos hablantes que algunas de las lenguas cooficiales españolas".