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En el mundo de las víctimas llega como un balón de oxígeno el aval mayoritario de los fiscales contra la decisión de la Audiencia Nacional de acordar la prescripción del sumario por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La causa se centra ahora en la posible responsabilidad del crimen por parte de los jefes de ETA. Los autores materiales ya han sido juzgados. Las acusaciones populares entienden que quedan pendientes de ser juzgados aquellos que dieron la orden de secuestrar y matar a Blanco.
La decisión fue recurrida por la asociación Dignidad y Justicia, el Partido Popular y la Fundación Villacisneros. El fiscal de la Audiencia Nacional se mostró en la misma línea de la defensa de los dirigentes de ETA y argumentó a favor de la prescripción del caso.
En una nota, Dignidad y Justicia constata que 13 de los 16 miembros de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo "han dejado clara su postura, que no coincide en absoluto con la del fiscal que nombró la superioridad para coordinar la investigación contra los jefes de ETA que ordenaron asesinar a Miguel Ángel Blanco, Carlos García Berro. Este fiscal apenas estuvo tres meses al frente de la causa, tiempo sin duda más que insuficiente para abordar las decenas de miles de páginas que componen el sumario. Su única aportación fue pedir el desprocesamiento de los acusados basándose en que la causa estaba prescrita. No sabemos si por error o con plena conciencia, se pasó por alto que ésta no podía estar prescrita, pues había estado interrumpida por un amplio periodo gracias a la investigación realizada durante años por Dignidad y Justicia".
La asociación presidida por Daniel Portero arremete con dureza contra el fiscal de la Audiencia: "Era el candidato ideal dentro de la estructura afín al Gobierno para controlar las causas que podían escocer a Bildu en las que se podía condenar a los jefes de ETA a prisión, como Mikel Antza o Iñaki de Rentería. Fue nombrado, por lo tanto, para seguir el criterio marcado por el FGE cuando éste ya era el responsable de la secretaría técnica".
No obstante, muestran su temor ante el hecho de que la posición fiscal definitiva "quede en manos de de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, defensora del fiscal general del Estado en el caso de la conocida revelación de secretos, quien tenga que hacer informe sobre el procedimiento de Miguel Ángel Blanco. No nos cabe duda de que, a pesar de la amplia mayoría ofrecida por la Junta de Fiscales, ella defenderá la minoritaria postura de su compañero de la Unión Progresista de Fiscales García Berro".
"Correa de transmisión del presidente"
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo de un fiscal asesinado por ETA, muestra expresamente su tristeza: "Estamos asistiendo en directo a la degradación de la carrera fiscal y a la perversión de la figura del Ministerio Público del Estado, que está dejando de ser del Estado para convertirse en la correa de transmisión del presidente del Gobierno, que por mantenerse en la poltrona se traga los votos de sangre de quienes asesinaron a mi padre y a cientos de personas inocentes y heroicas", asegura Portero.
"Pido a los fiscales de este país que se rebelen, que primen el principio de legalidad e imparcialidad por encima del de jerarquía", reclama el presidente de Dignidad y Justicia, que recuerda que muchos de los que derramaron su sangre por la actual democracia fueron compañeros suyos en el ministerio público. "La causa de Miguel Ángel Blanco estará o no prescrita en función de lo que diga un tribunal, que gracias a Dios no depende de la Fiscalía", recuerda Portero.
"Las acusaciones populares que llevamos décadas luchando contra ETA seguiremos peleando por hacer justicia a todas las víctimas del terrorismo", asegura Portero en referencia, entre otras, a la Fundación Villacisneros y al Partido Popular, que han impulsado junto a Dignidad y Justicia la investigación en el caso Miguel Ángel Blanco y que han recurrido el archivo de la causa ante el Tribunal Supremo. "Entendemos que es el momento de ser valiente; estamos ante la causa más importante de las últimas décadas en la lucha contra ETA y para las víctimas del terrorismo, ya que llevarla a buen puerto supondrá la posibilidad de que los delitos cometidos por la banda desde 1990 en adelante sean declarados imprescriptibles", señala Portero, que insiste en que en este contexto es más necesaria que nunca la acción de la acusación popular.