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Podemos amenaza con bloquear la ley orgánica pactada entre el PSOE y Junts por la que se cederá a Cataluña las competencias en materia de inmigración. Y puede hacerlo en esos términos tan contundentes porque la iniciativa tiene que ser aprobada por el Congreso y los cuatro diputados morados tienen la capacidad de tumbar la propuesta tanto si se abstienen como si se alinean en contra junto a PP, Vox y UPN. A efectos prácticos daría lo mismo cualquiera de esas dos opciones porque todo está supeditado a que Podemos vote a favor. Fuentes del partido no dan precisamente pie a que eso suceda, pues aseguran tajantes que sus escaños en "ningún caso" van a "servir" para que se apruebe ese acuerdo.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado el rechazo de su partido al pacto del PSOE "con un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana". Por esa deriva ideológica de Junts se opone a "darles las competencias en migración". "No se hará con los votos de Podemos", ha sentenciado.
En el mismo sentido, Irene Montero ha afirmado que los votos de Podemos "son votos para conquistar derechos, no para que los arreglos del PSOE con Junts le abran la puerta al racismo". "Ningún ser humano es ilegal", ha rematado la dirigente y eurodiputada.
Los morados tienen capacidad de bloqueo. Las leyes orgánicas, como es el caso, exigen una mayoría absoluta del Congreso para ser aprobadas. Es decir, alcanzar como mínimo los 176 votos a favor. Esto sólo es posible con los partidos del bloque de la investidura de Pedro Sánchez si Podemos apoya la ley. De lo contrario, no dan los números. Por eso la posición que tiene es de fuerza.
Si los cuatro diputados morados se abstienen, el PSOE y Junts podrían ganar formalmente la votación a la oposición pero sería del todo insuficiente para llegar a los 176 votos. De nada serviría.
Si, en cambio, los morados votaran en contra. La situación sería aún peor porque con PP, Vox y UPN sumarían 175 votos y habría empate. Un escenario que impide la aprobación de cualquier una ley.
La condición para cambiar
En el mensaje en X donde Belarra ha fijado posición, la secretaria general de Podemos deja al PSOE la clave de cómo puede abrirse una negociación con ellos para cambiar su voto. "Lo que es urgente en nuestro país es que se apruebe la ILP de regularización que lleva un año esperando", ha dicho.
Se refiere a la Iniciativa Legislativa Popular para dar papeles de manera extraordinaria a medio millón de migrantes que actualmente viven en España en situación irregular aunque, en muchos casos, cuentan con empleos. El empuje de esta regularización llegó al Congreso respaldada por cientos de miles de firmas de ciudadanos pero, tras ser admitida a trámite en una primera votación, lleva un año aparcada en un cajón por la falta de acuerdo entre los partidos políticos.
Podemos supedita virar de postura sobre el acuerdo PSOE-Junts a la aprobación de esa ILP. Y tiene que hacerse, además, con la complicidad del partido de Carles Puigdemont. "Lo primero es que se apruebe la ILP de regularización y cuando Junts demuestre que no está en posiciones abiertamente racistas como ha demostrado a lo largo de este año en reiteradas votaciones en el Congreso, entonces Podemos estará disponible para hablar y discutir sobre la descentralización de competencias y sobre todas las cuestiones que se pongan encima de la mesa", ha ahondado Belarra en una intervención en Canal Red.
"Junts tiene que demostrar que no quiere estas competencias para lo que todo el mundo está viendo, que es hacer políticas racistas, para aplicar políticas migratorias aún más duras que las que está aplicando el PSOE", ha subrayado. Esto es, a juicio de Belarra, las "garantías" que se exigen a un partido que "está compitiendo" con Aliança Catalana para ver "quién es más racista de los dos".
Aval de Sumar
Por su parte, el acuerdo entre el PSOE y Junts cuenta oficialmente con al aval de Sumar. La propia Yolanda Díaz ha bendecido el pacto y ha avanzado que el socio minoritario del Gobierno dará su respaldo a la proposición de ley en la tramitación y la votación en el Congreso más allá de que pueda plantear alguna "aportación" durante ese proceso.
Díaz, que ha subrayado que estaba informada de los términos de la negociación, ha argumentado su respaldo en que el acuerdo "respeta" el "marco constitucional y el europeo", así como los "derechos humanos", que para Sumar era el punto "clave" para dar su visto bueno. En este sentido, ha dado por cumplidas esas "condiciones" exigidas por su grupo en esta materia porque todo esto "permanece inalterable" en el acuerdo.
En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Díaz ha defendido como un avance que vayan "compartir" con Cataluña competencias en inmigración porque la "mayor cercanía" en la gestión es "mejor" y porque responde al "espíritu autonomista". En todo caso, ha incidido en que la "titularidad" de las mismas permanecerá en los "ministerios de origen" en lo relativo, por ejemplo, a permisos de residencia o trabajo. De modo que se cumplen "con todas las garantías de legalidad" más allá de que se vayan a "compartir" ahora espacios con los Mossos.
"A favor" del acuerdo también está Compromís, aunque el diputado Alberto Ibáñez haya deslizado ciertas críticas al decir que "no existe diferencia entre gestionar una prisión ilegal en español o catalán". Pese a esta opinión, fuentes del partido valenciano aclaran que respaldan la transferencia de competencias y que, en efecto, tal y como apuntaba su diputado en X, debería aprovecharse la oportunidad para "cerrar los CIEs y garantizar por encima de todo los derechos humanos".
Estas fuentes oficiales de Compromís recalcan que no hay un problema con la inmigración y lamentan que "se le haga el juego a la derecha y extrema derecha" cuando con este acuerdo se hace parecer que haya un "peligro".
El PP estudiar ir al Constitucional
Por otra parte, la cesión del Gobierno ante Junts para que Cataluña tenga, entre otras cosas, a los Mossos en el control de las fronteras junto a policías y guardias civiles y para que gestione las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada. Esto, para el PP, es inconstitucional, y por eso los servicios jurídicos de los populares ya estudian el texto registrado en el Congreso. "Es un acuerdo que vulnera nuestro marco constitucional. No se puede transferir una competencia que tiene que ser exclusiva del Estado, y por tanto los servicios jurídicos del PP están en ello", ha explicado Cuca Gamarra a su llegada a un desayuno informativo, en Madrid.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de visita en el Mobile World Congress de Barcelona, ha opinado que este acuerdo "supone, en primer lugar, profundizar en la desigualdad de los españoles, y en segundo lugar, seguir desmantelando el Estado, concretamente en Cataluña". Para Feijóo, "las competencias de extranjería, en el control de fronteras y en inmigración, son competencia del Estado".
Para el líder de la oposición, este acuerdo "desmantela el Estado con una humillación doble", porque "la propia nota de prensa del PSOE habla de que esto se ha negociado en Bruselas". "Es decir, que las competencias del Estado español se negocian en Bruselas entre el Gobierno español y el presidente de Junts, que tiene cuentas pendientes con la Justicia española".
Por todo ello, Feijóo ha concluido que "tenemos un presidente de España que es un florero. Un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts".
Gamarra ha insistido por esa vía y ha calificado al presidente de "pelele". "A lo que se está dedicando Pedro Sánchez al final es a ser un pelele absoluto del separatismo y a cederle aquello que no tiene capacidad de ceder y que Pedro Sánchez tendría que estar ejerciendo", ha subrayado la número dos del PP.
Vox se ha sumado a las críticas. Para los de Santiago Abascal, la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña es "un ataque a la unidad nacional" y "quizás el último paso antes de una independencia de facto". Además, de acuerdo con el tono crítico que el partido viene manteniendo frente a la llegada de inmigrantes irregulares, Vox considera que esta cesión competencial supone "un ataque a Cataluña, porque es condenarla a más descontrol migratorio y a la inseguridad desbocada".
"En Vox ya estamos trabajando para paralizar este pacto criminal y acudiremos a donde haga falta para conseguirlo", ha anunciado el secretario general de la formación y diputado en el Parlament, Ignacio Garriga. Además, el partido dice estar "a disposición" de los representantes de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña -a los que cree que este pacto "sentencia de muerte"- para sumarse a cualquier manifestación que puedan convocar en los próximos días.