- Política Mossos y guardias controlarán juntos las fronteras de España: la proposición de ley esquiva los informes del Consejo de Estado y el CGPJ
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Han tardado un año, pero el acuerdo está materializado. La exigencia de Junts de que Cataluña (Catalunya escribe el PSOE) tenga competencias en materia de inmigración se ha convertido en un acuerdo con el Gobierno y ambas partes han registrado en el Congreso una propuesta de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración. Lo pactado entre La Moncloa y Carles Puigdemont incluye, entre otras exigencias, además de la presencia de Mossos en el control de las fronteras, como ha venido informando este diario, junto a policías y guardias, que Cataluña gestione las devoluciones de extranjeros, cuando tengan prohibición de entrada.
Mossos en las fronteras
Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. Los Mossos se incorporan al control de las fronteras de España junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Los Mossos de Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (GC y PN)", es lo plasmado por escrito.
"No se cede el control de las fronteras. Los Mossos estarán y actuarán en las fronteras en el marco de la aplicación de competencias de esta ley y en colaboración y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha defendido Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Lo que se ha tomado como referencia es el modelo alemán de Baviera: en 2018, este estado federado lanzó su propia policía fronteriza, que completa la labor de la policía federal, recayendo en ésta última la gestión de los controles fronterizos y de las expulsiones de inmigrantes. La filosofía que ha destilado el Gobierno en este asunto para contentar a Puigdemont sin echar a policías y guardias es la de "pon un mosso en tu vida".
Una decisión que ya verbalizó hace unos días la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, pero situó el hecho de que los Mossos asuman el control en puertos y aeropuertos «a partir de septiembre», con la incorporación de nuevos agentes en las próximas promociones. «Asumirán esta carga, pero necesitamos tiempo para preparar la estructura». Precisamente, en este sentido, hace una semana el Gobierno y la Generalitat alcanzaron un acuerdo para incrementar el número de agentes del cuerpo de los Mossos hasta los 25.000 en 2030.
Esta fórmula de la cogestión, la presencia de los tres cuerpos de seguridad, aunque no supondría una "cesión integral" es vista con buenos ojos por la formación de Carles Puigdemont. Los independentistas admiten sottovoce que su exigencia es inconstitucional y que la máxima aspiración es situar a los Mossos donde ahora sólo están policías y guardias civiles.
Expulsión de extranjeros
Una de las exigencias de Junts era que Cataluña tuviera la capacidad de expulsar inmigrantes. "Que nadie salvo la Generalitat tenga la última palabra para decidir", explicaban fuentes de la formación independentista. Para ello, insistían en no ceder en su pretensión de que los Mossos desplazasen a la Dirección General de la Policía en todo el trámite administrativo. De principio a fin. "Eso lo tienen que decidir la Generalitat y los Mossos".
El pacto alcanzado entre el PSOE y Junts recoge que Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros, y se añade que será así cuando tengan prohibición de entrada. Pero la competencia queda en manos de esta autonomía. En concreto, el texto de la proposición de ley recoge que respecto a los procedimientos sancionadores en materia de extranjería que pueda recaer una sanción de expulsión, así como respecto a aquellos que puedan suponer la devolución de la persona extranjera, se delega en la Comunidad Autónoma de Cataluña la ejecución de la normativa del Estado respecto a aquellos supuestos en los que la normativa del Estado no requiera la tramitación de expediente de expulsión.
Y sobre los procedimientos sancionadores en materia de extranjería que pueda recaer una sanción de expulsión, se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de incoación, instrucción y propuesta de resolución de dichos procedimientos sancionadores por actuaciones realizadas por personas físicas residentes en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña.
Para poder cumplir con este nueva labor, los Mossos estarán en frontera, y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta Ley, siempre en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (GC y PN).
Cataluña determina quién se expulsa
Esta delegación de competencias da voz y decisión a Cataluña en materia de expulsión de extranjeros, una de las líneas rojas que Junts había trazado en la negociación. Según explican desde el PSOE, esta comunidad ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución.
¿Esto qué quiere decir? Pues que Cataluña instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente. Y las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña.
Contrataciones en origen y centros de internamiento
En esta materia, de nuevo el Gobierno acepta que Cataluña sea quien tenga la última palabra. Quien decida. Así, en Contrataciones en Origen, Cataluña es quien determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras.
Asimismo, esta comunidad gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros. Según el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, éstos son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso por las causas y en los términos previstos en la legislación de extranjería, y de los extranjeros que, habiéndoseles sustituido la pena privativa de libertad por la medida de expulsión, el juez o tribunal competente así lo acuerde en aplicación de lo dispuesto por el artículo 89.6 del Código Penal.
Justificación: Cataluña acoge mucha población
El pacto no encierra otra cosa que la necesidad de Pedro Sánchez de contar con los siete votos de Junts para poder seguir en La Moncloa. El apoyo de Puigdemont es clave para la gobernabilidad y que las iniciativas del Gobierno puedan salir adelante en el Congreso. Sin embargo, los socialistas visten este pacto en el hecho de que se trata de un territorio que ha acogido a mucha población procedente de otros lugares y ha tenido la capacidad de integrarla en nuestro modelo democrático de sociedad y en la catalanidad.
"En nuestros días el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Cataluña. Estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio. La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat", defienden desde el PSOE.
El Gobierno y Junts tratan de sostener su argumentario amparándose en el Estatuto de autonomía. Evocan ese texto para defender que Cataluña "se ha ido formando a lo largo del tiempo con las aportaciones de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en ella una tierra de acogida» y reitera la vocación integradora como sociedad de acogida". Y, al mismo tiempo, se parapetan tras el artículo 138.1 del Estatuto, donde se otorgan a la Generalitat competencias exclusivas en materia de primera acogida e integración
Fuentes del Gobierno exponen que se trata, en todo caso, de una delegación de competencias que gestionará el presidente de Cataluña, que es Salvador Illa, socialista, por lo que muestran tranquilidad y confianza.
Argumento identitario: la lengua catalana
En el preámbulo de la proposición de ley se reconoce que las personas migrantes aumentan los ingresos con su trabajo o consumo y que incrementan también la competitividad de las empresas.
Sin embargo, al mismo tiempo se hace incidencia en "el impacto que representa para la lengua catalana" la importante presencia de personas de fuera de Cataluña. Mencionan que se debe adoptar "un nuevo contrato social" que proteja a las personas extranjeras "ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades", pero al mismo tiempo se aborda la necesidad de "proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura". De nuevo, elementos identitarios.
Piden que este nuevo marco cívico vaya más allá e integre "una serie de valores ligados a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo, la educación o la igualdad de género". Destacan especialmente las menciones en el texto al radicalismo, "que abarca desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo".
La Constitución y las competencias
El pacto no supone una cesión integral de las competencias, como exigían los independentistas, pero sí pasos en la delegación de competencias y en el aumento del autogobierno de Cataluña. En La Moncloa siempre han preferido hablar de delegación y no traspaso de competencias. El Gobierno lleva meses trabajando con asesoría jurídica para que el pacto encaje en lo que traslada el artículo 150.2 de la Constitución. Además, fuentes del Gobierno exponen que al tratarse de una delegación, la decisión puede revertirse.
Este artículo dice: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".
Pero el control de las fronteras es una competencia del Estado, como recoge el artículo 149, y era uno de los motivos que hacía que Interior se posicionara en contra del traspaso integral de competencias. La cogestión acordada, con la que los independentistas se muestran conformes, es para el PSOE "constitucional". "La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población. Para este supuesto se diseñó el art. 150.2 de la Constitución", señalan.
El PP ya anticipa que va a estudiar la constitucionalidad del pacto por si procede un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Sin informes del Consejo de Estado y el Poder Judicial
Lo que han acordado PSOE y Junts es que registran de manera conjunta una proposición de ley en el Congreso con una propuesta de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración. Es decir, la iniciativa parte de los partidos en el Congreso y no del Gobierno, lo que sería un proyecto de ley. De esta manera, la norma no se ve sometida a los informes preceptivos de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, que si bien no son vinculantes sí podían objetar cosas a lo pactado.
Eso sí, para poder sacar adelante esta iniciativa, PSOE y Junts necesitan el apoyo de todos los socios de investidura.
Presupuestos, siguiente pantalla
Con este acuerdo, el Gobierno piensa ya en la siguiente pantalla: intentar aprobar los Presupuestos para 2025. Junts no estaba dispuesto a hablar de las Cuentas Públicas sin cerrar antes la carpeta de la inmigración. Eso sí, no sólo depende de la formación de Puigdemont. Todos los socios van a poner sobre la mesa exigencias, con condiciones duras como, por ejemplo, Podemos. Por tanto, pese a este acuerdo, la empresa no es sencilla para La Moncloa, que sí insiste en, al menos, intentarlo.