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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de espionaje español, ha limitado su actividad en Marruecos. Así lo aseguran a EL MUNDO fuentes de toda solvencia, que añaden que las labores de inteligencia y contrainteligencia en el reino alauí están paralizadas desde hace, al menos, tres años, por una restricción "manifiesta" de la presencia de agentes. Indican que en este extenso periodo los equipos que antes prestaban servicio en Rabat se han aligerado dejando las delegaciones únicamente como una presencia testimonial y algún agente para labores burocráticas, "no de inteligencia". Sin explicaciones, aseguran, el Gobierno replegó a sus miembros del servicio secreto.
Según informan las mismas fuentes, en estas delegaciones -infraestructuras encubiertas en las que se establecen los equipos cuando llegan al país para cumplir su misión- no hay espías. Hasta que se restringió la presencia del CNI en el reino de Mohamed VI, había numerosos grupos asentados vigilando áreas tan vitales para España como defensa, el sector geopolítico, el de seguridad-yihadismo, el migratorio o el empresarial. Sin embargo, la orden que se recibió -según explicitan- sacó a los agentes de manera abrupta y, desde entonces, "ya no se han desplazado". Fuentes de la inteligencia consultadas por este periódico no ocultan su malestar por la actual situación y la falta de información sobre su "no presencia" en Marruecos, un territorio cuyo control a nivel de espionaje consideran "crucial" para España. Entienden que es "necesario" permanecer en el país.
Desde el CNI niegan este escenario. "Las necesidades informativas que tiene el CNI en Marruecos están bien cubiertas. Es falso que haya habido una limitación", indican. La salida de los agentes denunciada se produjo en un contexto de acercamientos, en forma de acuerdos, de Pedro Sánchez con Rabat en materia de seguridad y migración así como con el giro sobre el Sáhara Occidental, con el reconocimiento por parte de España del plan de autonomía presentado por Rabat para la solución del conflicto en ese territorio que supuso un bandazo en la histórica posición de España, que había venido apoyando un referéndum de autodeterminación en su ex colonia. Desde entonces, el Ejecutivo de Sánchez, que nunca ha explicado los motivos de su renuncia sobre el Sáhara, ha mantenido una posición discreta con el país buscando estabilidad.
"El Gobierno no quiere molestar a Marruecos. Por eso ha sacado de allí al CNI, para evitar cualquier tipo de problema o de malentendido que comprometa la relación", argumentan fuentes de la inteligencia nacional con mucha experiencia en el terreno. No encuentran explicación a que, insisten, se hayan "desmontado" los equipos puesto que no se trata de una zona de conflicto. Y explican: "Es normal que estas labores no se realicen en países o regiones con conflictos graves o muy graves para preservar la seguridad de los funcionarios pero este no es el caso".
A pesar de la política de no agresión con Rabat seguida por el Gobierno, esta estrategia de cautela no siempre ha funcionado. En este tiempo, Marruecos ha tensado la cuerda con España en más de una ocasión. La inmigración desde territorio marroquí ha puesto en serios aprietos al Gobierno después de que el reino alauí demostrara su capacidad de presionar a España en mayo del 2021, al facilitar el acceso a la frontera con Ceuta a sucesivas olas de personas migrantes. Casi 8.000 lograron entrar en la ciudad autónoma en apenas unos días. Fue la respuesta de Rabat a la acogida por parte de España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali -con pasaporte español-, para darle asistencia sanitaria debido a la gravedad de la enfermedad que padece. Fueron los servicios de inteligencia marroquíes quienes alertaron de la situación y Rabat respondió con una avalancha de migrantes hacia Ceuta, previa al giro sobre el Sáhara.
A propósito de aquella entrada masiva se habría producido la primera de las intrusiones del programa de espionaje Pegasus en terminales del miembros del Ejecutivo español. Según investigaciones independientes, se habrían violentado los teléfonos móviles de Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Un informe publicado en el periódico británico The Guardian apuntaba a Marruecos como autor del espionaje a más de 200 móviles españoles que habrían sido seleccionados como objetivos de vigilancia por parte de un cliente de la compañía israelí NSO Group. En 2023, una misión de eurodiputados visitó España para buscar evidencias sobre la autoría del espionaje a miembros del Gobierno a través del programa Pegasus y consideró "plausible" que Rabat estuviera tras las escuchas que afectaban al presidente del Gobierno y a sus dos ministros.
"No está claro que haya un Estado o un grupo detrás del espionaje al Gobierno, pero hay elementos que apuntan a Marruecos", deslizó el portavoz de la misión, Jeroen Lenaers, quien reconoció que algunos de sus interlocutores "se negaron a comentar los posibles vínculos con el país africano por miedo a represalias de las autoridades marroquíes" y que ello ya supone en sí mismo un indicio. Tras este alegato acusatorio, los diputados europeos centraron sus críticas en la falta de colaboración del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la investigación. Protestaron los enviados de la UE por no haberse podido reunir con altos cargos del Gobierno, en concreto con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, después de que sólo se les permitiera entrevistarse con el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pascual Navarro.