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El Gobierno de Donald Trump prometió la mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos, y está llevando el proceso a cabo, aunque eso suponga saltarse las leyes, privar de sus derechos a ciudadanos con permisos de residencia y green cards y desafiar abiertamente las decisiones de los tribunales.
Hasta ahora, el presidente y su equipo habían criticado las decisiones de los numerosos tribunales que han paralizado sus decisiones más controvertidas y han emitido órdenes provisionales para evitar la congelación de fondos, despidos masivos o la privación del derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, entre otras muchas causas. Pero las habían cumplido. Ya no. ""No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos a por todas", ha dicho este lunes en una entrevista el 'zar fronterizo' Tom Homan en tono desafiante.
El siguiente paso de lo que puede ser una crisis inédita en la edad contemporánea con la que la Casa Blanca espera conseguir una revisión completa de los poderes del Ejecutivo. Trump y su Administración sostienen que los jueces se están excediendo en sus competencias (ultra vires), que están violando la separación de poderes y que no están respetando tampoco la visión del Tribunal Supremo, interpretando que cuando la más alta corte dijo que el presidente tiene inmunidad para todo lo que haga en sus actos oficiales, eso significa también que tiene libertad casi total para marcar la política exterior o migratoria. Una tesis que llevan perfilando tiempo y que es crítica para el funcionamiento de la república y la separación de poderes.
"El presidente Donald J. Trump firmó una Proclamación que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros en relación con la invasión de Estados Unidos por la organización terrorista extranjera Tren de Aragua, utilizando sus principales poderes como presidente y comandante en jefe para defender al pueblo estadounidense de una amenaza urgente", dijo su equipo con una mención fundamental a su rol de líder militar.
Siguiendo lo marcado en una orden ejecutiva que no se publicitó, el sábado por la noche, más de 200 ciudadanos, en teoría todos venezolanos y miembros de la banda Tren de Aragua, fueron deportados a El Salvador, para cumplir allí sentencia gracias al acuerdo que Washington ha firmado con el presidente Nayib Bukele. El Gobierno se amparó en esa Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 pensada y hasta ahora sólo usada para detener o expulsar a ciudadanos de países con los que EEUU estuviera en guerra. No sólo es jurídicamente discutible que esa haya sido la cobertura, sino que el mismo sábado, poco antes de las 19.00 de la tarde, un juez federal de Washington emitió una orden muy clara a todos los departamentos implicados, desde el de Estado a Seguridad Nacional, para que detuvieran el proceso, incluso si eso significaba que los aviones que estuvieran en el aire tuvieran que dar marcha atrás.
La Administración Trump no sólo no cumplió la orden, que fue notificada a las 19.30, sino que figuras tan relevantes como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, o el secretario de Estado, Marco Rubio, se burlaron de ello, difundiendo en las redes sociales el mensaje de Bukele en el que decía "ups, demasiado tarde", compartiendo el titular de una noticia que informaba sobre la decisión del juez federal James Boasberg.
El Ejecutivo argumenta que no desobedeció la orden, sino que la ignoró porque llegó demasiado tarde, cuando los aviones ya no estaban en espacio aéreo estadounidense, por lo que, dicen, la autoridad del magistrado ya no tendría valor. Pero según el Axios, no fue en absoluto un accidente, un problema de entendimiento o logística por el hecho de que los aviones estaban en el aire. Sino un desafío y abierto, cruzar una línea roja. Según informa este medio, el jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, hombre de total confianza de Trump y el cerebro también en el primer mandato de las políticas migratorias por radicales, "orquestó" el proceso junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, y "pocos fuera de sus equipos sabían lo que estaba sucediendo".
Un primer paso, medido al milímetro, para ver qué instrumentos tienen los jueces para reaccionar si el Ejecutivo se planta. Una provocación, pero no de frente, ya que por ejemplo los cinco venezolanos que provocaron la orden, después de que asociaciones de derechos civiles acudieran al juez federal asegurando que ellos no forman parte de ninguna pandilla, no han sido deportados.
En un comunicado, la jefa de prensa de la Casa Blanca señaló el domingo que "el Gobierno no se 'negó a cumplir' una orden judicial", sino que "la orden, que carecía de fundamento legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas de Tren de Aragua ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones del Gobierno no entran en conflicto. Además, como la Corte Suprema ha dejado claro en repetidas ocasiones, los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de los asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales, amparadas por el Artículo II, para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada", añadió.
Discusión jurídica
El planteamiento, por si sólo, lleva a una discusión jurídica inmensa que seguramente acabe de una forma u otra en el Tribunal Supremo, ya que la parte final del comunicado resume la cuestión que está en juego, y que algunos académicos conservadores consideran la clave de todo: "Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un avión lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense".
En la moción de apelación presentada el domingo, los abogados del Departamento de Justicia calificaron la orden del juez Boasberg, nominado por el presidente Barack Obama, de "imposición masiva y no autorizada a la autoridad del Ejecutivo". Según ellos, las acciones de Trump "no están sujetas a revisión judicial" debido que él constituye la autoridad constitucional inherente en materia de seguridad nacional y política exterior, por lo que los tribunales federales carecerían de jurisdicción sobre el ejercicio de su "poder de guerra".
Más allá de ese caso, lo cierto es que el desafío va mucho más allá. The New York Times informó el sábado del caso de la doctora Rasha Alawiew, una especialista en trasplantes de riñón y profesora de la facultad de medicina de la Universidad de Brown, que fue deportada el fin de semana, a pesar de vivir desde hace años en el país, contar con un visado perfectamente válida y de que hay una orden judicial que bloqueaba temporalmente su expulsión, según su abogado y documentos judiciales.
Alawieh, de 34 años, es ciudadana libanesa y viajó a su país de origen el mes pasado para visitar a sus familiares. El jueves regresó a Estados Unidos, pero fue detenida e informada de que sería deportada. Si familia acudió a los tribunales y el juez Leo T. Sorokin, del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, ordenó al Gobierno el viernes por la noche que antes de cualquier decisión sobre la doctora se lo notificara al tribunal con al menos 48 horas de antelación. Sin embargo, los responsables la metieron en un vuelo a París poco después. El mismo juez ha emitido una segunda orden ante lo que considera una falta muy seria, y este lunes hay prevista una vista para determinar lo ocurrido y ver si se permite su regreso.
Los desafíos a las órdenes de los jueces se producen en medio de una oleada de casos por todo el país que están causando más que inquietud. Hay denuncias de ciudadanos extranjeros con derecho de residencia, a través de la llamada green card, que es un paso mucho más avanzado que los meros visados. O incluso de turistas que están siendo detenidos o incomunicados.
El caso más grave sin duda es el de un estudiante de posgrado de Columbia, Mahmoud Khalil, muy activo en las protestas del año pasado contra la guerra de Gaza. Cuatro agentes de paisano se presentaron en su casa, lo detuvieron y se lo llevaron. Khalil tiene green card y está casado con una norteamericana, pero eso no ha impedido que el secretario de Estado Marco rubio haya aprobado, de forma irregular, sus papeles, algo que requiere un proceso distinto y más complejo con una decisión de un juez, y no sólo una firma arbitraria de un alto cargo político. Le acusan de ser una amenaza para la seguridad del país, de ser simpatizante de Hamas, por su papel en las protestas, que ni quiera había conllevado medidas disciplinarias de la Universidad. Por la misma razón la administración ha revocado igualmente el visado de Ranjani Srinivasan, una doctoranda de la India, acusándola de "apología de la violencia y el terrorismo".