- Polémica Trump cruza otra línea roja e ignora deliberadamente las órdenes de los tribunales para seguir deportando personas
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Estados Unidos se encamina de forma cada vez más clara a una crisis constitucional. Hasta ahora, el presidente y su equipo habían criticado las decisiones de los numerosos tribunales que han paralizado sus decisiones más controvertidas, emitiendo órdenes provisionales para evitar la congelación de fondos, despidos masivos o la privación del derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, entre otras muchas causas. Pero las habían cumplido. Ya no.
El sábado por la noche, las agencias responsables de deportar a más de 200 ciudadanos venezolanos a El Salvador, acusados de ser terroristas según la nueva doctrina, ignoraron deliberadamente una orden de un juez federal, que obligaba a interrumpir el proceso incluso dando la vuelta a los aviones si ya estaban en el aire.
La Administración Trump no sólo no cumplió la orden, sino que figuras como Elon Musk, o el secretario de Estado Marco Rubio, se burlaron de ello, difundiendo en las redes sociales el mensaje del presidente salvadoreño Nayib Bukele en el que decía "ups, demasiado tarde", compartiendo junto a emoticones de risas el titular de una noticia que informaba sobre la decisión del juez federal James Boasberg. "No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos a por todas", dijo ayer en una entrevista el zar fronterizoTom Homan en tono desafiante.
El Ejecutivo argumenta que no desobedeció la orden, sino que la ignoró porque llegó demasiado tarde. Pero la decisión, orquestada según Axios por el jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, es parte de una estrategia mayor y muy ambiciosa, que ha movilizado a todos los pesos pesados republicanos y del universo MAGA (Make America Great Again). Un paso, medido al milímetro, para ver qué instrumentos tienen los jueces para reaccionar si el Ejecutivo se planta. Trump y sus asesores sostienen que los tribunales se están excediendo en sus competencias (ultra vires) y que no están respetando tampoco la visión del Tribunal Supremo, interpretando que cuando la más alta corte dijo que el presidente tiene inmunidad para todo lo que haga en sus actos oficiales, eso significa también que tiene libertad casi total para marcar la política exterior o migratoria.
La jefa de prensa de la Casa Blanca ha dicho en las últimas 48 horas que "el Gobierno no se 'negó a cumplir' una orden judicial", sino que "la orden, que carecía de fundamento legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas de Tren de Aragua ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones del Gobierno no entran en conflicto. Además, como la Corte Suprema ha dejado claro en repetidas ocasiones, los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de los asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales para expulsar a terroristas y repeler una invasión declarada", añadió.
El choque ha tenido una segunda fase este lunes, todavía más controvertida, en la vista convocada por Boasberg para exigir explicaciones al Gobierno. Primero, el Departamento de Justicia, que dirige Pam Bomdi, hasta hace poco abogada personal de Trump, pidió al órgano jurisdiccional de la magistratura que reemplazada al juez asignado inmediatamente. "El tribunal también debería reasignar inmediatamente este caso a otro juez del tribunal de distrito dados los procedimientos altamente inusuales e inapropiados (por ejemplo, la certificación de una demanda colectiva que involucra a miembros de una organización terrorista extranjera designada en menos de 18 horas sin descubrimiento ni información del gobierno) que se han empleado en los procedimientos del tribunal de distrito hasta la fecha", dice el escrito presentado por el fiscal general adjunto.
Pero donde saltaron chispas fue en la vista, en la que Boasberg, estupefacto y cada vez más irritado, vio cómo los enviados del Departamento de Justicia se negaban a responder a sus preguntas y a proporcionarle la información que pedía, o argumentaban quela orden de revertir los vuelos de deportación emitida el sábado no era vinculante porque se hizo verbalmente. El abogado principal, Abhishek Kambli, dijo en un tenso intercambio que sólo estaba autorizado a proporcionar información muy limitada debido a "preocupaciones de seguridad nacional". La respuesta del juez fue que Justicia debe certificar por escrito antes del mediodía del martes —bajo secreto de sumario si fuera necesario— que "ningún inmigrante fue deportado tras la entrada en vigor de su orden escrita", el detalle crítico para establecer si la administración abusó de su autoridad y desobedeció deliberadamente, o si jugó con los tiempos entre el momento en que la orden entró al sistema, sobre las 19,30 del sábado, y el momento en el que los vuelos afectados aterrizaron en El Salvador o cruzaron su espacio aéreo.
El planteamiento, por sí sólo, lleva a una discusión jurídica inmensa que seguramente acabe de una forma u otra en el Tribunal Supremo, ya que la parte final del comunicado resume la cuestión que está en juego, y que algunos académicos conservadores consideran la clave de todo: "Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un avión lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense".
Pero la crisis es mucho más profunda. The New York Times informó el domingo del caso de la doctora Rasha Alawiew, una especialista en trasplantes de riñón y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brown, que fue deportada el fin de semana, a pesar de vivir desde hace años en el país, contar con un visado perfectamente válida y de que hay una orden judicial que bloqueaba temporalmente su expulsión, según su abogado y documentos judiciales. Hay más ejemplos de detenciones y expulsiones saltándose los procesos establecidos, que exigen vistas, audiencias o la decisión de magistrados, a los que sistemáticamente intenta ignorar.
Además, en un giro surrealista incluso para los nuevos estándares, el presidente afirmó este domingo de madrugada que los perdones firmados por Joe Biden en sus últimos días en el cargo son "nulos" y "no tienen valor ni vigencia". Pero por si una declaración de ese calibre y con enormes consecuencias no fuera suficiente, lo más llamativa es la argumentación: Trump sostiene que esos decretos fueron firmados por una máquina automatizada (Autopen) controlada por los asesores de Biden, que, según su teoría, quizá ni estaba al corriente "ni los aprobó". Por tanto, añadió, los que afectaban al comité del Congreso encargado de investigar los hechos del 6 de enero de 2021, "y a muchos otros", se "declaran nulos, sin valor y sin vigencia, debido a que fueron otorgados por Autopen. En otras palabras, Joe Biden no los firmó, pero, lo que es más importante, ¡no sabía nada de ellos!".
Ahora mismo no está claro si todo quedará en un arrebato (aunque este lunes el presidente decidió retirar toda la protección del Servicio Secreto a Hunter Biden, el hijo del ex presidente, y a su esposa después de que un periodista le dijera que contaba con un equipo de hasta 18 agentes para un viaje que está realizando esta semana a Sudáfrica) , si simplemente lo incorporará su narrativa habitual, como los insultos o la afirmación de que en 2020 las elecciones estuvieron amañadas y por eso perdió. O si de verdad el Departamento de Justicia o el FBI, al frente de los cuales ha colocado a dos de sus fieles colaboradores, están barajando realmente impugnar de alguna manera los perdones y efectuar una investigación criminal, por poco recorrido que tenga, ya que los estándares del Departamento de Justicia en vigor desde hace décadas dicen que es perfectamente válido. Un paso más hacia la crisis constitucional en la que el Supremo tendrá la última palabra. O quizá la penúltima.