Marine Le Pen ha sido hallada "culpable" por desviación de fondos públicos e inhabilitada para cargos públicos con efecto inmediato durante los próximos cinco años, lo que corta de cuajo sus ambiciones presidenciales para el 2027, en una sentencia que amenaza con crear un terremoto político en Francia. La líder de Agrupación Nacional (RN) ha sido acusada junto a otros ocho correligionarios de una trama para desviar fondos de los europarlamentarios a las arcas del Frente Nacional, predecesor del RN.
La sentencia tendrá un efecto inmediato al llevar incorporada la "ejecución provisional" que reclamaba el fiscal, sin esperar a la resolución de un recurso de apelación. Este era un punto clave que la propia Le Pen había criticado como una "condena a muerte política". Además, Le Pen ha sido también condenada a cuatro años de prisión, con una suspensión de dos años y dos de ellos firmes, que puede cumplir con brazalete electrónico, y una multa de 100.000 euros. Aunque esta parte de la sentencia queda pendiente del proceso de apelación.
Le Pen criticó previamente la batalla judicial como un intento de condenarla a la "muerte política". Visiblemente airada, ha abandonado repentinamente la sala sin esperar siquiera a lectura completa de la sentencia. Su abogado ha anunciado que recurrirá la condena.
El destino de Marine Le Pen ha estado en manos de una mujer, la jueza Bénédicte de Perthuis, que reconoció de antemano la importancia del caso, incluido el impacto político que podía tener. De Perthuis advirtió, sin embargo, que el tribunal actuaría "de la manera habitual" y recordó que se trataba, ante todo, de un proceso penal.
La presidenta del tribunal especificó que Marine Le Pen ha sido hallada "culpable" de la desviación de fondos públicos europeos estimados en su caso personal en 474.000 euros. La líder de extrema derecha habría usado ese montante para pagar a su guardaespaldas, a su jefe de gabinete y a un asistente. Le Pen insistió durante el juicio que no hizo nada "ilegal" y que las acusaciones se deben a "una interpretación estrecha" de la noción de asistentes parlamentarios durante su etapa como eurodiputada entre el 2004 y el 2017.
La jueza aseguró que la investigación ha demostrado que los beneficiarios de esos fondos estaban en realidad "trabajando para el partido" y que no desempeñaban funciones relacionadas con el Parlamento Europeo. "La investigación ha demostrado también que no se trató de errores administrativos, sino de una malversación en el marco de sistema puesto en marcha para reducir los gastos del partido", precisó la magistrada.
Patrick Maisonneuve, abogado de la Eurocámara, advirtió que lo que estaba en juego era la "malversación del dinero de los contribuyentes europeos". La UE estima que el "perjuicio" causado puede haber sido de 2,9 millones de euros al cabo de una década.
El veredicto ha caído como un terremoto en la clase política francesa. Los diputados de RN amenazaron con un desplante en la Asamblea Nacional y con acciones parlamentarias que podrían comprometer la ya frágil situación del primer ministro, el centrista François Bayrou. El presidente de RN y delfín de Le Pen, Jordan Bardella, despunta entre tanto como el posible sucesor natural en medio de la tormenta política.
"No ha sido solo Marine Le Pen quien ha sido condenada injustamente; es la democracia francesa la que ha sido ejecutada", fue la reacción del 'delfín' de Bardella, en declaraciones a la agencia AFP.
Tras conocer la sentencia, Le Pen se reunió a puerta cerrada con los dirigentes de su partido para debatir los siguientes pasos, incluida la presentación de un recurso contra la sentencia que puede tardar meses resolverse y que no afecta a su ejecución inmediata.
Aliados
La primera reacción internacional ha sido la del Kremlin, condenando la sentencia contra Le Pen como "una violación de las normas democráticas".
El primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor Orban, ha mostrado su solidaridad con Le Pen con un escueto mensaje en las redes: "Je suis Marine!".
Le Pen llegó a los tribunales de Clichy poco antes de las diez de la mañana de este lunes y enfiló directamente hacia la sala 2.01, la misma en la que fue juzgado el ex presidente Nicolas Sarkozy, por la supuesta financiación libia de su campaña para las elecciones del 2007. La sentencia tenía en vilo a la clase política y a la sociedad francesa.
Junto a Le Pen comparecieron otros 24 correligionarios de su partido. Entre ellos, su ex compañero sentimental y alcalde de Perpignan, Louis Aliot, que podría ver también seriamente comprometido su futuro político.
El juicio de momento apenas ha hecho mella en la popularidad de Le Pen, que aventaja con diferencia a sus potenciales rivales para las presidenciales. La líder de Agrupación Nacional encabeza la última encuesta de Le Journal de Dimanche con un 37% de las preferencias, frente al 25% de Édouard Philippe o el 21% de Gabriel Attal, otros dos potenciales candidatos.