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La represión del régimen de Nayib Bukele la llevó a tomar la decisión más difícil y valiente de su vida: salir de El Salvador. María Castro, de 58 años, dejó atrás a sus tres hijos, el puesto de fruta con el que se ganaba la vida y las pocas pertenencias que tenía en Santa Ana para poner rumbo a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Con solo 70 dólares en bolsillo, llegó a Guatemala en autobús y siguió a pie hasta la capital mexicana, caminando sola por la carretera durante días. Ya en el DF, logró acogerse al programa CPB One que seguía vigente con el presidente Joe Biden, y que le permitió entrar a Estados Unidos, con su mochila cargada de sueños.
"Quería visitar a mi hermano en Nueva York, al que no veo desde hace 40 años, y trabajar duro para construirme una casa en mi pueblo para vivir con mi hijo", dice a EL MUNDO desde el centro de Los Ángeles. "Pero ya no estoy segura de que pueda conseguirlo. Tengo miedo a que me deporten si me presento en la cita que tengo ante un juez de inmigración dentro de unos días". Castro no está sola. "Allí donde yo vivo la señora es mexicana y no tiene papeles, tiene miedo de que la vayan a deportar. Se nota la sensación de intranquilidad entre la comunidad".
Doris Martínez, una inmigrante nicaragüense que llegó hace un año al sur de California, tampoco duerme tranquila. Hace unas semanas presenció cómo se llevaban a un inmigrante indocumentado en el apartamento de al lado. "Se presentaron varios agentes del ICE y derribaron la puerta de entrada al edificio", relata con voz temblorosa. "Después golpearon la puerta del vecino, pidiendo que saliera. A mis hijas les dio un ataque de pánico. Fue terrible", relata.
Después de eso, reconoce que apenas salen a la calle. "Tratamos de aguantar con la comida que tenemos en casa y salimos una vez a la semana al supermercado, pero poco más", relata. "Cuando camino por la calle procuro no mirar a nadie. Voy del trabajo a mi casa y punto".
En barrios latinos de Chicago, Houston o Washington se quejan del mismo mal: que las ventas han caído con fuerza por la falta de su clientela habitual, latinos que prefieren volar bajo el radar hasta que campe el temporal. La campaña de deportaciones masivas que puso en marcha Donald Trump desde su primer día en la Casa Blanca parece estar surtiendo efecto, no tanto por los números —que aún se mantienen por debajo del número de expulsiones de Biden, con 661 diarios frente a las 742 del pasado año fiscal, según datos de TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse)— sino por la atmósfera de tensión que se respira.
La lluvia de redadas de las últimas semanas no solo se ha llevado por delante a inmigrantes con expedientes criminales, sino a indocumentados sin delito alguno en su haber y a estudiantes con permisos de residencia en el país, como el caso del activista propalestino Mahmoud Khalil, detenido desde hace un mes en Nueva Jersey pese a tener una Green card, o el de la estudiante turca de la universidad Tufts en Massachusetts, Rumeysa Ozturk, arrestada por agentes encapuchados cuando caminaba por la calle cerca de su casa, gritando en el vídeo que ha dado la vuelta al mundo. Marco Rubio, el secretario de Estado, dejó clara la estrategia cuando le preguntaron al respecto. "Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, les retiro el visado", dijo. "Les dimos un visado para venir a estudiar y obtener un título, no para convertirse en activistas sociales que destrozan nuestro campus universitario".
Detenidos
Los casos de abuso se han sucedido desde que Trump inició su segundo mandato: un turista alemán, Lucas Sielaff, encarcelado durante dos semanas antes de ser devuelto a Alemania tras pagar 2.744 dólares por un billete de ida a Europa; su novia, Lennon Tyler, una ciudadana americana esposada a un banco en su intento de regresar a su casa de Las Vegas; o una ciudadana canadiense, Jasmine Mooney, detenida en su intento de renovar su visado. La tuvieron retenida 12 días.
"Todo en ese lugar está hecho para destrozarte [en referencia a los centros de detención], como estar en celdas heladas sin mantas durante las primeras 48 horas", compartió en una entrevista con NPR. "Dormí en la colchoneta sobre el cemento, sin mantas ni almohadas".
El martes, el actual Gobierno reconoció haber cometido "un error administrativo" tras encerrar en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador a Kilmar Abrego García, un salvadoreño y residente legal protegido por una orden judicial de 2019 para no ser deportado. Ahí sigue mientras su hijo autista de cinco años y su mujer, ambos ciudadanos estadounidenses, esperan con angustia a saber si podrá volver o no a su casa de Maryland. Sin embargo, hay esperanzas en este caso porque el viernes una juez ordenó su regreso a EEUU. La Administración Trump tiene de plazo hasta la medianoche del lunes 7 de abril para traerlo de vuelta, según dictaminó la juez Paula Xinis, en un tribunal de Maryland. Este domingo una juez se ha pronunciado en esta misma línea rechazando los argumentos de que el gobierno no puede facilitar el regreso de Abrego García porque ya no está bajo custodia de Estados Unidos.
"Las intenciones de Trump son de infundir miedo y crear un ambiente bélico en contra de la comunidad inmigrante, y eso se está logrando", dice Jorge Mario Cabrera, director de Chirla, la asociación de defensa de los derechos de inmigrantes en Los Ángeles. "Se está acusando a los inmigrantes de criminales, se les está diciendo que no son estadounidenses, que no son bienvenidos, y está legitimando el odio a las minorías".
Cabrera explica que el Gobierno está usando tácticas que nunca antes habían visto, como involucrar a los departamentos de Vivienda o al IRS (el fisco americano) para denunciar y localizar a inmigrantes indocumentados. "Es una guerra psicológica en contra de los inmigrantes que se practica todos los días y estoy seguro de que va a tener un impacto negativo en la comunidad inmigrante. Estamos creando una segunda clase de ciudadanos, una comunidad que tardó años en salir de las sombras y que pudiera regresar por culpa de esta Administración".
Según diversas fuentes, son 11 millones de personas las que viven sin los papeles en regla en Estados Unidos, una fuerza laboral que, pese al miedo y la incertidumbre, no tiene intención de detenerse. Castro, la salvadoreña de Santa Ana, estuvo limpiando un estadio de fútbol el domingo pasado por la noche. "Me gusta mucho trabajar, y da igual si es sábado o domingo. Trabajo todos los días", dice. "En El Salvador era difícil porque la gente de Bukele siempre andaba vigilando. Trump debería ver que venimos a trabajar, no hacer daño. Yo pago mis impuestos, no vivo del gobierno".
En un Home Depot del este de Los Ángeles —punto de encuentro habitual de jornaleros, muchos de ellos indocumentados— el bullicio de trabajadores es el habitual. Basta con bajar la ventanilla del coche y una docena de ellas se abalanzan sobre el conductor, buscando trabajo. Rafael Silva lleva 20 años trabajando en construcción: pintura, electricidad, fontanería, de todo. No se queja de miedo, sino de falta de trabajo. "Hay muy poco, mucho menos de lo habitual, pero seguimos viniendo porque la vida sigue. Hay que trabajar".
Miguel, un guatemalteco que prefiere no dar su nombre ni dejarse fotografiar, se lo toma con deportividad. "Que traigan el bus los del ICE. No tenemos miedo", apunta jocoso, despertando las risas de sus compañeros. "No nos podemos quedar encerrados porque si no no podemos pagar la renta ni los biles", señala.
El gran reemplazo
Niels Franzen, profesor de Derecho y experto en leyes migratorias de la Universidad del Sur de California (USC), sigue sin encontrarle lógica a lo que está sucediendo. "Es absurdo desde un punto de vista económico", explica a este diario en una conversación telefónica. "Sin inmigrantes, con o sin papeles, nuestra economía va a empezar a hundirse pronto. Uno podría pensar que a los republicanos les importa esto, pero Trump ya ha dicho que no le importa que se hunda la bolsa ni la economía, que, por cierto, estaba yendo muy bien antes de que él llegara a la Casa Blanca".
Franzen cree que lo que está sucediendo encaja "con los que creen, dentro de su gobierno, en la teoría del Gran Reemplazo y el supremacismo blanco. Stephen Miller [asesor del Departamento de Seguridad Nacional] es uno de ellos, enfocados en detener el crecimiento de estos inmigrantes no blancos que, según ellos, están reemplazando a los estadounidenses blancos de origen europeo, sin que importe si afecta a la economía. Trump está rodeado de extremistas ideológicos y nadie que no comulgue con la línea del Partido Republicano está a salvo del todo".
En noviembre, tras la victoria electoral de Trump, Franzen y otros expertos en inmigración se reunieron para analizar las consecuencias de lo que podía significar un segundo mandato del mandatario populista. "Pensamos en redadas masivas, en Guantánamo, en una frontera blindada, pero esta persecución constante es mucho peor de lo que habríamos podido imaginar. Nunca había visto nada igual".