Hay pocas cosas mejores para sofocar cualquier ruido político que una obra con pedigrí. Y como la semana en clave municipal despertó (por lo que fuera) con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, haciendo de maestro de ceremonias de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, la munición de Cibeles se concentró el miércoles en la presentación del Parque Ventas, que cubrirá un tramo de la M-30. Y, ayer, desde primera hora de la mañana, la lupa cayó sobre el paseo de Extremadura. Concretamente sobre el segundo tramo pendiente. Fue para anunciar la firma con el Ministerio de Vivienda del convenio de ejecución de soterramiento del asfalto entre la avenida del Padre Piquer y la avenida de la Aviación. Y, unas horas después, desde el atril de la sala de prensa del Consistorio, por boca del propio alcalde, la aprobación inicial del proyecto de urbanización para los 2,1 millones de metros cuadrados de la operación Campamento.
Una montaña rusa en el corazón de Cibeles, que vio cómo la oposición encontró en esa cita con Mazón un argumento inesperado para atizar al alcalde en el Pleno. Y todo, mientras buena parte de la plana mayor del Partido Popular estaba (o quiso estar) a otra cosa durante aquella mañana del pasado lunes.
Pero, como se ha escrito, ayer todo el tablero municipal quedó volcado sobre el rincón suroeste de la ciudad. El mismo lugar donde las máquinas llevan semanas borrando los primeros tres kilómetros de autovía del paisaje. Tras el acuerdo entre el Gobierno y el Ayuntamiento, ese segundo acto completará la obra faraónica estrella de la legislatura. Será en un lapso de unos dos años. La sintonía entre Almeida y la ministra Isabel Rodríguez tuvo buena parte de culpa.
Según el acuerdo, Cibeles asumirá la financiación del 75% del coste de la obra, mientras que a Moncloa le corresponderá el resto, con un límite de 146,25 millones. El convenio establece que el 35% de este importe se abonará en el momento de la licitación por el Ayuntamiento, un 40% cuando se haya certificado el 75 % de la obra y el 25 % restante cuando la obra se ponga en servicio. En el caso de que el coste final sea mayor, el exceso lo asumirá el Ayuntamiento.
Aproximarse a la M-40
La ruta de esa fase de soterramiento, que despegaría en el amanecer de la próxima legislatura, pese a la precaución en cuanto a los tiempos por parte de Ejecutivo, no está del todo cerrada. Y es que, según deslizó el propio alcalde, aún se siguen valorando en la elaboración del proyecto variables como la de alcanzar el punto más próximo a la M-40, donde ya no hay viviendas, como reclaman los vecinos que viven en la zona.
Esa jornada de anuncios que fue ayer concluyó con la aprobación en Junta de Gobierno de la urbanización de los 2,1 millones de metros cuadrados de la operación Campamento, promovida por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y supervisada por el Área de Obras, que supondrá una inversión de 357 millones. Una transformación en tres fases de los terrenos militares, donde habrá 10.700 pisos, de los que el 65 % (7.000) contará con protección: 3.800 a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL); 2.100, a Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB), y 1.100, a régimen de alquiler. El resto será vivienda libre.
Una traca final de Almeida para una semana que arrancó con curvas valencianas y se cierra con el buen poso que dejan esas obras faraónicas.