En la urbanización Pueblo Marinero, junto al Puerto Deportivo de Benalmádena (Málaga), a principios de 2019 aparecieron -de un día para otro- dos cajeros automáticos en zonas comunes, pero los vecinos no sabían quién los había puesto allí o con qué autorización. En 2022, se instaló un tercer cajero y, de nuevo, nadie sabía nada. Durante una junta de propietarios celebrada en abril de 2023, algunos vecinos preguntaron por ellos al presidente de la comunidad, pero solo recibieron evasivas así que, al final, acudieron a la justicia.
Hoy, el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos (Málaga) investiga al presidente de esta comunidad de propietarios por supuestamente haberse embolsado 64.735 euros hasta 2023 a cuenta del alquiler de los tres cajeros, beneficios que el investigado habría sumado a la gratificación que recibe desde hace años como presidente y que en la última asamblea de comunidad -merced a las delegaciones de voto de los ausentes- alcanza los 18.000 euros.
El juzgado ha encausado al presidente de esta urbanización por presuntos delitos de estafa y administración desleal, precisa el auto al que ha tenido acceso EL MUNDO, y a la luz de la documentación aportada por el investigado, también podría imputársele un delito de falsedad documental.
De las actuaciones realizadas se desprende, según reza en el documento judicial, que el investigado autorizó la colocación de los tres cajeros automáticos en las zonas comunes de la urbanización "movido por el propósito de obtener un lucro ilícito" y que lo hizo "aprovechando su cargo de presidente de la comunidad", pero "sin autorización ni comunicación a la junta de propietarios" y "sin abonar renta alguna a la comunidad", al menos hasta 2021.
Los contratos para colocar los dos primeros cajeros se firmaron entre la empresa del presidente de Pueblo Marina y la responsable de los expendedores. Se acordó una renta de 850 euros mensuales más IVA por cada uno de ellos que, tras una novación del contrato, subió a 1.000 euros mensuales más IVA por cajero. En 2022 la compañía del investigado suscribió otro contrató para colocar un tercer cajero y se pactaron otros 1.000 euros de alquiler.
En los documentos contractuales se indica que la empresa del presidente era titular de los locales y que, de ser arrendataria, tenía la autorización del propietario para usar las ubicaciones donde se colocaron los tres expendedores. Sin embargo, aclara el auto, hasta la fecha no hay constancia de que realmente tuviera autorización para alquilar esos espacios.
También se desprende indiciariamante de las diligencias practicadas, explica el titular del juzgado número 5 de Torremolinos, que el presidente de Pueblo Marinero, con el fin de inducir un veredicto favorable a sus intereses, ha presentado "un supuesto contrato de arrendamiento de los espacios comunes donde se instalaron los cajeros automáticos", en el que se observan "irregularidades" y que podría ser falso.
Este contrato de alquiler, presuntamente firmado entre la comunidad y la empresa del presidente, podría resultar un documento "fabricado ad hoc para su presentación en la presente causa penal", además -añade la autoridad judicial- no consta que se informara de él a la junta de propietarios.
En el documento en cuestión, que según el auto presenta "errores o inexactitudes burdas", aparece como representante de Pueblo Marinero su entonces administrador, que no ha reconocido el contrato, negando incluso su firma en sede judicial.
Algunos vecinos de Pueblo Marinero están muy preocupados con el proceder del presidente y se han constituido en Asociación de Vecinos Puerto Marina con intención de poner límite al poder -a su juicio "excesivo"- que el encausado ejerce en la comunidad, llegando a interponer, entre otras, la denuncia por la que ahora está siendo investigado.
Una propietaria, que prefiere mantenerse en el anonimato por el miedo a represalias, ha explicado a EL MUNDO que el presidente se comporta como si "esto fuera suyo" y actúa "sin dar explicaciones". Se queja de que no sólo se ha reducido el pasillo de evacuación donde se ubican las discotecas y los locales de ocio nocturno o de que se les han puesto rejas con llave, sino que para habilitar una zona de almacenaje ha llegado a tapiar dos ventanas de uno de los locales.
"Esto se hizo así porque el espacio que usaba el personal de mantenimiento de la comunidad se transformó en una lavandería para dar servicio a los apartamentos turísticos", la mayoría de los cuales son propiedad del encausado, señalan desde la asociación vecinal.
Desde el Ayuntamiento de Benalmádena han confirmado a EL MUNDO que dos apartamentos propiedad del presidente de Pueblo Marinero se precintaron en abril de 2024 tras una inspección de Urbanismo realizada en febrero de 2023, donde se detectó la transformación de una terraza en vivienda y obras fuera de ordenamiento.
Cambios de uso fuera de ordenamiento y viviendas sin licencia urbanística
En mayo de ese mismo año se adoptaron medidas provisionales para el restablecimiento de la legalidad y, en febrero de 2024, ante la inexistencia de licencia urbanística, se emitió resolución definitiva por "no ser compatibles las obras ejecutadas con la ordenación urbanística" de Benalmádena.
Este diario ha tratado de ponerse en contacto con el presidente de esta comunidad pero no ha recibido respuesta. Por su parte, desde la administración han indicado a EL MUNDO que no es la primera denuncia que le ponen los vecinos pero que no están preocupados porque siempre resulta absuelto.
Para la presidenta de la Asociación de Perjudicados en Asociaciones de Vecinos (Apercove), Elisa Álvarez, "este no es más que un ejemplo de comunidad secuestrada por un presidente que se eterniza en el cargo y que acaba actuando como si el bloque fuese suyo".
Estas situaciones, "mucho más frecuentes de lo que en un principio pudiese parecer, se dan porque la actual Ley de Propiedad Horizontal -de los años sesenta- no se adapta a la realidad de las comunidades de hoy en día y deja demasiado margen de maniobra a presidentes y administradores", indica Álvarez.
Pueblo Marinero no es el único residencial de Málaga donde su presidente o su administrador están inmersos en procedimientos judiciales o envueltos en escándalo, comenta la presidenta de Apercove.
En Estepona, el presidente de la urbanización Torre Bermeja, Stephen Hills, "se ha puesto un sueldo de más de 100.000 euros y cobra más que el presidente del Gobierno", recuerda.
Y en Marbella el presidente de Cabopino, Gianni Fieno, y la administradora de la urbanización, Michelle van Gaalen -que atesora más de una queja entre las comunidades que administra- también se enfrentan a sendos procesos judiciales por su proceder en relación a la gestión de la comunidad.