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La juez que investiga la dana no quita el foco de la controvertida reunión de la emergencia que se desarrolló en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), a la que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dice que se incorporó a las 20.28 horas. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja pregunta ahora en un nuevo auto a la Consejería de Emergencias si hubo algún "receso" en el CECOPI. Le da tres días para responder.
La magistrada, además encarga a la Unidad Orgánica de la Policia Judicial de la Guardia Civil un informe de la cronología de los hechos sucedidos el 29 de octubre de 2024, para que de forma detallada se establezca el "análisis del desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y lesionados". Según se desprende de los testimonios recabados en el sumario, las muertes se produjeron en las horas previas al envío de la alerta, que llegó a la población a las 20.11 horas.
El auto, notificado este jueves a las partes, llega después de la respuesta de la Generalitat al último requerimiento de la magistrada, que había preguntado si alguna otra autoridad se incorporó al CECOPI justo antes de lanzarse el aviso. En su escrito, la Generalitat aportó la imagen de las cámaras de seguridad del centro de L'Eliana para justificar que sólo lo hicieron el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y el diputado Avelino Mascarell. A las 20.11, según la Generalitat, Mazón no estaba aún.
De hecho, fuentes presenciales en el CECOPI denunciaron que se produjeron dos recesos. El primero, entre las 18.10 y las 19.03 horas. El segundo, entre las 19.35 y las 19.55 horas. Durante estos dos apagones, quedaron desconectados de la reunión presencial quienes asistían al CECOPI telemáticamente, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, o los técnicos de la Aemet.
En cuanto a la cronología, había sido solicitada por la Fiscalía en un escrito en el que se pedía que el atestado policial fuera más amplio e incluyera otros extremos que han sido denegados por la instructora. Así, la titular del Juzgado entiende que ya avanzada la investigación y acordado "un importante número" de diligencias, "el análisis de la evitabilidad de los fallecimientos y la posible comisión de delitos ('ilícitos penales') no puede trasladarse a un informe policial".
Igualmente, en esta fase de instrucción, que se centra en las medidas "que hubieran evitado los fallecimientos", considera que "la necesaria toma de declaraciones por los partícipes en sede policial chocaría con la propia investigación judicial". "Algunos de los intervinientes han manifestado ya públicamente no solo la participación que tuvieron sino la de los demás", argumenta la juez.
"Ha de recordarse que en un atestado de tales características sería preciso la toma de declaración de testigos, y que diversas acusaciones particulares y populares han solicitado la declaración de los querellados", precisa, por lo que "la declaración de los eventuales investigados no puede efectuarse policialmente".
En este sentido, puntualiza que "el informe sobre la actuación de las instituciones u organismo públicos cuyas competencias estuvieren relacionadas con la situación de la emergencia, constituye precisamente el núcleo de la instrucción lo que ha derivado en una controversia pública entre las diversas instituciones y personas implicadas".
Además, la instructora ha pedido a la Universitat de València, que acordó "acertadamente" suspender las clases el día de la dana, que le informe de qué órgano concreto tomó esa decisión, en qué información se sustentó y si en ella participó "algún técnico".