La Generalitat Valenciana sigue exigiendo al Gobierno de España que cumpla con los compromisos que adquirió en noviembre de facilitar a la Comunidad Valenciana "todos los recursos humanos, logísticos y económicos que requiera, en todo momento y con la mayor celeridad" para favorecer la recuperación tras el impacto de dana. Cinco meses después, el Consell de Carlos Mazón reprocha que no hayan sido atendidas el 68% de las iniciativas que ha puesto sobre la mesa en los grupos de trabajo creado entre las conselleries y los ministerios.
Propuestos por la Generalitat, fueron cinco lo que se crearon el 4 de noviembre, que implicaban a siete ministerios. Desde entonces han mantenido varias reuniones pero, según fuentes de la administración autonómica, "resulta decepcionante el resultado, ya que apenas se ha atendido un porcentaje mínimo de las solicitudes del Consell, lo que se ha traducido a una exigua inversión económica en las comarcas afectadas".
El Consell hizo una primera valoración del impacto de la dana en las primeras semanas de 31.402 millones que fueron la base de las reclamaciones que se hicieron al Gobierno, sin embargo esa cuantificación se ha afinado tras el informe diagnóstico hecho por la Vicepresidencia que dirige Gan Pampols que cifra el daño de la riada en 17.800 millones. Sobre esta cantidad es sobre la que exigen fondos estatales para materias como salud mental, vivienda, servicios sociales, infraestructuras y centros educativos y sanitarios.
Los diferentes departamentos autonómicos formularon hasta 58 medidas para atender la emergencia y la reconstrucción, de las que aseguran que sólo se han aceptado 18 peticiones, que además apenas comportan inyecciones económicas directas. Es decir, dos de cada tres peticiones de ayuda planteadas por el Consell han sido rechazadas.
El mayor rechazo se ha dado en la petición de inversiones, que van desde los 1.134 millones para los colegios, 250 millones por reparaciones de las residencias, centros de día y demás infraestructuras de atención sociosanitaria, 2,6 millones para un centro de acogida temporal para quienes han perdido su vivienda o tres millones para rehabilitar o adecuar las viviendas de la Generalitat dañadas o por acabar. Además, 140 millones para centros sanitarios.
En materia de vivienda, el Consell pidió que se pusieran a disposición de los 500 afectados en la zona dana de las 1.050 viviendas de la Sareb, pero el Gobierno destacan que solo ha entregado 92. La Generalitat también incluyó en sus reclamaciones 45 millones para adelantar las prestaciones de dependencia.
También pidió el Gobierno de Mazón que Transición Ecológica financiara todos los trabajos, por valor de 550 millones, que está ejecutando el Consell en la red de carreteras, Metrovalencia, o la recuperación de los parques naturales. Según la Generalitat, la respuesta ha sido el compromiso de financiar 100 millones para recuperar las depuradoras.
El Gobierno no ha participado en la cofinanciación de la tarjeta del transporte gratuito Recuperem Valencia, no ha asumido la reposición a los ayuntamientos, de los que no reconoce a 28, de las cuotas del IBI de 2025 que han suspendido a sus vecinos ni ha estudiado una rebaja del IAE para los negocios afectados o obligados a cerrar de manera temporal. También denuncia que no ha puesto plazo ni ha iniciado las reuniones para ejecutar las infraestructuras críticas para garantizar la adaptación al riesgo de inundación.
En cuanto a salud mental, las fuentes de la administración autonómica recuerda que no se han puesto en marcha las unidades de emergencia que anunció Sanidad, que iban a ser 14 y después redujo a ocho.
Estas medidas rechazas forman parte de la negativa de dar ayudas a fondo perdido a la Generalitat para costear la reconstrucción, que ha tenido que recurrir al endeudamiento. Pero denuncian que no ha encontrado ni para que los fondos europeos puedan destinarse a la recuperación ni los estructurales FEDER y FSE.
Esta línea de reclamación es la que está aireando el Gobierno de Mazón, confrontando cada una de sus actuaciones y sus líneas de ayudas con las que llegan del Ejecutivo de Pedro Sánchez pese a tener un presupuesto 12 veces menor, una infrafinanciación reconocida y verse sin FLA extraordinario, que ha dejado sin 3.000 millones de euros a la Comunidad Valenciana, ni entregas actualizadas, que supone perder otros 200 millones cada mes para mantener los servicios públicos.