La mano de obra extranjera se consolida como motor del crecimiento de la ocupación en el mercado laboral patrio. A las puertas de la regularización masiva de 900.000 inmigrantes, que es el objetivo que se ha marcado el Gobierno en la reforma de la Ley de Extranjería y que permitirá alcanzar el hito de los 22 millones de personas trabajando en España en los próximos tres años, los extranjeros suponen ya el 13,5% del empleo total. La proporción no ha parado de crecer en la última década, en un contexto en el que la incorporación de trabajadores de otras nacionalidades a la Seguridad Social viene creciendo el triple que la afiliación nacional total.
Los datos hablan por sí solos. A cierre del pasado mes de noviembre había 2.876.972 afiliados extranjeros, un 7,85% más que un año antes. O lo que es lo mismo, en puestos de trabajo contantes y sonantes: 209.308 cotizantes más. Para hacerse una idea del potente crecimiento de este colectivo, basta echar un vistazo a la evolución de la afiliación general, que en el mismo periodo ha crecido a un ritmo del 2,4%. Es decir, el avance de la mano de obra inmigrante triplica al registrado en la afiliación total nacional a la Seguridad Social.
Este ritmo, además, se viene manteniendo de forma sostenida en los años recientes. E incluso si se tira más atrás en el registro. Desde antes de la pandemia, por ejemplo, tomando como referencia noviembre de 2019, los afiliados extranjeros han aumentado nada menos que un 35,5%. En los mismos cinco años, la afiliación media del sistema ha crecido un 9,9%. Así, la velocidad de incorporación de mano de obra inmigrante ha triplicado de largo el avance general en los últimos años marcados por la guerra en Ucrania y la crisis de inflación.
Y haciendo un repaso por la última década, la conclusión es la misma: frente a una subida del 27,6% en la afiliación media a la Seguridad Social, la escalada de los trabajadores extranjeros se cifra en un contundente 85,7%. Si en 2014 eran algo más de 1,5 millones los inmigrantes trabajando en España, hoy rozan los 2,9 millones y suponen el 13,5% del empleo total, cuando hace diez años no llegaban al 10%, según se extrae de los datos analizados por EL MUNDO a partir de la última actualización que publicó ayer el departamento que dirige Elma Saiz.
Estos niveles se alcanzan en un momento clave para la Seguridad Social y para la economía española en general por varios motivos. El principal: la llegada de inmigrantes va a ser el puntal necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tal y como vienen advirtiendo organismos nacionales e internacionales como el Banco de España o la Comisión Europea. Y por otro lado, la incorporación de extranjeros al mercado laboral empieza a ser el salvavidas para muchas empresas en un contexto de crisis de captación y retención de talento y de necesidad de relevo generacional en muchos sectores.
En un informe reciente, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en colaboración con BBVA Research, constata que la inmigración explica el 90% del incremento de la población activa desde el año 2021 y el empleo entre los extranjeros está creciendo ya a un mayor ritmo que el experimentado durante los últimos años de la burbuja inmobiliaria, entre 2000 y 2008. Además, aporta datos que demuestran que la incorporación de trabajadores foráneos se está produciendo "con menores tasas de segregación ocupacional que las registradas antes de la Gran Recesión", ya que, aunque la mitad todavía se agrupan en actividades menos cualificadas (empleo doméstico, camareros o personal de limpieza) ya se observa "un aumento de la participación de los inmigrantes en prácticamente todas las ocupaciones".
Precisamente, en el plan fiscal a medio plazo que acaba de recibir el visto bueno de la Comisión Europea, el Gobierno español le ha comunicado a Bruselas que va a llevar a cabo una reforma integral del sistema de visados de trabajo para atraer mano de obra extranjera. Es el objetivo que persigue el recién aprobado reglamento de la Ley de Extranjería, que a través de la simplificación de trámites y plazos y de la extensión de los visados para la búsqueda de empleo aspira a regularizar la situación de 300.000 personas cada año de aquí a 2027.
Esto permitirá al Gobierno llevar la Seguridad Social a una cifra inédita de 22 millones de cotizantes. Un récord que llegará en parte impulsado por esa mano de obra inmigrante. De acuerdo con los datos difundidos ayer por los ministerios del área laboral, el paro bajó en noviembre en algo más de 16.000 personas y se destruyeron más de 30.000 empleos. El tirón del sector educativo y del comercio no logró compensar el desplome del empleo en la hostelería, que renquea en la temporada baja del turismo a la espera del impulso de los servicios en la campaña de Navidad.
Con todo, la Seguridad Social superó los 21,3 millones de afiliados, de modo que, si se cumplen las previsiones del Ejecutivo, esa cota de los 22 millones de cotizantes estaría ya próxima en dos años sólo por la regularización de inmigrantes, sin tener en cuenta la evolución del empleo nacional. Respecto al número de parados, en estos momentos hay 2.586.018 personas apuntadas en las oficinas del servicio público de empleo estatal, de acuerdo con los registros del Ministerio de Trabajo.