En pleno debate sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI), que impactará directamente sobre los bolsillos de dos millones y medio de trabajadores, los pequeños empresarios vuelven a alzar la voz contra la subida del SMI. Y lo hacen con datos tan contundentes como que esta referencia salarial ya supone más del 70% del sueldo medio en las microempresas o que las fuertes subidas acumuladas en los últimos años han impedido la creación de hasta 350.000 puestos de trabajo.
Son algunas de las conclusiones de un informe elaborado por la patronal Cepyme sobre la repercusión de la subida del SMI en las pymes españolas. Los empresarios parten de la base de que el salario mínimo acumula un incremento del 60,9% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, y de hasta el 80,7% desde el año 2016, cuando se situaba en 665,2 euros. Y a partir de ese repunte de los costes laborales analizan el impacto de manera detallada por empresas, según su tamaño, por sectores y por comunidades autónomas y provincias.
El Gobierno ha elevado la cuantía hasta los 1.184 euros en 2025 con el argumento de garantizar la cobertura del 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea, sin embargo, esta proporción no es la misma en todas las empresas. Al contrario, en las de menor tamaño el SMI supone ya más del 70% del sueldo medio y ese es el principal argumento en el que se apoyan los pequeños empresarios para rechazar la nueva subida.
De hecho, según sus cálculos, el SMI a nivel nacional ya habría rebasado ese umbral del 60%. En concreto, los 1.184 euros representan el 61,8% del sueldo medio neto a jornada completa, situando a España como "el país de la UE con el salario mínimo más costoso en relación con la productividad". "La subida del SMI afecta más a las pymes, más intensivas en asalariados de remuneraciones bajas, situación acorde a la menor productividad de estas compañías", indica el informe elaborado por el servicio de estudios de Cepyme, que recuerda que "las micro y pequeñas empresas suponen el 99% del tejido productivo español" y acusa al Gobierno de "desconsideración" con estas compañías.
Asimismo, contra los argumentos del Ejecutivo, que viene negando todas las teorías que apuntan a que las subidas del salario mínimo destruyen empleo en base al hecho de que la afiliación está en máximos históricos, el informe señala que "una prueba del perjuicio de las subidas acumulativas del SMI en las pymes es la evolución del empleo en las microempresas, que ha subido en un 0,9% desde finales 2018 frente al 12,9% que podría haber subido de proseguir las tendencias de aumentos de contratación en la dinámica anterior". Esto, medido en puestos de trabajo, supone que los negocios de menor tamaño han dejado de crear 350.000 empleos.
Cepyme habla en su informe de "sectores intervenidos", en referencia al comercio o la hostelería, en los que la gran mayoría de los asalariados se sitúan en rangos de SMI. Y alega que el aumento del salario mínimo ha sido "desproporcionado" a la evolución de la facturación y la productividad, llegando al punto de haber subido desde 2018 el doble que las ventas del comercio minorista y más del triple que las ventas registradas por los negocios con un solo establecimiento.
Respecto al impacto territorial, el estudio detalla que el SMI en estos momentos excede la referencia del 60% del salario medio de jornada completa en un total de 13 comunidades autónomas, encabezadas por Extremadura, donde supone el 72,8%, Canarias (71,3%) y Murcia (68,6%). De modo que sólo está por debajo de ese umbral en Madrid (53,9%), País Vasco (56%), Navarra (57,9%) y Cataluña (58,6%). Esto, a juicio de la patronal, "viene a suponer un agravio en los costes laborales en favor de las más pujantes y castiga especialmente a aquellas regiones afectadas por la despoblación".
Por provincias, el SMI representa más del 60% del sueldo medio en 42 de ellas, llegando a alcanzar el 75% en 34 territorios. "Esto supone que la subida desatiende la realidad del tejido productivo de la mayoría del país, además de ser especialmente dañina en provincias afectadas por el fenómeno de la despoblación y la falta de mano de obra para cubrir puestos de trabajo vacantes, como Ávila, Zamora y Toledo, entre otras", indican los empresarios, que insisten en que "las provincias más perjudicadas pierden su capacidad para competir con otros territorios".
En la comparativa internacional, el informe señala que España anota el mayor importe relativo del SMI en Europa, al tiempo que registra el segundo mayor descenso de la productividad. "Esa caída de la productividad hace que el peso de los costes laborales en las cuentas de las empresas sea todavía mayor en términos relativos", advierten los pequeños empresarios.
Cepyme insiste en que la subida del salario mínimo a 1.184 euros mensuales se traduce en un coste por empleado de hasta 1.904 euros para las empresas. Por eso, tras la subida acumulada en los últimos años, los empresarios reclaman al Gobierno "una contención de los costes laborales en favor del empleo y la inversión empresarial en un marco que tenga en cuenta los sectores, territorios y los tamaños de empresa, habida cuenta de que la microempresa es la empresa tipo española".