Todas las miradas están puestas en María Jesús Montero. La vicepresidenta primera del Gobierno está recibiendo una presión sin precedentes desde que Pedro Sánchez le encomendó la tarea de gestionar el dinero público en junio de 2018. Seis años después, la recaudación por IRPF se ha disparado un 57% y apunta ya a los 130.000 millones. Unos ingresos récord que no frenan la intención de la ministra de Hacienda de obligar a tributar por este impuesto a los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), a pesar de que todas las formaciones políticas a la derecha y a la izquierda del arco parlamentario, incluidos los socios de Sumar, los sindicatos y la patronal... e incluso los técnicos de Hacienda le están pidiendo que rectifique la política de hacer caja con los contribuyentes más vulnerables.
La decisión de no elevar el mínimo exento para adaptarlo a la subida del salario mínimo en 2025 ha reabierto el melón de la justicia fiscal en España. La titular de Hacienda defiende que el Gobierno ha incrementado tanto el SMI (un 61% desde 2018, hasta los 1.184 euros) que ha llegado la hora de que este colectivo empiece a pagar impuestos. Matiza, en todo caso, que el 80% de los perceptores seguirán sin tributar por este concepto por su situación familiar y personal y admite en privado que el agujero en la recaudación supone poco más de 1.000 millones de euros. Por eso los expertos en fiscalidad consultados por EL MUNDO claman contra el giro de guion, especialmente en un momento en el que las arcas públicas están infladas porque el Gobierno se ha negado a deflactar la tarifa del IRPF y ha aprovechado la espiral inflacionista para llevar a cabo la mayor subida encubierta de impuestos a la clase trabajadora de la historia.
La recaudación por IRPF cerró el año 2018 algo por debajo de los 83.000 millones de euros. La información más actualizada de la Agencia Tributaria apunta a que en 2024 los ingresos por este tributo rozarán ya los 130.000 millones. Son 47.000 millones más que se han ingresado gracias a la mejora del empleo y los salarios, especialmente en la etapa pospandémica. Pero el impulso, sobre todo, ha venido de una inflación desbocada tras el estallido de la guerra en Ucrania que el Gobierno se ha negado a tener en cuenta a efectos tributarios para aliviar la presión fiscal y permitir que, efectivamente, la clase trabajadora compense la escalada de los precios con mejoras salariales.
El Banco de España ha calculado que «la mitad del incremento de la ratio de IRPF sobre PIB observado entre 2019 y 2023 estaría explicada por el efecto progresividad en frío», que es como se conoce la subida fiscal encubierta que se produce cuando el impuesto no se adapta a la evolución de los precios y salarios. Tomando estos cálculos como referencia, el economista Javier Santacruz estima que «el Gobierno ha extraído unos 16.000 millones de euros de todos los salarios en los últimos años gracias a la inflación». Algo que considera «injusto e inmoral», teniendo en cuenta que «la renta disponible real se ha estancado en los últimos cinco años y el PIB per cápita por hora trabajada está en el mismo nivel que cuando entramos en el euro».
Para Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, exdiputado de Ciudadanos y uno de los mayores expertos en fiscalidad del país, estamos ante «el mayor aumento fiscal de todos los que ha habido en España» y del que, hasta la fecha, los perceptores del SMI habían salido intactos porque no estaban obligados a pagar IRPF. «Pero, de un día para otro, el Gobierno les ha impuesto un 43%», que es lo que se va a quedar Hacienda de la subida de 50 euros mensuales aprobada para 2025, «por lo que van a perder poder adquisitivo aunque, sobre el papel, el sueldo les haya subido un 4,4%», constata.
'Hachazo' del 43%
Efectivamente, si Hacienda no rectifica, a partir de este mismo mes, las empresas van a empezar a aplicar una retención de 21,4 euros en la nómina a todos los trabajadores que cobran el SMI, que verán cómo su sueldo mensual sube en 28,6 euros, en lugar de los 50 euros prometidos por el Gobierno. A lo largo del año, el importe total retenido alcanzará los 300 euros por 14 pagas. Es decir, Hacienda se quedará en concepto de IRPF el 42,8% del alza anual de 700 euros.
El colectivo de perceptores del SMI no está obligado a presentar la declaración de la renta porque sus ingresos anuales (16.576 euros en 2025) no superan los 22.000 euros que obligan a toda persona física con un pagador a declarar el IRPF. Sin embargo, los trabajadores que se sitúan en esta banda salarial sí tendrán retención en su nómina tras la decisión de Hacienda de no elevar el mínimo exento, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años.
Según los datos recopilados por el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas (REAF), a la hora de hacer la declaración de la renta, sólo en dos comunidades autónomas la cuota a pagar será inferior a esos 300 euros de retención lineal. Se trata de Madrid, donde la tributación se quedaría en 287,12 euros, y la Comunidad Valenciana, donde se sitúa en 280,67 euros. Por lo que en esos casos sí compensará presentar el IRPF «para, al menos, recuperar parte de lo retenido», indica el director del servicio de estudios del REAF, Rubén Gimeno.
Más allá de los perceptores del SMI, De la Torre enfoca hacia dos problemas de base del sistema tributario al mismo tiempo. Empieza por la progresividad en frío que han sufrido «la inmensa mayoría de los trabajadores». Y continúa por el incremento del tipo efectivo que se ha venido produciendo, precisamente, porque la propia inflación ha ido haciendo saltar de tramo a unas rentas que, además, se han visto sujetas a un catálogo de exenciones que tampoco se han actualizado y a unos tipos marginales (lo que se paga por una unidad de renta adicional) que son «un disparate» en los tramos más bajos del IRPF.
Coincide con este diagnóstico José Félix Sanz, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense y catedrático de Economía Aplicada en esa misma universidad. A su juicio, uno de los «cánceres del IRPFque genera esas distorsiones en la parte baja» que hacen tributar a los perceptores del SMI en un 43% es la reducción por rentas del trabajo. «Es desastrosa porque dispara los tipos marginales en rangos de renta muy estrechos», explica.
Ante esa realidad del sistema, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha planteado como alternativa a la medida de Montero la exención de tributación a todos los trabajadores y pensionistas que cobran sueldos y pensiones hasta el nuevo importe del SMI de 16.576 euros anuales, con independencia de su situación personal y familiar, y a la vez minimizar la pérdida de recaudación mediante un ajuste de la reducción por obtención de rentas del trabajo para los importes que estén entre el nuevo SMI y el límite vigente de rentas netas del trabajo (19.747 euros).
Hay que tener en cuenta, en todo caso, que hacer la declaración de la renta no implica tributar. Independientemente de los ingresos, el sistema funciona con un abanico de exenciones que favorece devoluciones en función de las cargas familiares y personales del contribuyente. Por eso, desde el Gobierno vienen defendiendo de un tiempo a esta parte la universalización de la declaración. Lo hizo la propia Yolanda Díaz cuando, a finales del año pasado, incorporó una modificación para obligar a los parados a hacer la declaración. Previamente se hizo con los perceptores del Ingreso Mínimo Vital o con los autónomos que ingresan menos de 1.000 euros mensuales en la reforma para la cotización por ingresos reales.
Poco a poco, también de manera encubierta, el Ejecutivo ha ido incorporando a cientos de miles de contribuyentes a la base de datos de la Agencia Tributaria. En el área económica del Gobierno defienden que ampliar el colectivo de declarantes, por un lado, facilita el conocimiento sobre el nivel de rentas para la concesión de ayudas públicas y, por otro lado, podría acabar con la estigmatización del colectivo de perceptores de prestaciones a través de la figura del impuesto negativo.