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El Gobierno no tiene un registro único y actualizado de cuántos menores migrantes están ahora a cargo de las comunidades autónomas. Algunos gobiernos regionales se resisten a facilitar los datos y se niegan a acoger a más personas. Entre el oscurantismo y un veto prácticamente generalizado al reparto en las autonomías del PP se va a producir el traslado de 4.400 niños y adolescentes que aguardan en Canarias y Ceuta. Según los datos solicitados por EL MUNDO a las 17 CCAA, el punto de partida es desigual. Andalucía atiende en estos momentos a más menores -1.376- que ocho comunidades autónomas juntas, a pesar de que tiene un millón y medio de habitantes menos que todas ellas.
El pacto entre el Gobierno y Junts contempla repartir a la mitad de los menores en función de la población de cada comunidad. También se van a tener en cuenta la renta per cápita, la tasa de paro, el promedio de atendidos en los últimos meses y los medios existentes. Lo «deseable» es tener una plaza por cada 2.500 habitantes. La foto fija muestra que Andalucía tiene ahora a 1.376 niños bajo su cuidado. Como su población es de 8,5 millones de habitantes, eso significa que se hace cargo de un menor por cada 6.200 habitantes.
En el extremo contrario se encuentra La Rioja, que sólo acoge a 13 menores actualmente; es decir, una persona por cada 24.800 habitantes.
Más en Andalucía que en 10 CCAA
Andalucía reivindica que tiene un 11% más niños que el año anterior y que sólo en lo que va de año han ingresado 138 nuevos usuarios de su sistema de protección. En estos momentos se encarga de más niños que los que tienen ocho comunidades juntas (Castilla y León, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, Asturias y La Rioja), a pesar de que tiene un millón y medio de habitantes menos que todas ellas, que aglutinan una población de 10 millones de ciudadanos.
Este sistema de acogida descentralizado provoca grandes diferencias que ahora complican el reparto. Por ejemplo, Asturias, con 101 menores en sus centros, tiene una presión asistencial (un persona por cada 10.000 habitantes) que es el doble que la de Castilla-La Mancha, con 94 niños y una proporción de un atendido por cada 22.000 habitantes.
Las dos regiones, en todo caso, se encuentran en el furgón de cola de los ingresos actuales junto a La Rioja, Extremadura (73 menores, uno por cada 14.500 habitantes) y Castilla y León (180 menores, uno por cada 13.200 habitantes).
Esfuerzo asistencial
Baleares es la región que más esfuerzo asistencial realiza actualmente, pues tiene acogidos a 634 menores, el equivalente a una persona por cada 1.900 habitantes. Le siguen el País Vasco (con 900 atendidos, uno por cada 2.450 habitantes) y Cataluña (con 2.242 menores, el equivalente a una persona por cada 3.500 habitantes). Luego van Navarra, con 163 menores acogidos, el equivalente a un menor por cada 4.100 habitantes, Andalucía y Aragón, con 197 acogidos: un niño por cada 6.800 habitantes.
El resto de territorios o bien no ha facilitado datos (Comunidad Valenciana, Cantabria y Melilla) o bien no ha aportado cifras en tiempo real: Madrid dice que desde 2019 lleva 10.618 menores acogidos (937 en lo que va de año) y Murcia indica que ha atendido a «más de 500», sin especificar cuándo ni a cuántos asiste ahora. Galicia, por su parte, habla de 832 menores acogidos y de un 104% de sobreocupación, pero en sus cifras incluye también a los menores españoles.
Las 11 regiones gobernadas por el PP argumentan que llevan tiempo acogiendo más niños de los que les toca y que sus centros están por encima de sus capacidades. Por ejemplo, en Aragón aseguran que tienen un 189% de ocupación, con 104 plazas en las que han metido como han podido a 197 niños. «En estas condiciones no se puede», afirman fuentes de la Xunta de Galicia. «El Gobierno sólo nos paga el primer año de acogida, el resto del tiempo tenemos que hacernos cargo nosotros con nuestros propios fondos».
A los tribunales
Aragón, Andalucía, Galicia y la Comunidad de Madrid amenazaron ayer con llevar a los tribunales el real decreto aprobado en Consejo de Ministros por «fomentar la inmigración irregular masiva», en palabras de Isabel Díaz Ayuso. El resto de autonomías populares advirtió de que no acogerán a más menores porque los criterios de reparto son «partidistas» y para no actuar «al dictado de los separatistas», como dijo el presidente valenciano, Carlos Mazón, un día después de pactar con Vox.
Hasta en Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, hay malestar. «No tenemos información directa del Gobierno. Pero, desde el momento en el que se ha pactado la política de migración con Junts, ya cualquier cosa empieza mal», reconocen fuentes del Ejecutivo regional.
*Con información de Marta Belver, Josean Izarra, Ismael Poveda, David Vigario, Eduardo Colom y Noa de la Torre.