El pacto entre el Gobierno y Junts, para la reubicación de 4.000 menores inmigrantes hacinados en Canarias y de 400 de Ceuta, a través de un Real Decreto-ley, ha tenido respuesta inmediata en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Sobre todo, la madrileña que, según este acuerdo, acogería 700, es decir, algo más de la quinta parte. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en un mensaje en redes sociales que llevará "a los tribunales y a la UE" ese acuerdo: "No se puede fomentar la inmigración irregular masiva".
En su crítica al acuerdo, Ayuso añade: "La política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias. Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada".
Curiosamente, tras el pacto presupuestario en Valencia entre Mazón y Vox, el PSOE insistía hoy en el racismo de esa región en materia de inmigración. Sin embargo, la Comunidad Valenciana va a seguir la dirección de los territorios gobernados por el Partido Popular, negándose a acoger a menores inmigrantes si no hay capacidad para alojarlos "con respeto y garantías". "Son personas a atender, no paquetes a recepcionar", sostienen a EL MUNDO fuentes populares.
Este planteamiento es consecuente con la postura del PP y que fue suscrita por Alberto Núñez Feijóo y por el presidente canario, Fernando Clavijo. Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad, las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país.
"Establecimos una serie de condiciones muy razonables para modificar la Ley de Extranjería, pero el Gobierno prefiere negociar un decreto con Junts antes que una ley con el PP", insisten desde el PP. "Es insolidario condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados, como también lo es repartir a los inmigrantes llegados a nuestras costas de manera asimétrica y siguiendo solo criterios partidistas", añaden.
"El Gobierno, que ya troceó la gestión de fronteras y el control de la inmigración para contentar al independentismo catalán en detrimento del resto de territorios, se abre ahora a mandar inmigrantes con carácter discrecional y con criterios políticos. Y con el único objetivo de blindar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez para continuar en el Palacio de la Moncloa", prosigue la crítica. "El Ejecutivo ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad", abundan, asegurando que analizarán de forma crítica el decreto: "No es nuestro modelo".
Desde Vox, también se han sumado a esa ruta contraria al acuerdo entre el Gobierno y Junts. Su líder, Santiago Abascal, también ha levantado la voz a través de su cuenta de 'X'. "Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia... ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su Rey. Punto."
Aragón: "Oposición frontal" y tribunales
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, tras conocer los primeros detalles del acuerdo migratorio, ha expresado su intención de "recurrir el decreto ante los tribunales nacionales y europeos en cuanto salga a la luz", porque "no vamos a permitir que los independentistas catalanes decidan el desarrollo de las políticas que afectan a todos los españoles".
Con ello, el barón zaragozano pretende armar una "oposición frontal" ante el pacto que, considera, "mayor desigualdad y mayor xenofobia genera en la historia de la democracia", por lo que, ha confirmado, su región "no va a colaborar con el Gobierno de España, cuya única ideología que tiene es la del poder".
Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha acompañado al dirigente autonómico en un acto en Zaragoza, ha denunciado que el Gobierno no informase previamente de sus intenciones a las comunidades autónomas presentes en la Conferencia Sectorial de Inmigración, y ha criticado que "Pedro Sánchez pretende realizar un reparto de menores como si se tratase de paquetería", pero, le ha recordado, "son niños".
Baleares: "No podemos asumir ni uno más"
La comunidad autónoma balear también se ha plantado ante la propuesta de reparto. El gobierno autonómico que preside Marga Prohens ha reaccionado al anuncio con dureza, recalcando que la región insular, que constituye una de las puertas de entrada de la inmigración ilegal a España por vía marítima, no está en condiciones de asumir más menores no acompañados.
"No tenemos recursos para asumir más menores de los que ya atendemos", ha explicado la consejera de Asuntos Sociales de Baleares, Catalina Cirer.
En declaraciones desde el Parlamento autonómico, Cirer ha anunciado que los servicios jurídicos estudiarán una eventual impugnación judicial del decreto si finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez lleva adelante su plan de reparto de menores.
Según los documentos presentados, el archipiélago debería asumir 59 menores. Dándose la circunstancia de que los servicios de acogida están desde hace meses al límite de su capacidad.
El gobierno balear ha llegado a cifrar en un 800% la sobreocupación de los servicios, provocada por las crecientes oleadas de pateras que llegan a las costas desde el norte de Argelia.
"No hay recursos materiales ni humanos para atender en condiciones dignas a más menores", ha alertado el Govern, que afirma que no ha sido consultado previamente por la cifra de menores que debería acoger. "Este reparto responde más a la conveniencia política que a la de los menores", ha criticado Cirer este martes tras conocer la noticia.
Andalucía y Galicia: "Un Gobierno permanentemente chantajeado"
Los presidentes de Andalucía y Galicia, Juanma Moreno y Alfonso Rueda, han coincidido este martes en rechazar el acuerdo del Gobierno con Junts y no descartan recurrir a la Justicia, aunque esperarán a conocer el detalle de lo pactado: "Este es un gobierno permanentemente chantajeado. Los cupos no los puede decidir un prófugo de la Justicia", han dicho ambos, tras conocerse que se ha negociado el reparto de menores migrantes al margen en una negociación bilateral de la que nada se informó durante la conferencia sectorial celebrada el lunes en la que estaban sentadas todas las comunidades autónomas junto al Gobierno.
El presidente de la Junta de Andalucía ha lamentado que se trata de la "enésima cesión al independentismo" por parte de un gobierno "sumiso". "Somos una tierra solidaria pero no admitimos imposiciones", ha afirmado. "Queremos un gobierno que garantice nuestras fronteras y que nos facilite los recursos para atender a esas personas", ha añadido.
"Vamos a ver en qué consiste ese acuerdo. Nos queda siempre la Justicia como último recurso y no la descartamos", ha afirmado el presidente de la Xunta de Galicia.
Valencia: "No aceptaremos más trampas"
El encargado de recordar el posicionamiento en contra de la Comunidad Valenciana ha sido el propio presidente de la Generalitat. Tras vincular este lunes el acuerdo presupuestario con Vox al rechazo de su Gobierno a acoger más menores migrantes en los centros valencianos, Carlos Mazón ha reiterado este martes que considera una "trampa" el pacto entre Pedro Sánchez y Junts.
"No aceptaremos más trampas del Gobierno al dictado de los separatistas", ha dicho en sus redes sociales Mazón, que ha tenido que cancelar el único acto de su agenda pública por las lluvias. Eso sí, desde la Generalitat no confirman aún si, al igual que han avanzado otras comunidades, la idea es recurrir el Real Decreto-ley a los tribunales.
El Parlamento Europeo viajará a Canarias para analizar el colapso migratorio
El Parlamento Europeo ha aprobado, a instancias del PP, una misión de investigación a Canarias ante la situación de colapso que se vive en las islas por la crisis migratoria.
La misión, que tiene como objetivo estudiar la "necesidad de una acción conjunta de la Unión Europea en materia de migración en el Mar Mediterráneo", se ha aprobado en la reunión de coordinadores de la Comisión de Peticiones y se celebrará en el segundo semestre de este año.
La eurodiputada del PP y miembro de la Comisión de Peticiones, Alma Ezcurra, ha denunciado cómo "el Gobierno de Sánchez sigue de brazos cruzados ante la crisis migratoria. Su inacción está convirtiendo a las islas en la principal vía de entrada de inmigración irregular en Europa, mientras rechaza la ayuda comunitaria y abandona el flanco sur a su suerte".