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La jueza Beatriz Biedma que investiga el presunto caso de enchufismo del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz retoma este martes de nuevo la ronda de declaraciones en la sede del Juzgado de Instrucción nº3 de la capital pacense. A partir de las 9.30 horas de la mañana están citados Evaristo Valentí, que fue director del Conservatorio y ahora es profesor en el Superior de Música 'Bonifacio Gil' de Badajoz; Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez'; Ignacio Sánchez, propietario del apartamento que se anunciaba en la plataforma AirBnb y que ha señalado que David Sánchez Pérez-Castejón se puso en contacto con él para el alquiler de la vivienda antes de que realizara la prueba para conseguir la plaza; y Álvaro Jaén, que fuera coordinador de Podemos en Extremadura en 2017 y que fue el primer partido político que dio la voz de alarma sobre el caso, quien llegó a denunciar que en las bases del concurso "no exigían ni siquiera el título de profesor de música".
La ronda de declaraciones continuará el miércoles con tres altos cargos de la Diputación (secretario general durante la creación del puesto, el que luego ocupó ese puesto en el cambio de plaza del músico a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas a finales de 2022 y el interventor de la institución). Estas siete personas están citadas en calidad de testigos.
Para el día 25 de este mes está citado de nuevo el propio hermano del presidente del Gobierno (que ya declaró el pasado 9 de enero) y por primera vez Luis Carrero Pérez, ex asesor del área de Presidencia de Moncloa y que fue contratado por Diputación a finales de 2023 como colaborador directo de David Sánchez en la Oficina de Artes Escénicas, y que desde al menos tres años antes a través de correos electrónicos daban por hecho su 'fichaje' en la institución pacense. Ambos declararán sobre cómo se confeccionó la plaza que finalmente ocupó Carrero, que ocupó durante tres su plaza de asesor en Moncloa: la de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades transfronterizas del ente provincial.
Además, fue el encargado, y sólo cuando lo exigió la jueza, de entregar en Diputación los informes anuales que debía de elaborar el hermano del presidente donde debí de recoger con detalle su trabajo como alto cargo de la Diputación. Lo hizo el 3 de febrero en el Área de Cultura y sólo cuando los requirió la jueza, que duda sobre si la firma, realizada a mano y no de manera telemática, corresponde realmente a las fechas de las anualidades o se hicieron todas de forma conjunta para justificar unos balances que nunca habían sido presentados como era obligación del hermano del presidente. También ha sido a declarar como imputado Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz y responsable y diputado provincial de Cultura de la Diputación de Badajoz. Cabezas estaría implicado en la contratación del ex asesor de Moncloa, por lo que también se ha llamado a sede judicial a Manuel Candalija, director del área de Cultura por el mismo asunto.
Estas declaraciones se realizan en el contexto de los últimos autos judiciales muy contundentes de la jueza Beatriz Biedma que, a pesar de los numerosos recursos de las defensas, sitúan a David Sánchez y al resto de imputados, incluido el presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, al borde del banquillo porque parece segura -salvo vuelco judicial del caso- la apertura de juicio oral y más tras la aparición de varias pruebas que, en opinión de la juez, demuestran que el puesto fue otorgado 'a dedo', como los correos electrónicos intervenidos por la UCO entre los dos directores de los Conservatorios donde antes incluso de saberse las personas que se presentaban al puesto ya hablaban en sus mensajes del "hermano".
Hay que recordar que David Sánchez Pérez-Castejón presentó su renuncia el pasado 5 de febrero como alto cargo de la Diputación de Badajoz, acosado por la investigación y la aparición de pruebas sobre las presuntas irregularidades en su contratación en la institución pacense. Lo hizo dando un periodo de tiempo de tres meses para que el relevo se realizara de forma "ordenada" y "causando los mínimos perjuicios al funcionamiento de la entidad local". El hermano del presidente del Gobierno trabaja en la institución pacense de forma oficial desde el 10 de julio de 2027.
Con las declaraciones de esta semana, la juez Beatriz Biedma encara la parte final de la investigación, que comenzó a comienzos del mes de junio del año pasado tras la presentación de una denuncia de Manos Limpias. Cuando cumpla el año, deberá de decidir, como todo hace indicar, si prolonga el periodo de instrucción durante más tiempo ante la aparición de nuevas pruebas.