La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el caso Alves ha tenido la virtud de mostrar la imposibilidad de que la Justicia sobreviva a la ley del sí es sí, salvo que se acepte que una ley puramente ideológica y contraria a los fundamentos del Derecho prevalezca sobre la Justicia. Que es lo que quisieron los y las que urdieron esa ley: la venganza, a partir de una denuncia de hoy, en todos los hombres de lo que las mujeres sufrieron injustamente ayer a manos de otros hombres. El ser hombre convierte al denunciado en culpable, y dota a la mujer denunciante de la presunción de verdad y de inocencia. Qué digo inocencia, de la infalibilidad total que Ratzinger negaba al mismísimo Papa.
Por eso da igual el piropo o el manoseo que la violación a punta de pistola. Ambos ya eran castigados -de distinto modo- en el Código Penal, pero como no se quiere justicia sino venganza, lo ideológico excluye lo jurídico, y una interpretación sectaria de la historia anula las garantías que el Estado de Derecho ofrece a todos los ciudadanos; también a las mujeres, que además son esposas, madres o hijas de hombres indefensos. Si el denunciado no tiene derecho a la presunción de inocencia, no hay justicia, sino linchamiento. Salvo a los machos rojos, cuyas agresiones sexuales ocultan las hembras del partido. Es para no perjudicar a la causa, musitan, las que atacan a la Iglesia por lo mismo.
Como editorialmente plantea EL MUNDO, la inconsistencia de la ley del sólo sí es sí hace técnicamente imposible su aplicación. Ya ese «sólo» borra todos los matices en la relación entre los sexos, pero hay leyes que, aunque se anulen, dejan un rastro atroz. La penalista y criminóloga Bárbara Royo ha dicho a cuenta del caso Alves que «hay ya un sector de la judicatura que acepta la justicia de pancarta», que «trocea las sentencias» y rechaza las pruebas que perjudican a la denunciante y condena en función de las que admite.
En el caso Alves ambas partes mintieron, pero las pruebas menos discutibles -ADN y filmaciones- favorecen a Alves, absuelto por unanimidad tras año y medio en la cárcel. Las ministras pasada y presente de Igualdad, la hacendista Montero y todo el Gobierno social-comunista han insultado al TSJC por su «justicia heteropatriarcal». Prefieren la injusticia de género. La presunción de inocencia se reserva para Sánchez, Begoña, Monedero y Errejón.