La Comisión Europea dio ayer la puntilla a la reforma de las pensiones con un informe que cuestiona su sostenibilidad, al prever un aumento del gasto de 3,6 puntos hasta 2070. Bruselas insta a un ajuste de 12.000 millones para cuadrar el mayor agujero de las pensiones en Europa, y se suma a la nutrida lista de organismos críticos con la reforma del ministro José Luis Escrivá, tanto internacionales (del FMI a las agencias Moody's y Standard & Poor's) como nacionales (del Banco de España a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Todos consideran insuficientes las medidas destinadas a paliar el impacto de las pensiones en las cuentas públicas, como el aumento de las contribuciones y los estímulos para postergar la jubilación. El consenso en torno a la inviabilidad del modelo ha llevado incluso al director del centro de estudios Fedea, Ángel de la Fuente, a pedir a la Comisión que no lo acepte aunque ello comprometa la cuarta entrega de fondos europeos.
Tras constatar, además, un retroceso respecto a las reformas de 2011 y 2013 en España, que no blindaban por ley la revalorización de las prestaciones con el IPC, el varapalo europeo obliga al Gobierno a rehacer su reforma atendiendo no a criterios electoralistas, sino a un examen sólido de las cuentas. De ello depende el futuro de millones de españoles y, sobre todo, de los jóvenes.