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El coche de la juez sustituta del conocido como caso Barbate, en el que se investiga la muerte de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha en febero de 2024, ha sufrido daños la pasada madrugada.
María Eulalia Chanfreut investiga lo que sucedió el 9 de febrero de 2024 cuando murieron arrollados por una lancha los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez. Fue ella la que ordenó la práctica de las primeras detenciones. Además, investiga la posible responsabilidad penal de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron la intervención de los agentes aquella noche.
La juez María Eulalia Chanfreut, primera instructora del caso Barbate y juez sustituta adscrita a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de la localidad, ha denunciado ante la Guardia Civil la vandalización de su vehículo, aparcado en la puerta de su domicilio particular. Chanfreut denunció los destrozos en su vehículo el pasado 8 de marzo. Esa mañana, al ir a coger el coche, se encontró con que tenía las cuatro ruedas pinchadas, había sido rociado con pintura tanto en el capó como en el techo y en los laterales, y el símbolo trasero de la marca del fabricante había sido sustraído. "Estos sucesos causan una profunda inquietud en la judicatura", ha denunciado Sergio Oliva Parrilla, portavoz de Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
En un primero momento, la Guardia Civil detuvo por error a El Cabra y a otras cinco personas que esa noche estaban el puerto a bordo de narcolanchas. Meses más tarde, los agentes dieron con la persona que esa noche conducía la lancha, Karim El Baqqali, apodado El Enfadao.
"Por eso", ha añadido Oliva, "es fundamental que contemos con garantías personales y materiales que nos protejan. Y así lo hemos exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia".
Además, el portavoz de AJFV recuerda que su asociación reclama que la Audiencia Nacional "asuma la competencia sobre este tipo de delitos relacionados con el narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos de los mismos. Esta distribución competencial evitaría, en definitiva, la tentación de tratar de condicionar a los miembros de la carrera judicial en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos".
Acoso y agresiones
El ataque al coche de la magistrada es un elemento más de la situación que viven guardias civiles, policías y jueces en el Campo de Gibraltar y la costa gaditana en general. Acosados y agredidos por las mafias de la droga, que extienden la presión a sus familias, y sin apenas medios para luchar también contra la inmigración ilegal muchos de ellos optan por elegir otros destinos, con lo que sus puestos de trabajo son de paso y no consolidan.
En los últimos tiempos, el Campo de Gibraltar ha sido el escenario de vistosas persecuciones, alijos a pleno sol e incluso del asalto a un hospital para liberar a un traficante custodiado. La sucesión de calificativos sobre la comarca de España quehace huir a policías y a guardias civiles es demoledora. Las grandes familias de la droga se han hecho grandes, "están cómodas" e incluso poseen armas de guerra con la que protegen sus alijos cuando alcanzan la costa incluso a plena luz del día.
Los agentes y sus familias trabajan bajo la presión constante del entorno que apoya u opera para los traficantes y las redes de inmigración ilegal. Muchos de los efectivos han optado por vivir en otras poblaciones alejadas de su lugar de trabajo para evitar represalias. Las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están a la orden del día. «Durante las intervenciones se graba a los agentes para exponer sus datos en las redes fomentando el acoso a sus familias». También sucede con jueces y fiscales.
La Línea de la Concepción, Algeciras y Tarifa se han convertido en un castigo. Nadie quiere trabajar allí. Así lo demuestra que el 40% de la plantilla policial (300 agentes) haya solicitado el traslado. El problema es que los agentes de la Policía y de la Guardia Civil, no terminan de arraigarse a una zona en la que contar con equipos consolidados es esencial para enfrentar con efectividad el abanico de delitos que concentra. Con estos datos en la mano, los agentes vuelven a exigir al ministro Fernando Grande-Marlaska la declaración urgente del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad.