El próximo miércoles 7 de mayo será un día determinante para la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, porque la Audiencia Provincial de Valencia determinará si se sentará o no en el banquillo junto a otros cargos y funcionarios para ser juzgada por su actuación en el caso de los abusos de su ex marido a una menor tutelada.
Apartada de la primera línea política en junio de 2022, cuando presentó su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad al ser imputada en la causa, el sobreseimiento provisional en abril de 2024 podían haberle abierto de nuevo las puertas, porque el instructor no encontró "ni un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la conselleria dirigidas a ocultar los hechos o a desacreditar a la menor". Sin embargo, el juez tuvo que dictar auto de procesamiento abreviado contra Oltra, el subsecretario de Igualdad y ocho funcionarios "por imperativo legal" al cuestionar la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial sus conclusiones y matizar que no se podía descartar «claramente» la existencia de delitos.
Los funcionarios recurrieron este procesamiento abreviado el pasado 21 de junio y la Audiencia Provincial, en una resolución del 14 de febrero, fija el 7 de mayo como fecha para valorar las apelaciones por parte de los magistrados Pedro Castellano, Isabel Sifres y Clara Eugenia Bayarri, que actuará como ponente.
Son los mismos magistrados que instaron a Instrucción a sentar en el banquillo a los acusados, por lo que algunas fuentes jurídicas consultadas estiman que será difícil que la vicepresidenta y el resto de implicados no sean juzgados. De hecho, la ex vicepresidenta no presentó recursos ni se adhirió a los presentados por el resto de implicados.
Ni para el subsecretario -para quien la defensa de la menor pidió el archivo de la causa- ni para los funcionarios hay atribución de delito alguna por parte del instructor ni de la Audiencia, que sí que consideró como "hipótesis plausible" que las personas que tutelaban a la menor hubieran "pretendido ocultar el abuso sexual". "No se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida", recogía la resolución judicial que el pasado mes de junio a las partes.