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El día que Carlos Mazón admitió que no llegó a la reunión del CECOPI hasta las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta, él mismo desmontó su relato político de lo que hizo el día de la dana para armar su defensa judicial. Lo hizo después de que la juez de Catarroja que investiga la dana indagara sobre quién se incorporó a la reunión de la emergencia justo antes de que se avisase a la población. Su desvinculación del CECOPI, de hecho, llevó al PP a confiar en que se alejaba una hipotética imputación del presidente de la Generalitat.
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas creen que Nuria Ruiz Tobarra, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, deja entrever en su último auto que no descarta ni mucho menos acabar pidiendo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la imputación de Mazón. De hacerlo, será algo que todavía tardará, por lo que el PP podría enfrentarse a todo un vía crucis judicial si Alberto Núñez Feijóo no mueve ficha para forzar una salida de Mazón. El avance de la instrucción ya ha evidenciado que el foco seguirá estando sobre el presidente valenciano y la actuación de su Gobierno el día de la dana.
La clave está en que la propia juez es la que avanza que descarta expresamente citar a Mazón como testigo. «No ha lugar a la declaración como testigo del presidente de la Generalitat», señala la juez en respuesta a la solicitud de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud. Las fuentes consultadas sostienen que no se puede llamar a alguien como testigo sabiendo que acabará siendo imputado, precisamente para no vulnerar su derecho de defensa.
En este sentido, la magistrada ha sugerido a Mazón una declaración voluntaria como investigado, consciente de que ostenta la condición de aforado ante el TSJ como presidente de la Generalitat. «La declaración como investigado o querellado sólo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara», explica Ruiz Tobarra en un auto notificado el pasado lunes, al que Mazón respondió dejando claro que no lo haría.
Según la juez, «no procede su citación como investigado sin perjuicio de que él mismo pudiera solicitarlo, que lo habrá de ser no como testigo, sino al amparo de las garantías propias a que se refiere el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». El TSJ ya inadmitió en diciembre las querellas formuladas contra Mazón, de la misma forma que en febrero volvió a rechazar su imputación por la «falta de indicios sólidos de responsabilidad».
Ante la imposibilidad de investigar ahora a Mazón, abogados personados en la causa creen que serán las declaraciones de los testigos y los investigados -los ex altos cargos de la Generalitat Salomé Pradas y Emilio Argüeso- las que acaben despejando el camino de la imputación para Mazón. Dicho con otras palabras, se espera que alguien señale al presidente de la Generalitat por haber dado la orden de enviar el mensaje de alerta. La ex consejera Pradas, que tenía la dirección de la emergencia, ya ha dicho que no se esperó a Mazón para tomar la decisión.
De momento, Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana, pidió ayer a la juez de la dana el visionado de «la totalidad de las cámaras de videovigilancia de la sede en la que se desarrolló la reunión del CECOPI». La solicitud de la nueva diligencia de investigación se produce ante la sospecha de que la Generalitat pudiera haber manipulado la imagen que difundió de Mazón entrando en el edificio a las 20.28 horas. Presidencia de la Generalitat negó ayer que se hubiese alterado.
Las víctimas de la dana, además, siguen poniendo el foco en el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, al que la juez tampoco quiere citar como investigado. La Asociación de Damnificados también recurrirá este auto, al igual que Hazte Oír recurrirá la inadmisión de la querella que se presentó contra Polo.