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La jueza que investiga la dana no sólo tiene claro que la responsabilidad de la gestión de la emergencia recae en la Generalitat y no en el Gobierno central. En su último auto, la magistrada de Catarroja descarta además la tesis que han esgrimido el Gobierno de Carlos Mazón y los dos ex altos cargos imputados -Salomé Pradas y Emilio Argüeso- del supuesto "apagón informativo". No lo hubo, a juicio de la magistrada, que ha citado por tanto a declarar como testigo a Miguel Polo.
La imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a quien culpan en la Generalitat por la falta de información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, ya la descartó la Fiscalía. En un auto notificado este jueves, la jueza Nuria Ruiz Tobarra señala también que "no concurren indicios de delito que justifiquen la atribución de la condición de investigado". La Fiscalía, en todo caso, ha pedido los informes que tuvo que elaborar el día de la dana el organismo estatal.
Eso sí, acepta la petición de Argüeso de citarlo como testigo junto a otras doce personas, entre las que figuran técnicos y altos funcionarios de Emergencias de la Generalitat. Se trata de Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias; Inmaculada Piles, jefa del servicio de coordinación de 112; José Miguel Basset, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia; Alberto Martín, director general de Emergencias; Raúl Quílez, director de la empresa pública SGISE; o Aurora Roca, técnico de comunicación de Emergencias. También están citadas las alcaldesas de Paiporta y Catarroja y el de Sedaví.
De hecho, la magistrada desmonta en su auto la versión que ofrecieron en su declaración como investigados tanto Pradas como Argüeso, que se escudaron en la falta de información sobre el Poyo en la reunión del CECOPI. "Datos, circunstancias, llamadas, informes estaban plenamente a su alcance", sostiene la jueza, por lo que "ello hace difícilmente admisible la tesis de la ignorancia sobre la evolución de la emergencia".
Es más, en respuesta a Argüeso insiste en que "podía solicitar él mismo que se le informara". Y más después de advertir él mismo a las 14.44 horas del día 29 de octubre que los barrancos estaban "a punto de colapsar".
La jueza es clara al mantener a la CHJ al margen de cualquier responsabilidad: "No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH, ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo".
Es decir, para la magistrada, los datos que sobre el caudal suministraba el SAIH -el sistema de información automático de la CHJ- eran más que suficientes para hacerse una idea de la situación del Poyo. Que la CHJ no remitiera ningún correo electrónico de alerta entre las 16.13 y las 18.43 horas es, a juicio de la jueza, irrelevante.
Y ello a pesar de que la Generalitat ha mantenido desde un principio que la propia CHJ advierte en su web de la poca fiabilidad del SAIH, pues sus datos "tienen el carácter de no oficiales". Son provisionales "hasta que sean revisados, depurados y validados", según la CHJ.
Inadmite querella contra Mazón
En otro auto, la magistrada vuelve a inadmitir otra querella contra Carlos Mazón por su condición de aforado. "La declaración como investigado o querellado del President sólo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara", reitera. Mazón, sin embargo, ha descartado esta opción.