El origen de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil en coordinación con un juzgado gaditano sobre la presunta trama de compra de favores en Puerto III, la mayor cárcel de España, está en una denuncia que presentó la mujer de un recluso el 21 de septiembre de 2022. EL MUNDO, que viene revelando este escándalo desde hace semanas, ha tenido acceso ahora a ese documento de tres páginas.
La denunciante explica que su pareja, por entonces en el módulo 11 de la prisión, le explicó que vivía envuelto en un turbio ecosistema donde algunos presos y determinados altos funcionarios del penal estarían compinchados para obtener réditos económicos gracias a la agilización de permisos, terceros grados o concesión de otros beneficios penitenciarios como vis a vis íntimos o con familiares.
En concreto, en la denuncia se cita a uno de los investigados judicialmente, Trifón M. M., quien ejercía en ese momento como administrador de Puerto III, aunque se jubiló poco después de su detención. Su arresto se produjo en junio de 2024.
Según explicó aquel reo a su mujer y ésta le contó más tarde a los investigadores, un preso de origen marroquí llamado «Ussama» «tenía mano con don Trifón». En una ocasión, ese tal Ussama le habría dicho que contactaría con él para conseguirle un permiso, pero siempre a cambio de «un regalito», expone la denuncia.
En la denuncia también se explica que aquel preso nunca pagó nada, pero que Ussama empezó a amenazarle y a hacerle la vida imposible después de que al denunciante se le concediera un permiso de salida. Ussama le habría dicho que él se lo consiguió y que debía pagarle 3.000 euros a través de su abogado.
Si no lo hacía, «perdería el permiso a las buenas o a las malas». La familia del preso extorsionado llegó a barajar la idea de reunir ese dinero, pero les fue imposible y lo descartaron, según revelan a este periódico fuentes de toda solvencia conocedoras de los detalles. «La idea de su familia era que cesaran las amenazas», añaden.
Una de las represalias que ese tal Ussama habría tomado contra aquel preso, natural de Barbate (Cádiz) y condenado a casi cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública, fue introducirle cocaína en un pantalón y hablar con funcionarios para que le revisaran su celda. Y así se hizo.
Tras hallarle la cocaína, el condenado de Barbate pidió una audiencia con la directora de Puerto III, Esther Serrano, quien llegó a atenderlo. Le explicó que el pantalón era suyo, pero que se lo había prestado a Ussama hacía unos días. Al devolvérselo, llevaba oculta la droga en un dobladillo, sin que él tuviera constancia.
Al revisar las cámaras de la instalación, Esther Serrano comprobó que aquel preso extorsionado decía la verdad. Se veía cómo Ussama le entregaba aquella prenda de vestir. Además, había sido él mismo quien contó que el preso al que le reclamaba dinero escondía cocaína en un pantalón.
Aquel acto de revancha fue el detonante para que Esther Serrano llamara a la mujer del reo, quien conocía el sufrimiento de su pareja, con el fin de mantener una reunión con ella. La máxima autoridad del penal le pidió que presentara una denuncia ante la Guardia Civil. La mujer, también de Barbate, se presentó en la comandancia de de Cádiz y contó todo lo que sabía. A partir de ahí, se abrió una investigación. La directora de Puerto III comenzó a ayudar en sus pesquisas a los agentes.
Serrano trasladó varios «manuscritos de presos» que le habían hecho llegar, así como los informes de dos funcionarios en los que se desvelaba la presunta trama de corrupción establecida en la penitenciaría, que tiene capacidad para albergar hasta a 1.008 reclusos, aunque la cifra actual roza los 1.300.
SIETE INGRESOS EN EFECTIVO: LOS 15.000€ SOSPECHOSOS
La investigación policial reveló una presunta trama de corrupción al más alto nivel en la que, además del ya ex administrador de Puerto III, está involucrado el ex director de dicha cárcel, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz.
Al administrador en ese momento y al anterior director del penal se les acusa de participar en una trama basada en la compra de favores penitenciarios por reclusos de la citada prisión, la cual Rodríguez Ortiz dirigió desde 2012 hasta su jubilación, en enero de 2021. Los implicados cobraban entre 6.000 y 15.000 euros, dependiendo del tipo de beneficio solicitado.
En base a la documentación que maneja este periódico, la Guardia Civil detectó en las cuentas de Trifón M. M. y de su mujer hasta siete ingresos sospechosos y sin justificar de dinero en metálico. En conjunto, sumaban 15.573 euros.
La investigación sitúa a determinados narcotraficantes de Cádiz entre los principales sospechosos de haber tratado con la trama corrupta y de conseguir ciertos beneficios dentro de la cárcel. El Patrón, el Tapaera, el Doro... Uno de ellos al menos, el Tapaera, se comunicaba por teléfono y se reunía en la calle con el ex director del penal incluso dos años después de su jubilación. Las pesquisas de la Benemérita acreditan que el Patrón recibió visitas extraoficiales, clandestinas, «sin registros ni autorización», de personas ajenas a la cárcel.
La Guardia Civil le traslada al juez que Miguel Ángel Rodríguez y Trifón M. M., «aprovechando su posición actual o pasada, ejercerían influencia sobre los funcionarios del centro» y «obtendrían información secreta o privilegiada que trasladarían a abogados o a familiares» de reclusos internos en Puerto III.
Entre la información aportada por Esther Serrano a los investigadores consta que el 26 de septiembre de 2023, la secretaria de Puerto III le expuso que la hermanastra de un preso, quejosa porque el recluso no recibía permisos, le dijo que su hermanastro seguía allí porque ella no tenía dinero para pagar. «Existen rumores de que hay internos que han pagado y por ese motivo ya están en la calle (...) Al menos eso pasaba con el antiguo director».
Aunque la Guardia Civil advierte que estos dos acusados no tenían capacidad sobre la junta de tratamiento —el órgano que fiscaliza el paso de los presos por un penal— la sucesora de Rodríguez Ortiz sí denunció el «interés, cuando menos sospechoso», de ambos por las consultas que le hacían por teléfono y sms acerca de la situación de determinados reclusos.