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Hay ramificación económica importante en la proposición de ley pactada por PSOE y Junts. Aunque el acuerdo se denomina oficialmente sobre «delegación en la Comunidad Autónoma de Catalunya de competencias estatales en materia de inmigración» no otorga poderes a los Mossos d'Esquadra sólo sobre personas que vienen del exterior, también en infraestructuras estratégicas para la economía española.
En concreto, les da poder inédito sobre los puertos, incluido el Port de Barcelona, una entidad clave para la economía nacional.
Así figura en el artículo 8 de la proposición de ley: «Se delega a través de los Mossos D´Esquadra como policía integral (...) en general el ejercicio de las funciones comunes en los puertos y aeropuertos». Y agrega que «las facultades señaladas se extenderán a la totalidad de las zonas de servicio de aeropuertos y puertos, con inclusión tanto de sus zonas de tierra, como de aire, como en las aguas interiores marítimas del puerto (...) así como a los buques y aeronaves atracados, fondeados o estacionados en los mismos».
El Puerto de Barcelona recibe el 25% del comercio marítimo de España, según cifras oficiales. En total, el Port mueve anualmente mercancías por valor de 118.142 millones de euros y alcanza los 71 millones de toneladas de tráfico total. Es uno de los principales de España en tráfico de contenedores y en 2023 registró 8.766 buques mercantes.
Empresas de todo el mundo necesitan que su mercancía llegue o salga y sea aceptada en esta puerta de Europa y la Generalitat logra un considerable poder. Hay mercancías que se mueven en lo que los expertos llaman «áreas grises de la reglamentación» y la autoridad que tiene poder de regulación y, además, el control de la policía que puede supervisar esos bienes gana influencia ante las empresas que las exportan y las importan.
La policía autonómica tendrá ahora total acceso a las zonas restringidas reservadas ahora hasta ahora sólo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con lo que eso supone de control e información.
Lograr funciones de seguridad en el Puerto de Barcelona es una vieja aspiración del independentismo tanto de Junts como de Esquerra. Este último partido colocó a Lluís Salvadó como presidente del Puerto. Es un acusado de malversación por montar estructuras de Estado y ex lugarteniente de Oriol Junqueras en su etapa en la Generalitat, pero su nombramiento fue aceptado sin objeciones por el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando llegó a la Generalitat Salvador Illa, colocó a José Alberto Carbonell, experto portuario y ya sin el perfil politizado de su predecesor.
En la singular estructura portuaria española, aunque el Estado es el titular y propietario, las comunidades autónomas tienen derecho a designar presidente. Lo que no había logrado hasta ahora la Generalitat es poder ocuparse también de la seguridad y la policía administrativa en tan sensible institución. El artículo 8.3 añade otra competencia que nada tiene que ver con la inmigración. Se trata de que las facultades conferidas a los Mossos «se extenderán a la protección de las infraestructuras críticas existentes en los puertos y aeropuertos».
En caso de desórdenes públicos o rebelión, serían los Mossos los que controlarían esas instalaciones clave en puertos y aeropuertos del Estado.
El Port de Barcelona es clave también para el turismo al albergar la llegada cada año de más de 800 buques de cruceros. Según resume la institución en su página web: «Barcelona es el primer puerto del sur de Europa por su capacidad para organizar redes logísticas y prestar servicios de valor añadido a algunos de los sectores económicos más relevantes». A Junts le interesa.