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El Gobierno obligará por primera vez a colegios e institutos a regular, de acuerdo con las normas autonómicas, el uso de pantallas en las aulas con fines educativos. Los alumnos tienen el derecho y el deber de adquirir competencias tecnológicas, pero el proyecto de Ley de Protección de los Menores en Entornos Digitales, que ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros, también constata que hay un «problema» en torno a la utilización ya no sólo de los teléfonos móviles, sino de las tabletas y los ordenadores portátiles, y quiere que los niños y adolescentes hagan un empleo «seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable».
Esta ley orgánica, de hecho, viene a reforzar por su coincidencia en el tiempo el decreto de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que prohíbe el uso individual de estos dispositivos en los colegios públicos y concertados de Infantil (0-6 años) y Primaria (6-12) y para hacer los deberes en casa. La norma estatal amplía el campo de actuación también a los centros privados (no incluidos por Madrid) y suma la ESO (12-16) y el Bachillerato (16-18).
No habla de deberes en casa, pero no se circunscribe a las aulas, sino que se extiende también a las «actividades extraescolares» y a «lugares y tiempos de descanso» supervisados por los adultos, como el comedor y el patio. Y no sólo habla de regular los móviles -como han hecho ya buena parte de las CCAA y, en sintonía, los centros educativos-, sino de adoptar una postura en relación a los ordenadores portátiles y las tabletas, que en los últimos años se han implantado masivamente en las aulas por el boom de digitalización educativa surgido en el Covid y cuyos excesos han comenzado a preocupar a muchas familias.
El texto redactado entre cuatro ministerios (Infancia, Justicia, Derechos Sociales y Transformación Digital) dice que los colegios e institutos tendrán que regular en línea con las normas autonómicas -es decir, los centros de la Comunidad de Madrid seguirán el camino prohibicionista, aunque no estén de acuerdo- y deberán hacerlo «como parte de sus normas de convivencia y funcionamiento». Remite para ello al artículo 124 de la Ley de Educación, que habla de establecer dentro de la programación general anual un plan destinado a «fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar». Estas normas son obligatorias y acarrean sanciones -«medidas correctoras»- que deben especificar las escuelas.
Sociedades científicas
La ley que se aprueba en segunda vuelta para ser remitida al Congreso -la intención es tenerla lista antes de verano- no entra en si hay que prohibir o no, pues esa cuestión deben decidirla las CCAA en el marco de sus competencias. No obstante, la norma estatal prevé la elaboración de una Estrategia Nacional sobre la Protección de la Infancia en el Entorno Digital que incluirá medidas más concretas. Para redactarla, la ministra Sira Rego pidió ayuda a 50 expertos que en diciembre publicaron un informe en el que proponían una regulación para las aulas con la premisa de establecer «límites» siguiendo las pautas de las sociedades científicas.
El informe de los sabios recomienda no hacer ningún uso individual de dispositivos digitales de los cero a los seis años y apuesta por «priorizar la enseñanza de manera analógica» en Primaria, mientras que en la ESO y en FP Básica propone su uso «sólo como herramienta didáctica, debidamente justificada y supervisada, y atendiendo a la edad del alumnado». Es decir, más o menos lo que va a hacer Madrid.
Por otro lado, el proyecto de ley obliga a las CCAA a «fomentar» en los colegios e institutos actividades encaminadas a «la mejora de la competencia digital con el fin de garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable».
Igualmente, las CCAA deben incluir formaciones para los profesores que les den «estrategias para incidir en la seguridad, incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad, y en asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad y la propiedad intelectual».
Control parental
La ley también recoge otras novedades de interés para las familias, como obligar a los fabricantes a incluir sistemas de control parental activados por defecto en los dispositivos digitales. Además, se impondrán obligaciones a los grandes operadores de la comunicación y a los influencers como, por ejemplo, utilizar sistemas de verificación de edad, o separar los contenidos que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita. También se prohíbe con carácter general el acceso por parte de los menores a los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas, los loot boxes.
Otro cambio de calado es la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales que va a permitir elevar la edad mínima de acceso a las redes sociales de los 14 años actuales a los 16, como está establecido en una decena de países. Si un menor quiere abrirse una cuenta antes de esta edad, tendrán que autorizarlo sus padres. Y la idea es que existan mecanismos de verificación de edad realmente efectivos que bloqueen el acceso antes de los 16 años.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha explicado en la rueda de prensa que la ley es «pionera en Europa» y da «solución al problema social de acceso indiscriminado de menores a los entornos digitales sin ningún tipo de control». La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confiado en que la combinación de los controles parentales en los aparatos con los sistemas de verificación de la edad dificultarán el acceso de niños y adolescentes a contenidos no apropiados para su edad.
Según los datos que ha detallado Bolaños, los niños tienen de media su primer móvil a los 11 años, que es la misma edad a la que acceden por primera vez al porno. «Estamos ante un caso de preocupación de las familias que desde el Gobierno tenemos que regular. Es un asunto claro de impacto social. Hay una preocupación de un enorme porcentaje de la población», ha afirmado. Y ha citado el Eurobarómetro que en julio de 2023 señalaba que el 92% de las familias mostraban una alta preocupación por los contenidos a los que accedían sus hijos en internet y el CIS de febrero del año pasado, donde el 94% de los entrevistados afirmaba a favor de restringir la entrada de niños y adolescentes en la Red.