Un estudio realizado en 166 centros educativos de Baleares, y elaborado por profesionales de la docencia, concluye que los alumnos cuyos padres eligieron el castellano como lengua de aprendizaje reciben "un tratamiento discriminatorio, impreciso y sin rigor pedagógico".
El informe lo ha elaborado la entidad llamada Escuela de Todos, que aglutina a tres asociaciones baleares que luchan por la implantación del bilingüismo y la libre elección de lengua: Plis Educación, Societat Civil Balear e Impulso Ciudadano.
Durante meses, los docentes Olga Ballester, Julián Ruiz-Bravo y Joan Font, que suscriben el informe, han recopilado información documental junto a otros miembros de estas entidades.
Del total de 323 centros que hay en las Islas en los que se imparte Educación Infantil, se centran en analizar los 166 que a principio de curso comunicaron que sí existían familias interesadas en que la lengua de aprendizaje de sus hijos fuese el castellano.
La entidad sostiene que existen "serios indicios" de que el resto (que declararon que el 100% de los padres eligieron el catalán) pudieron haber hurtado esa posibilidad de elección a las familias o incluso "suplantar la voluntad de los padres". Por ello, se han centrado en fiscalizar el trabajo de los centros que sí lo declararon y entregaron los datos.
"Contra la ley"
La conclusión general del estudio, al que ha tenido acceso este diario, señala que "el tratamiento que hacen los centros de la atención a los alumnos cuyos padres eligen el español como lengua de primera enseñanza es impreciso, discriminatorio, sin rigor pedagógico y contrario a la letra y al espíritu de la ley".
Por ello, consideran que la aplicación de la elección de lengua en el curso 2024-2025, que es una de las principales medidas impulsadas por el Govern balear que desde 2023 preside Marga Prohens (PP), "ha sido un fracaso absoluto". Responsabilizan de ello no sólo a los centros, sino a la Conselleria de Educación al frente de la que está Antoni Vera, a la que atribuyen "falta de supervisión".
El informe considera que el trato es discriminatorio apoyándose en varios motivos.
En primer lugar, denuncia que se recurra de forma "mayoritaria" a "profesores de apoyo" para los alumnos que han elegido el castellano. Indican, en este sentido, que esos profesores tienen como función complementar la actividad del profesor titular en la atención de alumnos con las llamadas necesidades específicas de apoyo educativo o con necesidades especiales.
"Se deduce de lo anterior", sostiene el informe al hilo de este dato, "que los centros convierten a los alumnos que eligen el español como lengua de primera enseñanza" en alumnos con necesidades especiales o específicas de apoyo.
"Se considera que necesitan un profesor de apoyo que en realidad no precisan", denuncian. "Esto carece del más elemental rigor pedagógico y supone negar a estos alumnos un acceso directo a la enseñanza en igualdad de condiciones respecto a los alumnos que han elegido el catalán".
Para Escuela de Todos, "esta medida es discriminatoria y pretende de forma premeditada desprestigiar" a esos alumnos castellanohablantes.
'Para el patio'
Además, el informe constata que los centros que aportan información pública sobre su proyecto (que son solo la mitad de todos los que se han analizado) "no consideran que el español deba ser vehículo de áreas de conocimiento".
Un tercio de esos centros "reservan el castellano a actividades alejadas de las áreas de conocimiento, como asambleas, rincones de juego, talleres u horas de patio".
En cuanto al tiempo que se dedica a impartir el castellano, "la mayor parte de los centros evita especificar el número de horas". Y quienes lo hacen, se sitúan siempre en la horquilla más baja de horas que permite la normativa, apuntan.
De tal modo que si pueden dar entre 6 y 16 horas semanales, únicamente se imparten seis horas. Lo cual, señalan desde las entidades denunciantes, "denota una evidente falta de interés por adaptar el proyecto lingüístico a las necesidades de los alumnos y la voluntad de los padres".
El informe refleja igualmente que "casi el 50% de los centros "muestra opacidad informativa" y "evidente falta de interés en adaptar su proyecto lingüístico a las necesidades de los alumnos", incumpliendo la obligación de difundir en sus páginas web su programación educativa.
En esta línea, responsabilizan a la Inspección Educativa dependiente del Govern de no revisar y hacer cumplir esa obligación.
Hasta ahora, la Conselleria de Educación siempre ha defendido la eficacia de sus sistema de implantación de la primera lengua de enseñanza y ha negado que haya existido falta de información a los padres o incumplimientos de los proyectos o vulneración de la libre elección en esa primera etapa educativa.