El biotecnólogo Jordi Riera ahora lucha contra los okupas, contra la absurdidad judicial y con la envidia. Ha contado su caso en redes sociales como confesionario. Para que los que le lean sepan lo que le ha tocado vivir a su familia. Treintañeros, su mujer y él han hecho el esfuerzo de comprar una casita en el centro de Girona. Para ellos y sus hijos. Con el sueño de convertirlo en su hogar. Son profesionales prósperos a los que les costó ahorros y esfuerzo conseguirlo. Sólo quedaba la reforma. Hasta allí, un cuento de superación y progreso. A partir de las Navidades, cuando unos intrusos se adueñaron de su propiedad, viven el calvario que él ha descrito con dos ideas: «impotencia y absurdidad legal». El hilo de su historia supera largamente las 800.000 visualizaciones.
Nos lo cuenta, casi repitiendo lo que contó en X (ex Twitter): «Era nuestro sueño, un proyecto familiar que hemos ido trabajando con ilusión. En los últimos tres años dedicamos tiempo y recursos a diseñar su reforma». Esperando el permiso de obras, tenían la remodelación pendiente de una vivienda blanca, nada lujosa pero con potencial a 1.700 metros del ayuntamiento. Sin suministros, hecho clave para entender este caso, se consideraba inhabitable. «Tanto que tenía licencia de derribo».
El plan era convertir esa casita en su hogar idílico. «Pero el día 3 de enero, la ilusión se truncó. Unos vecinos llamaron alarmados: oían ruidos en el interior. Fui enseguida con mi padre y lo que encontré me dejó sin palabras. Alguien había entrado a la fuerza. El interior estaba dañado, con desechos y mantas por el suelo. Habían derribado la tapia que construimos hace unos meses después de otro intento de intrusión». Padre e hijo hicieron lo que parecía lógico. No había nadie y llamaron a un albañil para reconstruir la protección. Y pasó algo que hace que cualquier obra de Kafka parezca una pieza costumbrista...
"Los okupas sabían perfectamente que les darían la razón. Lo tenían todo preparado"
Primero llegó un individuo de unos 35 años, que les exigía entrar. Estupefactos, le explicaron que esa es su propiedad y que, por favor, se fuera. Lo hizo y quedaron aliviados por un breve lapso. Volvió con refuerzos. Dos tipos más que amenazaron a papá e hijo. Iba a peor. Pensaron lo lógico: llamar a las autoridades como solución. Así supieron que «los okupas sabían perfectamente que les darían la razón. Lo tenían todo preparado». Ni se inmutaron. Llegaron los agentes con chalecos antibalas. En la espalda se leía claramente Policía Girona. Los identificaron. Los Riera sintieron cierto alivio.
Bien vestidos y con buenos smartphones presentaron, según testimonio de Jordi, «dos pasaportes marroquíes, un tercero tenía NIE y trabajaba. Uno de ellos tenía una causa penal pendiente». En uno de sus teléfonos móviles tenían grabado un vídeo que le enseñaron a las autoridades. La prueba.
Los policías locales se acercaron a Jordi y, ante su estupefacción, le recomendaron que se fueran. «Nos resistimos». Pero ellos señalaban que con esa grabación quedaba comprobado que ellos, para Navidad, estaban residiendo en la propiedad del biotecnólogo. Se les veía cocinando. Era notoriamente un montaje. «La casa no tiene suministros. Ni agua ni electricidad. Tampoco gas».
Lo increíble. Jordi tuvo que irse. Temeroso de la amenaza de los propios agentes. «Nos dijeron que si no nos íbamos de nuestra propiedad nos llevarían detenidos. ¡Detenidos!».
Desde ese momento sólo tiene un objetivo. «Queremos que nuestro caso sirva para desmontar una ley absurda».
Dos días después relató lo que le pasó. Con rabia e impotencia. Pero, sobre todo, con ganas de que se haga justicia. «A pesar de las recomendaciones, no acudiré a empresas de desokupación. Quiero que se respete la ley», recalca con serenidad, pero muy decidido a Crónica. No tiene ánimo de revancha. A pesar de que, cuando aceptó irse, vivió dos momentos que no olvidará.
Por radio, asegura, los policías soltaron una frase digna de Ionescu, el padre del teatro del absurdo: «Los propietarios ya entraron en razón». Segunda escena: cuando los okupas entraron al hogar de Jordi, aplaudieron. Sí. Se jactaron de su triunfo ante los legítimos dueños de la casa, con la 'complicidad' de las propias autoridades. «La humillación fue máxima».
Dos días después recopiló lo que había sucedido en un hilo de X. Las cadenas locales y nacionales han contado su caso. Respira y reflexiona sobre lo que está viviendo. «Intentamos hacer todo el ruido que podamos para cambiar esta ley estúpida», reitera.
Lluc Salellas es el alcalde de Girona. De la CUP. Ante la presión social, esta organización de extrema izquierda ha tenido que apoyar a Jordi y su familia: «Se necesitan cambios legislativos decididos en defensa de los pequeños propietarios para acabar con la indefensión que sufren ante casos como éste». Trascendental cambio cuando uno de sus aliados juveniles, Arran, no sólo defiende sino promueve la okupación. Su Manual de Okupación es lectura obligada entre los okupas de toda Cataluña.
"La Policía Local nos dijo que si no nos íbamos de nuestra propiedad nos llevarían detenidos"
—Lo inverosímil de la historia es que las propias autoridades les obligaron a irse...
—Nos convencieron de que no había alternativa. Teníamos que irnos de ahí por las buenas... o imputados y detenidos.
Fueron al juzgado a poner la denuncia y se encontraron que ese día hubo más víctimas. «No éramos los únicos, ya habían tramitado otras dos okupaciones». Han sido semanas particularmente terribles para víctimas de las okupaciones.
Van más de 28 pisos okupados en Carabanchel (Madrid) por una mafia. Ha sido una maniobra perfectamente organizada. Amenaza toda una zona que se está revalorizando con promociones de importantes constructoras. «Lo hicieron por un precio de 2.000 a 2.500 euros. Se trata de pisos exclusivos con aerotermia, gimnasio, piscina, pista de pádel...», publicaba EL MUNDO. Tienen hasta su propia seguridad. Tan potente que han podido —por ahora— con una empresa de desokupación contratada para echarles.
Los inquiokupas se multiplican también. Sergio, con depresión y soriasis, ha denunciado a principios de año que su inquilina morosa se va de viaje a Disneyland, mientras él se arruina. Le debe ya seis meses de renta. Esto sucede mientras Irene Montero continúa argumentando que «es un invento de la derecha».
Su partido y Sumar pretenden bloquear la nueva ley antiokupa. Y también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En una, el desahucio podría conseguirse en horas. Con la otra, una modificación de los delitos de allanamiento y usurpación de morada, se pasaría de años de espera a 15 días... Batallas políticas sencillamente bochornosas.
Y, mientras en Cataluña la okupación es imparable, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol ha hecho de contrarrestarla uno de sus puntos fuertes. El 9 de enero celebró en X: «Hoy hemos desokupado el antiguo colegio Lola Anglada de Canyadó, donde hemos encontrado cocaína, hachís, marihuana y cristal. Esta okupación está controlada por este personaje que tiene cuatro naves okupadas...».
Publicó un vídeo para probar sus palabras. Albiol frente a una reja, con un batallón de agentes delante, mientras el okupa le gritaba al alcalde que tenía un centro cultural. Y le espetaba al edil que «se pasaba las leyes por el f***». Visiblemente exaltado, apelaba a su propia «vulnerabilidad».
Mientras, Jordi sigue con su cruzada. Luchando contra la envidia por ser sencillamente un propietario. Por momentos pierde el aliento, pero lo recupera para darse fuerzas a sí mismo. «Yo necesito una resolución judicial para poder disponer completamente de mi casa», repite. «Lo que hacemos es un llamamiento a poder seguir con nuestra vida dentro de la legalidad. Evidentemente si llamamos a una empresa de desocupación o nos plantamos ahí 20 y los sacamos por la fuerza, pues lo vamos a conseguir, pero no es la forma. La ley debería protegernos».
«Es que al final, o creemos en el sistema o nos vamos», reflexiona a sabiendas que profesionales con su formación —Biotecnología en la Autónoma de Barcelona y Economía en la Pompeu Fabra, sólo él— pueden tener un buen futuro en el extranjero.
Su mujer no da su testimonio. «Está extremadamente indignada... Nos ha pasado por la cabeza que al final parece que la sociedad o el sistema envidia un poco que consigamos llegar a comprar una casa e intentar tener un proyecto... Parece ser que no nos lo podemos permitir. Nos da una sensación de frustración y desprotección». Su peor pesadilla son sus niños, que están asustados. «¿Podremos recuperar nuestra casa?», indagan. Eso le quiebra...
Pero para darle ánimos también están las voces que le apoyan en su cruzada. Hemos hablado durante la semana y sigue firme. Al cierre de edición, una buena noticia. «Me han dicho que nos van a citar en el juzgado para final de mes. Parece que protestar ha servido para algo», dice esperanzado, a la espera de una comunicación oficial. Continuará...