Cuando en mayo de 2020 los trabajadores volvieron a los puestos que ocupaban en sus empresas antes de la irrupción de la pandemia, en las oficinas permanecían intactos los despachos y ordenadores, en las fábricas aguardaban las máquinas y en las tiendas seguía el producto que allí quedó antes del confinamiento total. Pero los trabajadores valencianos, en muchos casos, no tienen siquiera puesto de trabajo al que regresar. Todo ha quedado arrasado por la DANA, sobre todo los pequeños negocios de autónomos que han visto sus locales prácticamente desaparecer entre montañas de lodo y se dedican estos días a limpiar barro y tirar a la basura los medios de trabajo que han quedado completamente inutilizables.
Por eso, los afectados por las graves consecuencias económicas y materiales de las riadas que han arrasado poblaciones enteras de la Comunidad Valenciana exigen al Gobierno que el paquete de ayudas que se ponga en marcha para paliar sus efectos se diferencie del escudo sociolaboral desplegado como respuesta a la crisis del Covid.
51.000 autónomos, más de 54.000 empresas y cerca de 400.000 trabajadores afectados en total en unos 35.000 locales y más de 60 parques empresariales. Son los datos que maneja la asociación de trabajadores autónomos ATA en la región valenciana directamente impactada por la DANA. «Muchos han quedado afectados y lo han perdido prácticamente todo», advierte el presidente de la organización a nivel nacional, Lorenzo Amor, que incide en que «esto no tiene nada que ver con el Covid».
«En el Covid no se perdió todo, no se destruyeron locales. Aquí, los ERTE y el cese de actividad van a paliar en gran parte una situación complicada y van a permitir mantener el empleo, pero la actividad no vuelve por sí sola. Hay que preparar un verdadero Plan Marshall con una línea de ayudas, porque lo que hay que reconstruir es mucho. Los negocios han quedado desolados. Es siniestro total», insiste.
Con estas palabras, el vicepresidente de la CEOE hacía una valoración inicial del paquete de medidas de protección laboral anunciado por el Gobierno. En resumen: ERTE por fuerza mayor con descuentos del 100% en cotizaciones, con igual cobertura para los trabajadores que en tiempos de pandemia, así como prestaciones por cese de actividad en condiciones mejoradas como las que se activaron durante la crisis del Covid. Todo ello, con carácter retroactivo al 29 de octubre, para todos los negocios afectados por la DANA, más allá de la región valenciana, y acompañado de la imposición de un compromiso de mantenimiento del empleo y de permisos retribuidos y adaptaciones de jornada que pueden llegar al 100%.
Un plan prácticamente calcado al que se activó en pandemia, tal y como recordó la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión mantenida ayer con los empresarios y sindicatos valencianos y el conseller de Empleo, José Antonio Rovira. Si bien la responsable del área laboral del Ejecutivo dejó abierta la puerta a la introducción de más medidas en un real decreto ómnibus que previsiblemente irá hoy al Consejo de Ministros. «La noche va a ser larga», apuntaban ayer a última hora de la tarde fuentes al tanto de las negociaciones que se estaban produciendo fuera y dentro del propio Gobierno, entre los ministerios económicos.
Cobro de impuestos
Lo que pidieron los empresarios valencianos a la vicepresidenta en ese encuentro fue la aprobación de «un amplio espectro de medidas» para «posibilitar la recuperación y la continuidad de las actividades económicas» de las empresas y autónomos afectados por la DANA, incluyendo «beneficios fiscales y financieros que permitan aplazar o reducir las cargas tributarias y simplificar los trámites administrativos».
La primera respuesta a esta petición la obtuvieron en Hacienda, que anunció el aplazamiento del segundo pago del IRPF de la Renta de 2023 para los contribuyentes de la provincia de Valencia. Una medida que, según los cálculos de la Agencia Tributaria, afectará a 200.000 contribuyentes a los que la declaración les salió a pagar y optaron por abonar sus obligaciones en dos pagos, el segundo de los cuales se efectuaba hoy mismo, 5 de noviembre.
Desde el flanco empresarial y autónomo, Amor da la bienvenida a la medida, pero insiste: «Deben parar todos los plazos tributarios y comunicaciones electrónicas y, en paralelo, aprobar ayudas directas para la reconstrucción de los negocios».