La dificultad del Gobierno para aprobar un nuevo paquete fiscal no sólo evidencia la fragilidad parlamentaria de La Moncloa, sino que está provocando grietas que amenazan los cimientos de la estabilidad de Pedro Sánchez. El Ejecutivo se vio ayer obligado a aplazar por segunda vez la Comisión de Hacienda del Congreso en la que se iba a votar un nuevo plan de impuestos, ante la guerra abierta entre sus socios. El acuerdo con Junts y PNV para mantener el impuesto a la banca pero retirar el de las energéticas a partir del 31 de diciembre soliviantó a ERC, Bildu, Podemos y BNG. Esas posiciones enfrentadas no sólo bloquean la reforma fiscal que Hacienda avalaba aprovechando la transposición de una directiva europea, sino que como consensuan sus socios de izquierda, "es un mal augurio" de cara a los Presupuestos. Entre los aliados del PSOE crece el malestar por el trato preferencial que se concede en cada negociación a Junts: "Están dopando a Puigdemont".
Las últimas elecciones generales obligaron a La Moncloa a sumar a Junts como socio a su bloque de gobernabilidad, además con un papel protagonista. Los siete votos de la formación de Carles Puigdemont son vitales para Sánchez. Pero también los del PNV, ERC, Bildu o Podemos. Ello no sólo obliga al Ejecutivo a vivir en una "silla eléctrica" -como definen diputados socialistas- cada votación, sino que el paso del tiempo ha asentado un peligro del que llevan advirtiendo hace meses ministros: esta legislatura no hay una mayoría progresista en el Congreso. Y eso obliga a que la carga legislativa sea mucho menor que años anteriores, menos ideológica, y a tener que contentar y hacer concesiones a más partidos que nunca.
En el caso concreto de esta reforma fiscal, todo parte de la necesidad de aprobar el Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, para transponer la Directiva europea relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición del 15% para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión. En lenguaje más llano: una norma que permitirá el establecimiento de un tipo mínimo global del 15% para grupos multinacionales o grupos nacionales de gran magnitud.
Una norma que tendría que haber estado aprobada este año ya, pero que se ha retrasado y que si no está en vigor para el comienzo de 2025, España se expone a sanciones. Aprovechando el trámite parlamentario para aprobar este Proyecto de Ley, se han ido introduciendo y pactando nuevos gravámenes hasta configurar un nuevo paquete fiscal. En este marco, a finales de octubre, el Gobierno acordó con Junts y PNV mantener el impuesto a la banca pero eliminar el gravamen a las energéticas a partir del 31 de diciembre, fecha de vigencia de ambos. El propósito de Hacienda era mantener los dos tipos, pero su voluntad choca con la realidad de los votos. "Queremos mantener los dos, pero no hay votos", admiten, ante la negativa de Junts y PNV. "Si los pudiéramos aprobar, lo haríamos".
La negativa de ERC, Bildu y Podemos de aceptar el pacto del Gobierno con PNV y Junts y exigir que se mantenga vivo también el impuesto a las energéticas lleva al Gobierno a aplazar la votación de esta transposición de Europa y del paquete fiscal. Dilata los tiempos para evitar o retrasar una importante derrota. Los socios de Sánchez trasladaron ayer a Hacienda que la única posibilidad que veían era desligar el paquete fiscal de la aprobación de la norma para gravar con un tipo mínimo global del 15% a multinacionales o grupos nacionales de gran magnitud. Hasta el PP se abrió a votar a favor de esta norma, pero únicamente si se eliminaba de la ecuación el paquete fiscal.
Con todo, el problema para el Gobierno no es sólo esta votación, que ya lo sería, pues no poder sacarla adelante sería una nueva derrota, un importante revés camino de los Presupuestos. El problema que ven sus socios es el panorama que deja de cara al diálogo para las Cuentas Públicas, y la constatación de que los intereses de los partidos de derecha no son los de izquierda y viceversa. "Es un mal augurio"; "Corren riesgo"; "Deja una mala sensación no porque no sea posible, sino porque la gestión ha sido muy mala", trasladan los socios de izquierda de Sánchez.
La última reflexión deja una clave importante. Hay mucho malestar por cómo gestiona el Gobierno las negociaciones y el trato preferencial que concede a Junts. Por ejemplo, ya ocurrió con la senda de estabilidad que Junts tumbó y el Gobierno, que no preveía cambiar, giró para decir que negociaría esas exigencias y que se cambiaría. Eso motivó que el resto de socios, sobre ERC, que vive en pugna permanente con Junts, reaccionara rápido: "Si el PSOE abre la negociación para uno, la abre para todos".
Ya avisó este miércoles, en el Pleno sobre la DANA, Gabriel Rufián, portavoz de ERC: "Señorías de la derecha catalana y señoría del Gobierno, quitarle los impuestos con la que está cayendo, nunca mejor dicho, a quien más contamina, también es política. La política o se hace o te la hacen". Ayer, Ione Belarra, líder de Podemos, ahondó en esta idea: "Queremos dejar claro que los votos de izquierdas valen igual en este Congreso que los votos de derechas". En este bloque de partidos de izquierdas trasladan el malestar porque "no entendemos esta dinámica de reforzar a Junts". Creen que lo único que hace Sánchez es ahondar en dar a Puigdemont ese rol de figura decisiva de espada de Damocles. Ayer mismo, desde Junts insistieron en que ellos tenían "un acuerdo bueno para Cataluña y que esta un acuerdo cerrado. Si hay acuerdo, cumpliremos", dejando poco margen a cesiones a otros. "Siempre es un error no plantarse frente el chantaje de la derecha, siempre, tenga la bandera que tenga", dicen los socios.