- Política Sánchez aprobará este martes su plan contra la "máquina del fango" tras el 'caso Begoña': saber quién está detrás de los medios y cómo se financian
- Cómo Qué es la "máquina del fango", el término acuñado por Umberto Eco que usa Pedro Sánchez
El Gobierno está despiezando su llamado plan de regeneración de la democracia, llevando al Consejo de Ministros aquellas medidas que considera más relevantes y urgentes. Entre sus prioridades, cambiar la ley orgánica reguladora del derecho de rectificación.
En un contexto donde La Moncloa articula parte de su mensaje en presentarse como víctima de la "máquina del fango", de los "pseudomedios" y los "bulos", se quiere sustituir la ley de 1984 por una completamente nueva. La que ha llevado este martes al Consejo de Ministros Félix Bolaños, ministro de Justicia, incluye una nueva redacción, siete artículos, y como una de las grandes novedades que los usuarios de redes sociales con 100.000 o más seguidores en una plataforma o 200.000 sumando todas en las que estén puedan ser objeto de ese derecho de rectificación cuando difundan "falsedades o inexactitudes".
Consideran en el Gobierno que muchas veces los contenidos de estos influencers, como los definen, tienen un alcance mayor que los medios tradicionales.
Bolaños los ha llamado "usuarios de especial relevancia". Y el umbral que se ha fijado es ese de 100.000 seguidores, aunque fuentes del Gobierno exponen que si los informes preceptivos que ahora deben examinar este anteproyecto de ley estiman que hay que variar la cifra se hará. Pero, a priori, lo consideran un buen escalón. "Son personas que comunican, publican hechos, informaciones. Algunos lo hacen de buena fe, contribuyen al debate público. Otros usuarios se dedican a mentir todos los días y propagar bulos. Los ciudadanos tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. Para ello se impulsa esta ley orgánica", ha explicado el ministro de Justicia.
Además, estos medios de comunicación y las plataformas que albergan a los usuarios de especial relevancia deberán establecer un mecanismo fácilmente accesible para facilitar el ejercicio del derecho de rectificación.
El Gobierno no da nombres públicamente de a quién se refieren, pero fuentes del Ejecutivo señalan que "todos sabemos quiénes son. Están ahí y se dedican a enfangar".
La ley actual data de 1984 y el Gobierno defiende que era prioritario el cambio porque ha quedado obsoleta. El nuevo ecosistema de los medios de comunicación ha cambiado y la redes sociales juegan un papel clave. De ahí esa rapidez que se han dado en presentar esta reforma. También coincide en el tiempo, claro está, la queja del Gobierno de que desde "pseudomedios" o "tabloides", términos que emplean, se están lanzando "bulos" sobre cuestiones que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno, en concreto sobre las investigaciones judiciales a su mujer y su hermano.
El Ejecutivo defiende que esta medida era "imprescindible". Y que con ella se va a "promover una mayor calidad en el debate público, además de facilitar y garantizar el derecho a la rectificación de los ciudadanos cuando se vean afectados por información falsa, inexacta, que sean un bulo o una mentira".
Indemnizaciones
El análisis que hacen en La Moncloa es que los medios de comunicación han vivido una revolución en las últimas décadas, como consecuencia de los cambios tecnológicos y la aparición de nuevos participantes en ese ámbito. Consideran que la naturaleza y el contenido de los mensajes y las informaciones, las plataformas y los canales por los que se difunden (medios convencionales, redes sociales, servicios de mensajería), la comisión de delitos de odio a través de estos canales, el anonimato o los límites de acceso para impedir la repetición de ciertos delitos forman parte de las cuestiones a abordar próximamente con el fin de proteger y mejorar el debate público.
"Corresponde hacer un esfuerzo de actualización normativa. Este ejercicio de adecuación está llamado, en primer lugar, a fijar en el contenido de normas de rango legal las soluciones que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha ido asentando a través de la experiencia práctica de los casos concretos, para así robustecer la estabilidad de esas respuestas jurídicas. Pero también es una oportunidad para actualizar los plazos de resolución de los procedimientos y los mecanismos de determinación de las indemnizaciones de quienes ven vulnerados sus derechos, para adecuarlos al dinamismo del ecosistema mediático actual y asegurar su carácter propiamente compensatorio", detalla el Plan del Gobierno.
Además de poner el foco en los "usuarios de relevancia" de las redes sociales, la norma introduce otros cambios, que persiguen una mayor "agilidad". El plazo para ejercer el derecho pasa de 7 a 10 días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar.
Asimismo, la norma suprime el requisito de dirigirse al director del medio para solicitar la rectificación. Por otro lado, mantiene que la difusión de la rectificación debe ser íntegra y hacerse con una relevancia semejante a la de la publicación original. Se incluye también la obligación de incluir aviso de que la información ha sido rectificada en plataformas y medios digitales con la obligatoriedad de enlazar la rectificación y la información original.
En cuanto a las personas legitimadas para solicitar la rectificación, el anteproyecto refuerza los derechos de las personas con discapacidad y amplia los sujetos cuyos familiares hayan fallecido y les afecte una información.